S¨¢nchez ampl¨ªa su querella contra el juez Peinado por ¡°contravenir la doctrina existente¡± en la causa contra su esposa
La Abogac¨ªa General del Estado cuestiona las ¡°interpretaciones forzadas o artificiosas¡± del magistrado, que sostiene que se pueden sacar ¡°conclusiones¡± del ¡°silencio¡± del presidente tras acogerse a su derecho a no declarar ante ¨¦l en La Moncloa y accedi¨® a dar copias de la grabaci¨®n a las partes
Pedro S¨¢nchez ampl¨ªa la ofensiva contra el juez Juan Carlos Peinado. La Abogac¨ªa General del Estado present¨® el jueves, en representaci¨®n del presidente del Gobierno, un escrito ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que solicita la ampliaci¨®n de la querella por prevaricaci¨®n judicial interpuesta a finales de julio contra el magistrado que investiga a Bego?a G¨®mez, la esposa de S¨¢nchez, por los presuntos delitos de tr¨¢fico de influencias y corrupci¨®n en los negocios. La Abogac¨ªa sostiene que Peinado practica una ¡°injusticia intr¨ªnseca¡± y ¡°contraviene la doctrina existente¡±, con el resultado de ¡°la infracci¨®n del deber que corresponde al juez en la aplicaci¨®n de sus facultades¡±, seg¨²n el escrito al que ha tenido acceso EL PA?S.
La reacci¨®n del Gobierno se produce despu¨¦s de que el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 41 de Madrid, en una providencia fechada el 22 de agosto, sostuviera que se pueden sacar ¡°conclusiones¡± del ¡°silencio¡± del l¨ªder del Ejecutivo y secretario general del PSOE, que el 30 de julio se acogi¨® a su derecho a no declarar ante ¨¦l como testigo en la causa abierta contra su mujer, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El juez orden¨® adem¨¢s en esta ¨²ltima providencia en mitad del verano trasladar copia de la grabaci¨®n a las acusaciones personadas. Lo hizo pese al criterio de la Fiscal¨ªa, que insiste en que el magistrado impulsa una investigaci¨®n ¡°carente de indicios¡± y prospectiva ¡ªprohibida por la legislaci¨®n¡ª y sostiene que la entrega de la copia de la grabaci¨®n a las partes, entre las que figuran el seudosindicato ultraderechista Manos Limpias y Vox, ¡°no deber¨ªa producirse¡± con el ¡°fin de evitar filtraciones y que la misma acabe divulgada de forma improcedente¡±.
Ante la ¡°serie de hechos nuevos que se han producido¡±, en referencia a la providencia de Peinado de la semana pasada, la Abogac¨ªa del Estado alega en su ¨²ltimo escrito que ¡°lo verdaderamente buscado con estas actuaciones en todo lo que ata?e a la Presidencia del Gobierno es darle una publicidad que precisamente es incompatible con el r¨¦gimen de toma de declaraci¨®n en estos casos y no la eficacia procesal o investigaci¨®n alguna, partiendo de inferencias donde no puede haberlas o haciendo interpretaciones forzadas o artificiosas de preceptos legales o principios procesales¡±. Y apostilla que Peinado lo hace ¡°hasta el punto de convertir un derecho procesal de ciertos testigos en una fuente infundada de inferencias con efectos procesales, con menci¨®n indirecta para ello de una doctrina en absoluto aplicable al caso y que contraviene la de la instituci¨®n de la dispensa de declaraci¨®n¡±.
