Gobierno y comunidades del PP van al choque por el reparto obligatorio de menores migrantes

Un mes despu¨¦s de que el reparto de los menores extranjeros no acompa?ados irrumpiese en la gresca pol¨ªtica, los representantes de dos ministerios y del Gobierno de Canarias presentar¨¢n este mi¨¦rcoles a las comunidades aut¨®nomas su propuesta para imponer por ley la distribuci¨®n de estos ni?os y adolescentes por todo el territorio espa?ol. La Conferencia Sectorial de Infancia, una reuni¨®n que suele pasar desapercibida, acaparar¨¢ todos los focos en Tenerife. En el segundo punto del orden del d¨ªa se informar¨¢ sobre el cambio de la ley de extranjer¨ªa, la f¨®rmula que el Ejecutivo central y Canarias ¡ªsobrepasada con la acogida de casi 6.000 menores migrantes¡ª han acordado para que la distribuci¨®n de los ni?os deje de ser voluntaria (e insuficiente), como hasta ahora. Ser¨¢ la primera ocasi¨®n para que los representantes de todas las comunidades puedan debatir el texto y, aunque no habr¨¢ votaci¨®n (aun habi¨¦ndola, no ser¨ªa vinculante), la pol¨¦mica est¨¢ servida.

La propuesta, trabajada durante meses entre las dos partes, ha acabado generando una tormenta pol¨ªtica con discursos dif¨ªcilmente reconciliables. La medida necesita el voto en el Congreso del PP, que cogobierna en Canarias, sobre todo despu¨¦s de que Junts haya manifestado su intenci¨®n de descolgarse en este asunto de la mayor¨ªa de la investidura, mientras sigue reclamando las competencias migratorias y que Catalu?a se quede fuera de un eventual reparto. El discurso del PP, que gobierna en 11 comunidades aut¨®nomas, ha escalado posiciones cada vez m¨¢s radicales. Los populares, por un lado, garantizan solidaridad, siempre que no sea obligatoria. Por otro, han aprovechado para lanzar una enmienda a la totalidad a la pol¨ªtica migratoria del Gobierno, llegando incluso a reclamar que la Armada bloquee los cayucos en origen, en l¨ªnea con el programa de Vox. En su estrategia de boicotear cualquier acuerdo, Vox amenaza con romper sus cinco gobiernos auton¨®micos con el PP si alguna de estas autonom¨ªas acoge a un solo menor, aun de forma voluntaria. Santiago Abascal ha vinculado a los menores migrantes con ¡°la distribuci¨®n de la inseguridad por toda Espa?a¡± y ha asegurado que su partido no ser¨¢ ¡°c¨®mplice de robos, machetazos y violaciones¡±.

El texto, que ha vuelto a arrastrar al colectivo m¨¢s vulnerable al centro de la pol¨¦mica, pretende a?adir a la ley de extranjer¨ªa la obligatoriedad de acoger menores extranjeros cuando Canarias, Ceuta y Melilla vean sus sistemas de acogida por encima del 150% de su capacidad. Con la situaci¨®n de colapso actual, las comunidades tendr¨ªan 12 meses para asumir a unos 2.500 ni?os y adolescentes que se encuentran en estas tres comunidades, adem¨¢s de asumir en un plazo de 15 d¨ªas cada menor nuevo que llegue. El protocolo de reparto se desactiva una vez que el territorio sobrepasado vuelva a estar por debajo de ese 150% de su capacidad.

Fracaso de la solidaridad voluntaria

La particularidad de estos tres territorios es que son los principales puertos de entrada para la inmigraci¨®n irregular. Los tres dependen de la gesti¨®n del Gobierno para trasladar a los adultos en cada repunte migratorio, pero en el caso espec¨ªfico de los menores son las comunidades las competentes de su acogida y la reubicaci¨®n ha dependido hasta ahora de la buena voluntad del gobierno auton¨®mico de turno. Desde 2018, cuando era Andaluc¨ªa quien reclamaba solidaridad, se han intentado diversas f¨®rmulas voluntarias. La de mayor consenso se cerr¨® en 2022 y se mantiene hasta hoy con una acogida voluntaria de menores llegados a Canarias y Ceuta. El cupo anual ronda los 400 ni?os (unos 1.200 en tres a?os), pero no funciona. Del reparto de 2023, por ejemplo, solo tres comunidades completaron la acogida con la que se comprometieron. Entre Andaluc¨ªa, Arag¨®n y Asturias sacaron a 62 ni?os de Ceuta y Canarias, seg¨²n datos oficiales.

La reuni¨®n de este mi¨¦rcoles, de hecho, tendr¨¢ que abordar el cupo y la financiaci¨®n para el reparto de 347 menores correspondientes a 2024, cuya aprobaci¨®n qued¨® suspendida en la ¨²ltima conferencia sectorial. Fuentes del PP aseguran que los gobiernos populares s¨ª que est¨¢n dispuestos a asumir esta cuota que es voluntaria, pero no dar una soluci¨®n legal que comprometa a todos los ejecutivos auton¨®micos. Ante el malestar de las comunidades al enterarse por la prensa de que se hab¨ªa sellado el acuerdo del reparto obligatorio, decidi¨® posponerse y una redistribuci¨®n que ya estaba consensuada vuelve a estar en el aire.

