Una causa interminable contra Bego?a G¨®mez sin delito a la vista

Juan Carlos Peinado dirige el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 41 de Madrid desde hace siete a?os. Cumplir¨¢ 70 en septiembre y el Consejo General del Poder Judicial lo autoriz¨® en enero pasado a seguir trabajando hasta los 72. Tras haber ejercido como secretario de ayuntamiento, accedi¨® a la judicatura con 40 a?os por el llamado cuarto turno (por concurso de m¨¦ritos y experiencia, sin pasar una oposici¨®n). Es padre de una concejal del PP en Pozuelo de Alarc¨®n (Madrid). El pasado 9 de abril lleg¨® a su mesa de trabajo en el juzgado de Plaza de Castilla una denuncia firmada por la organizaci¨®n ultraderechista Manos Limpias contra Bego?a G¨®mez, esposa del presidente del Gobierno. El escrito ten¨ªa ¡°un contenido deslavazado¡±, seg¨²n la Audiencia Provincial de Madrid. Se basaba en recortes de prensa con noticias, algunas de ellas falsas y otras sin pruebas s¨®lidas sobre el tr¨¢fico de influencias denunciado en las informaciones.

Peinado estudi¨® los papeles y resolvi¨® en apenas una semana abrir causa contra G¨®mez. Desde entonces, cada paso del juez es recurrido por la defensa y aplaudido por el PP, partido que se apoya en la instrucci¨®n para exigir la dimisi¨®n del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones. Vox, que pide lo mismo, est¨¢ personado en la causa como acusaci¨®n popular.

La Audiencia Provincial hall¨® en la denuncia de Manos Limpias ¡°un primer bloque f¨¢ctico inveros¨ªmil o con datos err¨®neos¡± y se?al¨® que vincular a G¨®mez con un tr¨¢fico de influencias para favorecer el rescate de Air Europa a trav¨¦s de un pr¨¦stamo de 475 millones concedido por el Gobierno era ¡°una simple conjetura m¨¢s all¨¢ de coincidencias temporales y personales¡±. Pero tambi¨¦n a?adi¨® que las cartas de apoyo firmadas por G¨®mez a favor del empresario Juan Carlos Barrab¨¦s, quien las incluy¨® junto a otras 31 misivas en su oferta ganadora de dos concursos del organismo p¨²blico Red.es, entonces dependiente del Ministerio de Econom¨ªa, eran datos objetivos para abrir una investigaci¨®n. La Audiencia entendi¨® que de esas cartas firmadas por G¨®mez se pod¨ªa deducir ¡°que existen indicios acerca de la presunta comisi¨®n de un hecho delictivo, la intermediaci¨®n en la concesi¨®n de subvenciones¡±, y dej¨® que el juez Peinado siguiera adelante con la causa por ese ¨²nico motivo.

Cuando se conoci¨® esta resoluci¨®n judicial, la Guardia Civil hab¨ªa terminado ya su primer an¨¢lisis de los contratos adjudicados a Barrab¨¦s sin encontrar ni una sola prueba de esa ¡°intermediaci¨®n en la concesi¨®n de subvenciones¡± a la que alud¨ªa la Audiencia Provincial para justificar que la investigaci¨®n siguiera adelante.

Cien d¨ªas despu¨¦s de que se abriera la causa contra G¨®mez, ya se acumulan m¨¢s de 2.000 folios con diversa documentaci¨®n repartidos en cinco tomos del sumario y se han celebrado ocho interrogatorios a presuntos implicados. Dos de ellos ¡ªBarrab¨¦s y el rector de la Universidad Complutense, Joaqu¨ªn Goyache¡ª resultaron imputados de manera sorpresiva unos d¨ªas despu¨¦s de declarar como testigos (por tanto, con obligaci¨®n de decir la verdad).

Cien d¨ªas despu¨¦s, no existen autos o providencias del juez Peinado donde se detallen los indicios que tiene para seguir investigando los delitos de tr¨¢fico de influencias y corrupci¨®n en los negocios por los que abri¨® la causa.

Cien d¨ªas despu¨¦s, los tribunales acumulan una querella contra el juez por revelaci¨®n de secretos (a¨²n pendiente de contestar dos meses despu¨¦s de presentada) y varios recursos de apelaci¨®n de la defensa de G¨®mez y de la Fiscal¨ªa que la Audiencia Provincial ha decidido contestar... no antes de dos meses.

