Pedro S¨¢nchez recuerda al juez Peinado que tiene derecho a declarar por escrito

El presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, ha dirigido un escrito al juez Juan Carlos Peinado para solicitar declarar por escrito como testigo en la causa abierta contra su esposa, Bego?a G¨®mez. ¡°Es mi voluntad, como no puede ser de otro modo, colaborar con la Administraci¨®n de Justicia, siempre en el marco del estricto cumplimiento de la Constituci¨®n¡±, dice el texto, al que ha tenido acceso EL PA?S, que a?ade: ¡°Por ello con el fin de garantizarlo, esa declaraci¨®n debe producirse conforme a lo establecido en el art. 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prev¨¦ que, por raz¨®n de mi cometido como presidente del Gobierno, mi declaraci¨®n se deber¨¢ presentar por escrito. Es notorio que mi comparecencia resulta inescindible de esa condici¨®n¡±, asegura S¨¢nchez en la misiva que termina asegurando que como presidente del Ejecutivo debe ¡°cumplir la ley¡±.

Con este escrito, de solo cinco p¨¢rrafos, el jefe del Ejecutivo mueve ficha despu¨¦s de que Peinado lo haya colocado en una complicada coyuntura. El magistrado firm¨® el lunes la resoluci¨®n que ordena su citaci¨®n como testigo, que ya ha sido recurrida por la Fiscal¨ªa y el abogado de su esposa, el exministro socialista Antonio Camacho. Ese documento, que se encuentra fechado el pasado viernes ¡ªel mismo d¨ªa que las acusaciones populares, encabezadas por la formaci¨®n ultraderechista Vox, le pidieron que llamara a S¨¢nchez a comparecer¡ª, acuerda que el magistrado se desplazar¨¢ el pr¨®ximo 30 de julio al palacio de La Moncloa para interrogar en persona al presidente a partir de las 11.00. El juez argument¨® que esta iniciativa era ¡°conveniente, ¨²til y pertinente¡±, despu¨¦s de que Bego?a G¨®mez se acogiese a su derecho a no declarar ante ¨¦l.

La legislaci¨®n contempla que los miembros del Gobierno puedan declarar por escrito como testigos en las instrucciones judiciales cuando estas versen sobre hechos que hayan ¡°conocido por raz¨®n de su cargo¡± ¡ªas¨ª lo han hecho, por ejemplo, varios de los actuales ministros en el caso Pegasus abierto en la Audiencia Nacional; o lo hizo en el pasado Esperanza Aguirre en el caso G¨¹rtel cuando ya hab¨ªa dejado la Presidencia de la Comunidad de Madrid¡ª. Pero el magistrado, que asegur¨® que indagaba ¡°todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por G¨®mez desde que su esposo es presidente del Gobierno¡±, se aferra ahora al precepto de la norma que le permite interrogar a un componente del Ejecutivo en persona y en su despacho cuando se trate de ¡°cuestiones que no haya conocido por raz¨®n de su cargo¡±.

Precisamente, este punto supone la gran contradicci¨®n en que incurre el juez Peinado, seg¨²n la defensa y la Fiscal¨ªa. En su opini¨®n, no puede estar investigando un presunto delito de tr¨¢fico de influencias cometido supuestamente por Bego?a G¨®mez en su condici¨®n de esposa del presidente y pretender interrogar a S¨¢nchez solo como marido de ella. As¨ª lo expone el abogado de la imputada en el recurso enviado el martes al juez: ¡°Es obvio que lo que trata de investigar el instructor es una supuesta pretendida influencia de mi representada en el presidente y, si es as¨ª, es en atenci¨®n al puesto que constitucionalmente ocupa como presidente del Gobierno¡±.

La Fiscal¨ªa tambi¨¦n mantiene que no se pueden desvincular los supuestos hechos bajo sospecha de la condici¨®n de presidente de S¨¢nchez. Y el ministerio p¨²blico, que ya denunci¨® la ¡°deriva procesal¡± del caso, ha acusado incluso al magistrado de recurrir a ¡°subterfugios¡± para poder ir en persona a La Moncloa para interrogar al jefe del Ejecutivo. ¡°Se ha orillado y excluido la posibilidad de declaraci¨®n por escrito¡±, ha censurado el fiscal Jos¨¦ Manuel San Baldomero, que critica que Peinado se haya ¡°centrado m¨¢s¡± en las ¡°circunstancias accesorias de la grabaci¨®n de im¨¢genes del testigo en el palacio de la Moncloa, que en motivar la decisi¨®n en cuesti¨®n¡±.

El escrito de S¨¢nchez, fechado este mi¨¦rcoles, detalla que se enter¨® el lunes a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n de la decisi¨®n de Peinado de interrogarlo como testigo ¡ªa las 14.30 de este martes, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegr¨ªa, asegur¨® que el presidente a¨²n no hab¨ªa recibido la notificaci¨®n¡ª. ¡°Es mi voluntad, como no puede ser de otro modo, colaborar con la Administraci¨®n de Justicia¡±, a?ade el jefe del Ejecutivo, que sigue as¨ª: ¡°Siempre en el marco del estricto cumplimiento de la Constituci¨®n Espa?ola y la Ley que a todos nos vinculan y que son la m¨¢xima garant¨ªa de nuestro Estado de Derecho¡±.

¡°He de trasladar que, como presidente del Gobierno de Espa?a, tengo el deber y la responsabilidad de cumplir la Ley y de preservar el sentido propio de la instituci¨®n a la que represento por elecci¨®n del Congreso de los Diputados¡±, contin¨²a el escrito de S¨¢nchez, que concluye de esta forma: ¡°No tengo duda de que V. I. compartir¨¢ la necesidad del m¨¢ximo respeto a nuestro marco constitucional y legal y, por tanto, a lo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto a la instituci¨®n del Presidente del Gobierno¡±.

Los tiempos de los recursos

Tras este escrito del jefe del Ejecutivo, todas las partes esperan expectantes los pr¨®ximos movimientos. La Fiscal¨ªa cree que los recursos que se han presentado ante el propio juez Peinado contra la citaci¨®n de S¨¢nchez, paso previo antes de poder elevarlos a la Audiencia Provincial de Madrid, no llegar¨¢n a esta segunda instancia antes del 30 de julio, por lo que no habr¨ªa un pronunciamiento superior que corrigiese o respaldase al magistrado ¡ªy este podr¨ªa seguir adelante con su intenci¨®n de celebrar la comparecencia¡ª. De hecho, respecto a los tiempos que se manejan, la Audiencia de Madrid ha fijado para dentro de dos meses (30 de septiembre) la deliberaci¨®n, votaci¨®n y fallo de unos recursos anteriores que se presentaron contra otra resoluci¨®n del juez, con los que se pidi¨® (entre otros extremos) el archivo del sumario.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal prev¨¦, igualmente, que los maridos, as¨ª como otros familiares directos de los investigados, ¡°est¨¢n dispensados de la obligaci¨®n de declarar¡± contra sus esposas para garantizar los derechos de la defensa. Sin embargo, la norma contempla que debe ser el magistrado quien les ¡°advertir¨¢¡± de ello, y que tendr¨¢ que comentarle igualmente al testigo que, aunque no quiera responder a las preguntas de nadie, puede ¡°hacer las manifestaciones que considere¡±.