Independientemente de c¨®mo acabe posicion¨¢ndose el PP en los pr¨®ximos d¨ªas, el plan del Ejecutivo es llevar el cambio legislativo al Congreso s¨ª o s¨ª. El escenario en el que se mueve el Ministerio de Pol¨ªtica Territorial es presentar la propuesta antes del 15 de julio para que se debata en el pleno del Congreso del d¨ªa 23, cuando se votar¨ªa si se acepta a tr¨¢mite o no. Superado este paso, el Senado tendr¨ªa dos meses para devolverla al Congreso para su aprobaci¨®n definitiva. ¡°Si el PP quiere, se puede terminar en uno o dos meses¡±, insisten fuentes gubernamentales. El Gobierno canario quiere m¨¢s rapidez y presiona para que se apruebe en el Consejo de Ministros como decreto ley, que entra en vigor inmediatamente, aunque el Congreso tiene tambi¨¦n que convalidarlo y sin el apoyo del PP puede decaer. La situaci¨®n en Canarias es cr¨ªtica: miles de ni?os viven hacinados, sin ir al colegio o sin recibir formaci¨®n. Al mismo tiempo, falta personal adecuado para atender los centros y se han denunciado casos de malos tratos contra los menores.

La reuni¨®n estar¨¢ presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que contar¨¢ con el ministro de Pol¨ªtica Territorial, ?ngel V¨ªctor Torres, principal interlocutor con las autoridades canarias en este asunto. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, tambi¨¦n participar¨¢ del encuentro. A Tenerife, seg¨²n fuentes del Ministerio de Juventud, acudir¨¢n apenas ocho representantes de comunidades aut¨®nomas. Son Andaluc¨ªa (PP), Canarias (CC-PP), Castilla y Le¨®n (PP-Vox), Extremadura (PP-Vox), Murcia (PP-Vox), Castilla-La Mancha (PSOE), Navarra (PSOE-Geroa Bai-Contigo Navarra) y Catalu?a (ERC, gobierno en funciones). El resto se unir¨¢ telem¨¢ticamente.

Las comunidades del PP se revuelven contra la obligatoriedad y argumentan que tambi¨¦n se encuentran al l¨ªmite, pero los datos disponibles sobre menores extranjeros no acompa?ados no sostienen esa reclamaci¨®n, ya que la diferencia entre territorios es notable. Si se tiene en cuenta el n¨²mero de ni?os y adolescentes que han emigrado solos a Espa?a y que han sido registrados desde junio de 2023, puede verse que Cantabria, Castilla y Le¨®n, La Rioja, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Arag¨®n y Navarra han recibido cada una menos de un centenar de menores en un a?o. La comparaci¨®n de los ni?os registrados con la poblaci¨®n evidencia otro gran desequilibro: mientras Ceuta, Canarias o Melilla recibieron entre 333 y 126 menores por cada 100.000 habitantes, el resto de comunidades est¨¢ por debajo de los 23 menores por cada 100.000 vecinos.

Las cifras son adem¨¢s un problema en este debate. Adem¨¢s de que no se hacen p¨²blicos, el registro de menores que hace la Polic¨ªa Nacional, la ¨²nica base de datos centralizada, no ofrece una foto exacta de la situaci¨®n. El registro apenas refleja la identificaci¨®n del menor cuando llega a una comunidad aut¨®noma, lo que no significa que el ni?o siga en esa misma comunidad pasado un tiempo. A diferencia de lo que ocurre en los territorios extrapeninsualeres, en la Pen¨ªnsula, miles de menores acaban movi¨¦ndose por su cuenta por Espa?a por otras provincias o a otros pa¨ªses. Con tal descontrol tambi¨¦n en estas cifras, las comunidades atacan al Gobierno porque no reflejan el esfuerzo real que han desplegado en la acogida. Es el caso, por ejemplo, de Catalu?a, que asegura que acoge a 6.759 ni?os y adolescentes, una cifra muy distante de la que le reconoce el Gobierno.

El n¨²mero de menores registrados en cada territorio es relevante porque uno de los criterios que se tendr¨¢ en cuenta para las reubicaciones es el esfuerzo de acogida de cada comunidad. El resto de par¨¢metros est¨¢n relacionados con la renta y el desempleo, la dispersi¨®n territorial, una pauta ya consensuada para los repartos voluntarios.

Las comunidades del PP reclamar¨¢n m¨¢s financiaci¨®n para la acogida en las comunidades que hayan excedido su capacidad. ¡°Con car¨¢cter general, los territorios pueden atender hasta el l¨ªmite de su capacidad. Excederla ser¨ªa incurrir en un comportamiento inhumano. Para todo lo que vaya m¨¢s all¨¢ de nuestra capacidad m¨¢xima de acogida, es el Gobierno el que tiene que procurar los medios¡±, dijo este martes el portavoz del PP, Borja S¨¦mper. La afirmaci¨®n tiene trampa porque la ¡°capacidad m¨¢xima de acogida¡± es un concepto muy relativo. Regiones gobernadas por el PP como La Rioja, Extremadura o Galicia, territorios a los que no suele llegar un gran n¨²mero de menores, no cuentan con la infraestructura necesaria para acogerlos, lo que no significa que no puedan habilitarla. El cambio legislativo implica ¡°recursos suficientes¡± para cofinanciar la acogida y para la inversi¨®n en infraestructuras. Seg¨²n el PP, las autonom¨ªas populares que han excedido su capacidad son ¡°pr¨¢cticamente todas¡±.