Mientras tanto, el juez Peinado tiene la intenci¨®n, ins¨®lita en democracia, de interrogar el pr¨®ximo martes en el Palacio de La Moncloa al presidente del Gobierno como testigo del supuesto tr¨¢fico de influencias que investiga. Para justificar sus intenciones sin vulnerar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que el jefe del Ejecutivo tiene derecho a responder por escrito, el juez cita el art¨ªculo 412.3 de la norma ¡ª¡°Si fuera conveniente recibir declaraci¨®n sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por raz¨®n de su cargo, se tomar¨¢ la misma en su domicilio o despacho oficial¡±¡ª, que le permite preguntar y grabar el testimonio de S¨¢nchez en La Moncloa.

Expertos juristas consultados por EL PA?S consideran que el juez Peinado se arriesga a que alguien presente una querella contra ¨¦l por prevaricaci¨®n al dictar a sabiendas una resoluci¨®n injusta: la que obliga a S¨¢nchez a contestar en su presencia sobre unas cuestiones que solo puede conocer en su condici¨®n de presidente.

Cien d¨ªas despu¨¦s de que el juez abriera una investigaci¨®n por tr¨¢fico de influencias y corrupci¨®n en los negocios contra Bego?a G¨®mez, la causa amenaza con prolongarse durante muchos meses sin que de los informes solicitados y los interrogatorios realizados aparezcan delitos a la vista.

Un tr¨¢fico de influencias sin influencia conocida

Las informaciones de El Confidencial en las que bas¨® Manos Limpias su denuncia se?alaban que la empresa Innova Next, propiedad de Juan Carlos Barrab¨¦s, profesor en la c¨¢tedra extraordinaria de la Universidad Complutense que codirig¨ªa Bego?a G¨®mez, logr¨® entre julio y agosto de 2021 dos contratos millonarios de Red.es (dependiente entonces del Ministerio de Econom¨ªa) tras presentar ofertas en las que se inclu¨ªa una carta de apoyo de dicha universidad firmada por la esposa del presidente. Esa carta de apoyo acompa?aba a otras 31 de empresas tecnol¨®gicas y de entidades p¨²blicas, como el Ayuntamiento de Madrid. Ese bloque de cartas acompa?aba un apartado que supon¨ªa el 8% del total de los puntos que pod¨ªa sumar la oferta. El juez Peinado encarg¨® a la UCO de la Guardia Civil una investigaci¨®n sobre el caso. Y apenas un mes despu¨¦s, el informe lleg¨® a su mesa con varias conclusiones:

¡ª La Guardia Civil recuerda que las empresas de Barrab¨¦s han recibido hasta 28 contratos de la Administraci¨®n p¨²blica a lo largo de los ¨²ltimos a?os, uno de ellos del Ayuntamiento de Madrid bajo gobierno del PP (casi cuatro millones de euros). En cuanto a las adjudicaciones logradas en los concursos de Red.es (10 millones de euros a repartir a medias con la empresa The Valley), el informe destaca que son las m¨¢s cuantiosas de la historia de esta firma. Los agentes investigaron la composici¨®n de la mesa de contrataci¨®n y analizaron la participaci¨®n de dos de sus componentes en las valoraciones subjetivas de las ofertas. El informe concluye que no se encontraron vinculaciones entre esas personas y G¨®mez. La UCO tampoco encontr¨® elementos diferenciadores entre el sistema de valoraci¨®n de las ofertas del concurso ganado por Barrab¨¦s y el resto de expedientes ¡°en lo que se refiere a los criterios dependientes de juicios de valor¡±. El juez lleg¨® a citar a esos trabajadores y a cargos de Red.es que participaron en la adjudicaci¨®n, pero acab¨® suspendiendo la declaraci¨®n. Hasta hoy.

¡ª En cuanto al millonario rescate que el Gobierno realiz¨® en 2020 a Air Europa, la UCO no ha podido comprobar ni tiene datos que permitan acreditar la influencia de G¨®mez. El ¨²nico elemento que puede vincular a G¨®mez con Globalia, grupo propietario de la aerol¨ªnea, es el hecho de que coincidiera con Javier Hidalgo, uno de sus principales directivos, en dos eventos que tuvieron lugar en 2020 y en los que participaba la sociedad Wakalua, filial del mismo grupo. ¡°No se tiene constancia de que estos hitos pudieran estar vinculados a la decisi¨®n ministerial del rescate a Air Europa¡±, sostiene la UCO.

