Jueces y juezas para la Democracia defiende la ¡°imparcialidad¡± del Constitucional

La asociaci¨®n Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), de car¨¢cter progresista, ha salido este mi¨¦rcoles en defensa de la imparcialidad del Tribunal Constitucional, despu¨¦s de que esta condici¨®n haya sido puesta en duda por el l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o. En un comunicado dicha asociaci¨®n se refiere a ¡°las imputaciones que arbitraria e intencionadamente¡± se dirigen al ¨®rgano de garant¨ªas, para pronosticar que ¡°no tendr¨¢n m¨¢s resultado que generar recelo y desafecto en la ciudadan¨ªa respecto a sus instituciones y del Estado de derecho que les ampara¡±.

La declaraci¨®n de Jueces y Juezas para la Democracia afirma que la cr¨ªtica a la imparcialidad o independencia del Tribunal Constitucional, ¡°sin fundamento en hechos objetivos, solo aporta deslegitimaci¨®n a una funci¨®n crucial en el Estado de Derecho¡±. Por ello ¡ªa?ade¡ª ¡°es fundamental que los representantes pol¨ªticos muestren moderaci¨®n y coherencia en el respeto a las instituciones, pues el Constitucional es el garante leal de nuestra Constituci¨®n y de los derechos fundamentales de la ciudadan¨ªa¡±.

Este martes, el l¨ªder popular sostuvo en una entrevista en Onda Cero que su partido desconf¨ªa de la neutralidad del ¨®rgano de garant¨ªas, de mayor¨ªa progresista, si bien mantiene que, a pesar de ello, recurrir¨¢ la ley que perdona a los encausados del proc¨¦s independentista catal¨¢n. El partido, por medio de un comunicado, lo argument¨® de este modo: ¡°El PP recurrir¨¢ la constitucionalidad de la ley de amnist¨ªa. No por confianza en la imparcialidad de los integrantes de dicho ¨®rgano, sino por respeto a la propia instituci¨®n¡±.

La asociaci¨®n de la izquierda judicial subraya que ¡°el Constitucional es piedra angular en la b¨®veda del Estado de derecho que nuestra Constituci¨®n define y sanciona¡±, recuerda que sus magistrados son independientes e inamovibles, y que el propio tribunal s¨®lo est¨¢ sujeto a la Constituci¨®n y a su propia Ley Org¨¢nica, por lo que ¡°no responde ante las presiones de nadie¡±. El comunicado expone asimismo que ¡°nadie¡± puede ¡°dirigir instrucciones¡± a dichos magistrados, que ¡°no pueden ser cesados, sancionados o perjudicados por el ejercicio de su labor jurisdiccional¡±.

Tambi¨¦n se refiere la declaraci¨®n p¨²blica a que los miembros del Constitucional han sido designados conforme a los procedimientos y las normas previstas para ello ¡°con un alto grado de consenso en las instituciones parlamentarias¡±. Su composici¨®n ¡ªprosigue el comunicado¡ª responde a la decisi¨®n del Congreso y Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, que hicieron los nombramientos y ¡°se ajustan al marco legal que la Constituci¨®n y las Cortes han previsto¡±.

Jueces y Juezas para la Democracia recuerda que la cr¨ªtica a las resoluciones judiciales es plenamente leg¨ªtima, dado que la libertad de expresi¨®n y opini¨®n ¡°es b¨¢sica en una democracia¡±. A?ade que ¡°eso es lo criticable, las sentencias, no el tribunal que las dicta, en cuya conformaci¨®n intervienen quienes dispone la ley, por el procedimiento reglado y con las exigencias que requiere el ordenamiento jur¨ªdico¡±.

Hacer lo contrario ¡ªa?ade la asociaci¨®n judicial progresista¡ª ¡°cuestiona nuestra organizaci¨®n institucional y las garant¨ªas que lo disciplinan¡±. Y afirma que una cr¨ªtica que socava aspectos fundamentales para un tribunal, como su imparcialidad o independencia, ¡°adem¨¢s de no responder a m¨¢s realidad que la subjetiva opini¨®n de quien ve sus particulares intereses frustrados, s¨®lo aporta deslegitimaci¨®n a una funci¨®n que resulta crucial en el Estado de Derecho¡±

La conclusi¨®n de Jueces y Juezas para la Democracia es que ¡°el inter¨¦s de unos no justifica destruir las instituciones de todos¡±, y subraya a rengl¨®n seguido que ¡°deslegitimar el Tribunal Constitucional, criticar no sus resoluciones sino su composici¨®n, a la que todas las instituciones han contribuido, es una irresponsabilidad inaceptable¡±. La declaraci¨®n p¨²blica a?ade finalmente que ¡°defender las instituciones es garantizar nuestro Estado de Derecho, una responsabilidad colectiva que nadie debe abandonar, sean cuales sean sus opiniones sobre una determinada sentencia¡±, en obvia alusi¨®n a las resoluciones sobre las condenas impuestas en el caso de los ERE, que se han producido en paralelo a las cr¨ªticas y descalificaciones dirigidas al tribunal.