Peinado acudi¨® hace un mes a La Moncloa con la intenci¨®n de interrogar al presidente en la causa contra G¨®mez, que comenz¨® el 16 de abril con la apertura de diligencias a ra¨ªz de una denuncia de Manos Limpias, basada en recortes de prensa con noticias falsas y sin pruebas s¨®lidas. La Fiscal¨ªa y la defensa de la investigada recurrieron sin ¨¦xito la testificaci¨®n en La Moncloa, que el juez quiso grabar y apenas dur¨® unos minutos. Ese mismo d¨ªa, S¨¢nchez tom¨® la decisi¨®n de querellarse a trav¨¦s de un escrito firmado por la Abogac¨ªa del Estado en ¡°defensa de la instituci¨®n de la Presidencia¡± al entender que el magistrado hab¨ªa dictado una resoluci¨®n ¡°injusta¡± y ¡°a sabiendas¡± al decretar su citaci¨®n. La ley permite declarar por escrito a los miembros del Gobierno cuando van a comparecer en una instrucci¨®n como testigos por hechos que han conocido por raz¨®n de su cargo.
El magistrado aleg¨® entonces que quer¨ªa preguntarle a S¨¢nchez por temas que no ten¨ªan que ver con su puesto, sino con su condici¨®n de marido de Bego?a G¨®mez. La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula tambi¨¦n que los maridos, as¨ª como otros familiares directos de los investigados, ¡°est¨¢n dispensados de la obligaci¨®n de declarar¡± contra sus esposas para garantizar los derechos de la defensa.
El Ministerio Fiscal ya propuso que la grabaci¨®n pod¨ªa ser ¡°perfectamente sustituida por copia de diligencia expresiva del Letrado de la Administraci¨®n de Justicia del contenido del acto¡±. Es decir, indicando que el testigo, en este caso el presidente del Gobierno, se acogi¨® a su derecho a no declarar por ser c¨®nyuge de la investigada, pero sin facilitar a las partes las im¨¢genes y el sonido. En su escrito, la Abogac¨ªa advierte de ¡°las continuas filtraciones que se est¨¢n produciendo en la causa de referencia¡± y que por parte del magistrado instructor existe ¡°conciencia de que lo que sea grabado y entregado ser¨¢ filtrado, pero no se toma ninguna medida contra ello, bien a trav¨¦s del ejercicio de la potestad disciplinaria que el que compete, o bien adoptando decisiones que protejan y respeten ese deber de reserva¡±. ¡°No hay ning¨²n tipo de elemento de identificaci¨®n o de seguridad que impida o dificulte las filtraciones que el propio querellado reconoce que se est¨¢n produciendo¡±, contin¨²an los reproches.
La conclusi¨®n de la Abogac¨ªa es que ¡°el conjunto de decisiones y providencias que por acumulaci¨®n si no contradicen abiertamente cualquier interpretaci¨®n l¨®gica de la ley, tienden a forzar la puesta a disposici¨®n de las partes de una grabaci¨®n que no debi¨® existir (porque la declaraci¨®n deber¨ªa ser escrita y de ser oral, no deber¨ªa existir al ejercerse la dispensa, cuya prueba se hace por diligencia del secretario) no hacen sino refrendar la orientaci¨®n de toda este intento de diligencia instructora hacia su difusi¨®n medi¨¢tica, no hacia su eficacia procesal, refrend¨¢ndose as¨ª el planteamiento de nuestra querella¡±.
La Audiencia Provincial de Madrid deliberar¨¢ y votar¨¢ el pr¨®ximo 30 de septiembre si impide al juez Peinado seguir investigando el caso Bego?a G¨®mez o, tal y como han reclamado el abogado de la mujer del presidente del Gobierno, Antonio Camacho, y la Fiscal¨ªa de Madrid. Los extremos de la instrucci¨®n no est¨¢n claros pero de las resoluciones de Peinado se desprende que se investiga los v¨ªnculos de la esposa del presidente con la Universidad Complutense de Madrid, en la que codirigi¨® una c¨¢tedra, su relaci¨®n con el empresario Juan Carlos Barrab¨¦s ¡ªque fue profesor del m¨¢ster universitario que dirig¨ªa G¨®mez¡ª y su conexi¨®n con Javier Hidalgo, que fue consejero delegado de Globalia, grupo propietario de Air Europa, que fue rescatada por el Gobierno en la pandemia, una pr¨¢ctica com¨²n en otros pa¨ªses que hicieron otros pa¨ªses de la UE.
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