¡ª La Guardia Civil concluy¨® tambi¨¦n que Bego?a G¨®mez no ha recibido ninguna subvenci¨®n p¨²blica y record¨® que la noticia que Manos Limpias incluy¨® en su denuncia, titulada por The Objective ¡°El Gobierno oculta el importe de una subvenci¨®n a nombre de Bego?a G¨®mez¡± e ilustrada con una fotograf¨ªa de la esposa de Pedro S¨¢nchez, es falsa.

Las visitas a La Moncloa como supuesta prueba

El empresario Barrab¨¦s acudi¨® a declarar como testigo ante el juez pese a que, seg¨²n la denuncia, era el beneficiado principal del tr¨¢fico de influencias supuestamente ejercido por G¨®mez. Lo habitual en una investigaci¨®n judicial, seg¨²n los expertos consultados por EL PA?S, es citar como investigado al principal beneficiario del delito. Barrab¨¦s admiti¨® en su declaraci¨®n como testigo que hab¨ªa visitado el Palacio de La Moncloa en numerosas ocasiones, la mayor¨ªa para reunirse con G¨®mez, codirectora de la c¨¢tedra donde daba clases. Aclar¨® que una de esas visitas obedeci¨® a que hab¨ªa sido citado por el Gabinete de Presidencia del Gobierno junto a otros empresarios especialistas en innovaci¨®n. Barrab¨¦s explic¨® que en una de sus citas con G¨®mez coincidi¨® con Pedro S¨¢nchez, pero solo unos minutos, pues el presidente se ausent¨® para contestar a una llamada de tel¨¦fono.

Cuatro d¨ªas despu¨¦s de esta declaraci¨®n, el juez decidi¨® imputar a Barrab¨¦s bas¨¢ndose en los informes de la Guardia Civil, que descartan cualquier irregularidad en los contratos, y en el testimonio como testigo del empresario, que ten¨ªa obligaci¨®n de decir la verdad y no respondi¨® nada que pudiera incriminarlo. Javier S¨¢nchez Junco, abogado del rey em¨¦rito y ahora de Barrab¨¦s, ha presentado un recurso de reforma contra la citaci¨®n del empresario como investigado, prevista para este lunes.

La Fiscal¨ªa Europea reclama el caso sin determinar si hay corrupci¨®n

Cuando la Fiscal¨ªa Europea Anticorrupci¨®n reclam¨® para s¨ª la investigaci¨®n de los contratos de Red.es adjudicados a Barrab¨¦s, el PP consider¨® que ese hecho demostraba que la causa abierta contra la esposa del presidente era un claro caso de corrupci¨®n. Sin embargo, la Fiscal¨ªa Europea no afirm¨® nada sobre el supuesto contenido delictivo de lo que hab¨ªa pedido investigar. Lo ¨²nico que certific¨® es que esos contratos bajo sospecha en un juzgado de Madrid hab¨ªan sido pagados con fondos europeos y, por consiguiente, la investigaci¨®n correspond¨ªa a la Fiscal¨ªa Europea. Nada se sabe de los avances de esa investigaci¨®n. En lo actuado por el juez Peinado no hay todav¨ªa una sola prueba del supuesto tr¨¢fico de influencias.

Investigaci¨®n al Ayuntamiento de Madrid, sin resultados

Tras conocer por el informe de la Guardia Civil que los contratos adjudicados por Red.es a Barrab¨¦s no conten¨ªan irregularidades ni hab¨ªa rastro de la supuesta influencia ejercida por G¨®mez, el juez pidi¨® investigar otros contratos ganados por Barrab¨¦s en concursos convocados por otras entidades, como el Ayuntamiento de Madrid. Barrab¨¦s ha sido contratista de esta administraci¨®n desde la etapa de gobierno de Manuela Carmena hasta la de Jos¨¦ Luis Mart¨ªnez-Almeida. Aunque las posibilidades de que Bego?a G¨®mez influyera en un contrato adjudicado por el Gobierno municipal del PP son remotas, el juez pidi¨® un informe a la UCO sobre esas adjudicaciones. El resultado fue similar. La Guardia Civil no hall¨® irregularidades: ¡°Sin perjuicio del resultado del preceptivo an¨¢lisis de los expedientes que realice la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado (IGAE), seguidamente se destacan los siguientes aspectos. En l¨ªneas generales, en base a la informaci¨®n observada en los expedientes, la preparaci¨®n, inicio, tramitaci¨®n, licitaci¨®n, adjudicaci¨®n, formalizaci¨®n y ejecuci¨®n de los contratos ¡ªalgunos de ellos vigentes actualmente¡ª se habr¨ªa desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contrataci¨®n p¨²blica¡±.

