Los siete meses entre la apertura del centro de menores en Lanzarote y la petici¨®n de cierre por su ¡°p¨¦simo¡± estado
Canarias adjudic¨® a la Fundaci¨®n Samu la gesti¨®n del dispositivo de acogida por m¨¢s de 536.850 euros y le abona 90 euros por ni?o y d¨ªa
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Apenas siete meses han pasado entre la apertura del centro de menores migrantes no acompa?ados en Lanzarote, un contrato valorado en 536.850 euros, y el requerimiento de la Fiscal¨ªa reclamando su cierre al Gobierno de Canarias debido al mal estado de las instalaciones, la calidad de la comida e, incluso, la probable presencia de cucarachas. El Gobierno de Canarias adjudic¨® a la asociaci¨®n andaluza Fundaci¨®n Samu en octubre la puesta en marcha de un dispositivo de emergencia de menores migrantes no acompa?ados en la Casa del Mar de Lanzarote con 50 plazas, a raz¨®n de 90 euros por d¨ªa y menor, seg¨²n el pliego de adjudicaci¨®n al que ha tenido acceso EL PA?S. En mayo, una inspecci¨®n de la Fiscal¨ªa constat¨® las deficiencias de las instalaciones. El Ejecutivo se comprometi¨® a cerrarlo en 15 d¨ªas. Sigue abierto.
Canarias delega en asociaciones sin ¨¢nimo de lucro la gesti¨®n de los dispositivos en los que atiende a los casi 6.000 menores migrantes no acompa?ados que tutela en la actualidad. La Fundaci¨®n Samu es de las m¨¢s activas en la gesti¨®n de estos recursos. A finales de 2023, gestionaba una docena de dispositivos en Gran Canaria y Lanzarote, en los que se atend¨ªan a unos 350 ni?os y adolescentes. Uno de ellos es el de la Casa del Mar, una propiedad del Instituto Social de la Marina (organismo del Ministerio de Inclusi¨®n, Seguridad Social y Migraciones) en Arrecife que aloja a los marineros cuando no est¨¢n embarcados y que llevaba meses cerrado. La entidad asumi¨® el inmueble a mediados de octubre. Una denuncia de las abogadas Irma Ferrer y Loueila Sid Ahmed Ndiaye, miembros de la Red Ciudadana de Solidaridad con las Personas Migrantes en Lanzarote, ha puesto de manifiesto el estado en el que est¨¢n las instalaciones poco m¨¢s de medio a?o despu¨¦s de su puesta en funcionamiento. Este peri¨®dico se ha puesto en contacto con la Fundaci¨®n Samu, que ha rechazado comentar la noticia.
El informe de las letradas describe un escenario tenebroso: Hay ¡°unos espacios muy sucios, descuidados, con cables sueltos por todas partes, pinturas escamadas, sof¨¢s viejos y rotos¡±. Las 20 habitaciones se encuentran ¡°en p¨¦simo estado sin reunir las m¨ªnimas condiciones de habitabilidad¡±. En la cocina se ven ¡°unos fregaderos muy sucios, con hormigas y se reporta tambi¨¦n la presencia de cucarachas¡±. Los ba?os ¡°no cuentan con mantenimiento ni limpieza. No est¨¢n aptos para el uso, mucho menos para menores¡±. La lavadora del centro ¡°no funciona desde hace mucho tiempo. No tienen s¨¢banas, la ropa no se limpia¡±. Adem¨¢s, no hay personal de limpieza ni de mantenimiento. ¡°Muchos miembros del personal no tienen formaciones espec¨ªficas correspondientes a sus puestos de trabajo. Varias personas est¨¢n siendo contratadas sin la cualificaci¨®n adecuada¡± y no es infrecuente que ¡°est¨¢ generalizado por parte del equipo tratar a los adolescentes con desprecio¡±. Los testimonios recabados, prosigue el texto, alertan sobre la salud mental de los ni?os, sobre adicciones que no est¨¢n siendo tomadas en cuenta, ni mucho menos tratadas como deber¨ªan. La direcci¨®n del centro mantuvo el martes una reuni¨®n con la plantilla. En ella, apuntan fuentes cercanas, la direcci¨®n minimiz¨® las posibles consecuencias de la denuncia, se anunci¨® la contrataci¨®n de una persona de mantenimiento y el refuerzo de los equipos de fin de semana.
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La directora general de Protecci¨®n a la Infancia, Juana de la Rosa, explica que est¨¢ en la intenci¨®n del Gobierno canario clausurar el centro en cuanto haya una alternativa viable. Matiza, en todo caso, que buena parte de las fotos que trascendieron la semana pasada ¡°no se corresponden con la realidad actual¡±, que en las ¨¢reas en las que se produjo el incendio el 14 de febrero ya no residen los menores y que tanto la consejer¨ªa como la empresa adjudicataria han hecho obras de acondicionamiento. Y recalca: ¡°Por encima de todo est¨¢ el bienestar y el inter¨¦s superior del menor, y este hecho deja claro que la Comunidad Aut¨®noma de Canarias no puede seguir sosteniendo sola tal cantidad de menores migrantes no acompa?ados, es una corresponsabilidad absolutamente de todo el Estado espa?ol¡±. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se lament¨® el lunes en declaraciones a TVE por la insalubridad de la Casa del Mar. ¡°?Cerramos ese centro y los dejamos en la calle? ?Los ponemos en carpas? A nosotros este informe nos llena de verg¨¹enza, pero le deber¨ªa llenar de verg¨¹enza a Europa y a Espa?a. Est¨¢ ocurriendo porque lo est¨¢n permitiendo¡±.
El Gobierno declar¨® en 2023 la situaci¨®n de emergencia ante el repunte de llegadas en Canarias, lo que ha permitido agilizar los tr¨¢mites, de modo que las adjudicaciones no requieren un concurso previo. El Ejecutivo, eso s¨ª, echa mano para ello de asociaciones que lleven dos a?os en el registro, seg¨²n explica De la Rosa. En todos ellos, la asignaci¨®n por menor y d¨ªa asciende a 90 euros. La propia Fundaci¨®n Samu gan¨® otro contrato a la vez que se adjudic¨® el centro de Lanzarote: el de la Casa del Mar en Fuerteventura, un dispositivo de 24 plazas por 216.090 euros. Cada uno de los pliegos es muy detallado con los aspectos que han de cumplir las asociaciones, que van desde la atenci¨®n inmediata en un sitio seguro, el alojamiento, la manutenci¨®n, el apoyo para la elaboraci¨®n de su proyecto de vida, aprendizaje del idioma o aspectos m¨¢s concretos como productos y materiales para la higiene de los centros.
Clavijo ha reclamado en incontables ocasiones la ayuda para afrontar la crisis, y conf¨ªa en aliviarla con el reparto de menores migrantes que el Gobierno central y el canario quieren convertir en obligatorio por ley. Ambos Ejecutivos han elaborado una modificaci¨®n de la Ley de Extranjer¨ªa que estipula que cuando alg¨²n territorio vea superada su capacidad de acogida en un 150% se active un mecanismo de reparto obligatorio de menores por todas las comunidades. El texto ha de ser votado en el Congreso y necesita el concurso del Partido Popular, tanto porque resulta dif¨ªcil que logre la mayor¨ªa simple necesaria (Junts rechaza apoyarla). El PP, sin embargo, no ha podido pactar una posici¨®n com¨²n y traslada este posible s¨ª a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se ha adelantado al 10 de julio, en la isla de Tenerife.
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