El pacto econ¨®mico catal¨¢n afrontar¨¢ una batalla judicial por los recursos del PP
Los Gobiernos auton¨®micos populares y la direcci¨®n nacional de Feij¨®o preparan impugnaciones ante el Tribunal Constitucional
Primero tendr¨¢ que lograr el aval del Congreso de los Diputados, con la aprobaci¨®n de las modificaciones que sean necesarias en la Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA), pero despu¨¦s, el pacto econ¨®mico para Catalu?a afrontar¨¢ una batalla a cara de perro en los tribunales. Los Gobiernos auton¨®micos del PP y la direcci¨®n nacional de Alberto N¨²?ez Feij¨®o han anunciado que impugnar¨¢n esta medida ante el Tribunal Constitucional, pero tambi¨¦n que recurrir¨¢n los posibles desarrollos normativos que requiera en los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Los Ejecutivos populares, que tambi¨¦n anunciaron recursos contra la ley de amnist¨ªa para los independentistas catalanes, consideran que el concierto econ¨®mico es inconstitucional y de ¡°imposible aplicaci¨®n¡± pr¨¢ctica porque vulnera, seg¨²n su criterio, la obligatoria solidaridad entre territorios que establece la ley fundamental.
Los Gobiernos auton¨®micos populares reaccionaron con absoluta indignaci¨®n esta semana al acuerdo de ERC y el PSC que este viernes han avalado las bases republicanas. Los barones del PP consideran que el sistema de financiaci¨®n singular para Catalu?a ir¨¢ en perjuicio de la financiaci¨®n de los servicios p¨²blicos de sus territorios y, por tanto, que es inconstitucional. As¨ª, en cascada, uno a uno los Gobiernos del PP han avisado de que tratar¨¢n de que los tribunales impidan que se lleve a efecto, sin escatimar ninguna v¨ªa. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Maz¨®n, que dirige el Gobierno de una de las autonom¨ªas peor financiadas, advirti¨® de que su Gabinete dar¨¢ ¡°todos los pasos hacia adelante legales, sociales, pol¨ªticos e institucionales que est¨¦n a su alcance¡± en contra de esta iniciativa.
Este viernes, Maz¨®n pidi¨® al presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, la convocatoria de un refer¨¦ndum sobre nuevo concierto fiscal para Catalu?a. Seg¨²n Maz¨®n, S¨¢nchez tiene la ¡°obligaci¨®n moral y pol¨ªtica¡± de someter el pacto al escrutinio de todos los espa?oles, informa Mar¨ªa Fabra.
El Tribunal Constitucional ser¨¢ presumiblemente el encargado de dirimir el encaje legal del concierto por los recursos del PP. Los populares entienden que esa figura ¡°carece de legitimaci¨®n constitucional¡±, dice una nota publicada esta semana por la fundaci¨®n FAES, el think tank dirigido por el expresidente popular Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, ¡°a diferencia del Pa¨ªs Vasco y Navarra¡±, cuya singularidad en la financiaci¨®n s¨ª aparece en el texto de la Constituci¨®n. Tambi¨¦n consideran que carece ¡°de soporte estatutario, a diferencia del Pa¨ªs Vasco y Navarra, y exigir¨¢ una reforma de la ley org¨¢nica de financiaci¨®n auton¨®mica para sacar a Catalu?a del r¨¦gimen com¨²n¡±.
El documento del acuerdo de ERC y el PSC se ampara en los art¨ªculos 204 y 205 del Estatut que fija que la Generalitat puede recaudar sus propios impuestos sin perjuicio de los que le pueda ceder la Administraci¨®n del Estado. Ambos partidos defienden, por tanto, el encaje estatutario y constitucional del concierto. En el texto del acuerdo se afirma que Catalu?a tendr¨ªa que aportar al fondo interterritorial de solidaridad para que el resto de los territorios tengan recursos con los que poder prestar los servicios p¨²blicos b¨¢sicos, tales como sanidad y educaci¨®n. El art¨ªculo 156 de la Constituci¨®n, que regula el margen de la autonom¨ªa financiera de las comunidades, menciona expresamente la solidaridad, cuando establece que ¡°las Comunidades Aut¨®nomas gozar¨¢n de autonom¨ªa financiera para el desarrollo y ejecuci¨®n de sus competencias con arreglo a los principios de coordinaci¨®n con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los espa?oles¡±. El apartado segundo de este art¨ªculo a?ade que ¡°las Comunidades Aut¨®nomas podr¨¢n actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudaci¨®n, la gesti¨®n y la liquidaci¨®n de los recursos tributarios de aquel, de acuerdo con las leyes y los Estatutos¡±.
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