La Audiencia pone l¨ªmites, el juez los evita

La Audiencia Provincial de Madrid determin¨® que el juez Peinado solo pod¨ªa centrar la investigaci¨®n de la causa abierta contra Bego?a G¨®mez en los 10 millones de euros que logr¨® Barrab¨¦s en dos concursos de Red.es a los que present¨® ofertas que inclu¨ªan 32 cartas de apoyo, una de ellas firmada por la esposa del presidente como codirectora de un m¨¢ster de la Complutense donde el empresario dio clases. Tras esta decisi¨®n de la Audiencia Provincial y despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa Europea se quedara con la causa de los contratos adjudicados por Red.es a Barrab¨¦s, el abogado de Bego?a G¨®mez pregunt¨® al juez qu¨¦ asuntos investigaba. Y Peinado contest¨® que los hechos de su competencia ¡°son todos los que constan en las actuaciones¡± a excepci¨®n de aquellos cuyo conocimiento ha sido avocado ¡°en favor de la Fiscal¨ªa Europea¡±.

Todos los hechos ¡°que constan en las actuaciones¡± inclu¨ªan el rescate a Air Europa, algo que la Audiencia Provincial hab¨ªa descartado investigar al considerar que las noticias que pon¨ªan bajo sospecha esa operaci¨®n eran ¡°simples conjeturas¡±. Pero, adem¨¢s de esos hechos, el juez Peinado ha comenzado a investigar hace apenas dos semanas todo lo relacionado con la contrataci¨®n de G¨®mez como codirectora de una c¨¢tedra extraordinaria en la Complutense, as¨ª como sus tres a?os de gesti¨®n en la universidad. El abogado de G¨®mez protest¨® citando el art¨ªculo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que ¡°toda persona a quien se atribuya un hecho punible¡± tiene derecho a ser informada ¡°sin demora injustificada¡± de ¡°cualquier cambio relevante en el objeto de la investigaci¨®n y de los hechos imputados¡±.

La contrataci¨®n de G¨®mez por la Complutense

El juez Peinado, que abri¨® la causa por un supuesto tr¨¢fico de influencias cometido por G¨®mez en los concursos adjudicados por Red.es al empresario Barrab¨¦s, ha citado como investigado al rector de la Complutense, Joaqu¨ªn Goyache, tras declarar como testigo unos d¨ªas antes. Goyache explic¨® al juez que se reuni¨® en La Moncloa con la esposa del presidente y esta le propuso crear una c¨¢tedra extraordinaria sobre responsabilidad social corporativa para ayudar a peque?as y medianas empresas a aumentar su competitividad. El rector remiti¨® la propuesta a una comisi¨®n de seguimiento, que acept¨® la creaci¨®n de la c¨¢tedra, financiada por Reale Seguros y la Fundaci¨®n La Caixa. La misma comisi¨®n acept¨® nombrar a G¨®mez codirectora junto a un profesor de la propia universidad.

El juez Peinado se mostr¨® extra?ado de que G¨®mez pudiera codirigir una c¨¢tedra sin tener titulaci¨®n acad¨¦mica. El rector le dijo que era posible y que el reglamento de creaci¨®n de c¨¢tedras extraordinarias aprobado por el consejo de Gobierno de la Universidad Complutense en diciembre de 2015, cuando ¨¦l no ocupaba ese cargo, no lo imped¨ªa. La Complutense tiene activas m¨¢s de 50 c¨¢tedras de tem¨¢ticas diversas, que en la mayor¨ªa de los casos no dirigen catedr¨¢ticos, sino profesores, habitualmente financiadas por empresas privadas y asignadas a distintas facultades. La ¨²nica que depende de la Escuela de Gobierno de la Universidad es la que codirige G¨®mez. El reglamento vigente desde hace nueve a?os establece los siguientes requisitos sobre c¨¢tedras extraordinarias.

¡ª ¡°C¨¢tedras Extraordinarias: Constituyen una forma de colaboraci¨®n de la Universidad con otras entidades (fundaciones, asociaciones, centros de investigaci¨®n, administraciones p¨²blicas y, en general, cualesquiera entidades p¨²blicas o privadas) para la realizaci¨®n de actividades relacionadas con los fines estatutarios de nuestra Universidad, especialmente de docencia e investigaci¨®n. Las C¨¢tedras Extraordinarias se establecer¨¢n por un per¨ªodo de tiempo determinado (m¨ªnimo de 3 a?os) y con una dotaci¨®n econ¨®mica anual m¨ªnima de 30.000 euros¡±.

¡ª ¡°Excepcionalmente, la propuesta de creaci¨®n de la c¨¢tedra podr¨¢ ser efectuada por profesores Em¨¦ritos UCM, personal en Comisi¨®n de Servicios, una o m¨¢s empresas (nacionales o internacionales), Centros de Investigaci¨®n o Instituciones p¨²blicas o privadas de reconocido prestigio, u otras Universidades. En este caso, el Vicerrectorado competente valorar¨¢ la oportunidad de la propuesta presentada y su pertinencia, en funci¨®n de las actuaciones a realizar que justifiquen su creaci¨®n¡±.

¡ª ¡°El Rector, excepcionalmente y por causas justificadas, podr¨¢ designar como Director/a de la C¨¢tedra a alguien sin vinculaci¨®n laboral con la Universidad (incluyendo PDI en Comisi¨®n de Servicios, en excedencia, Em¨¦ritos o PAS en excedencia). En ese caso, se designar¨¢ un/a Co-director/a con vinculaci¨®n laboral con la UCM que estar¨¢ sometido al mismo r¨¦gimen que el/la directora/a¡±.

La inexistente apropiaci¨®n indebida de un ¡®software¡¯

El convenio para la creaci¨®n de la c¨¢tedra codirigida por G¨®mez establec¨ªa el siguiente compromiso: ¡°A lo largo de los dos primeros a?os se pondr¨¢ en marcha una plataforma digital concebida como herramienta para la medici¨®n del impacto social que facilite la generaci¨®n de nuevas oportunidades e inversiones¡±. Google, Telef¨®nica (la SEPI compr¨® el pasado marzo el 3% de la compa?¨ªa) e Indra (con un 28% en manos del Estado) invirtieron dinero gracias a las gestiones de G¨®mez para crear esta plataforma digital de uso gratuito y propiedad de la Universidad Complutense. G¨®mez inscribi¨® a su nombre el dominio de internet donde se iba a alojar la plataforma, pero lo hizo por indicaci¨®n de la propia universidad. Adem¨¢s, G¨®mez cre¨® a finales de 2023 una sociedad a su nombre para facturar sus servicios profesionales a la que puso un nombre parecido al de la c¨¢tedra que codirig¨ªa, lo que seg¨²n la Complutense genera confusi¨®n. La universidad envi¨® un informe al juez donde aseguraba que abri¨® una investigaci¨®n interna por estos hechos sin llegar a ninguna conclusi¨®n, pero que, si la indagaci¨®n del juez acreditaba una ¡°apropiaci¨®n indebida¡± por parte de G¨®mez, pedir¨ªa personarse en la causa como perjudicada.

G¨®mez no ha inscrito a su nombre el software que fabricaron para la universidad las empresas Google, Telef¨®nica e Indra. Cuando la esposa del presidente del Gobierno intent¨® aportar en la comisi¨®n de seguimiento de la Complutense, ¨®rgano supervisor de su c¨¢tedra, la documentaci¨®n con la memoria econ¨®mica y de actividades de 2023, el vicerrector que preside ese ¨®rgano se lo impidi¨® ¡°por prudencia¡±, con el argumento de que un juez investigaba esos hechos. En esa reuni¨®n, G¨®mez anunci¨® que solicitar¨¢ la renovaci¨®n por otros cuatro a?os de la c¨¢tedra extraordinaria con el patrocinio de la Fundaci¨®n La Caixa y la patronal Conpymes.