La reforma de la ley de extranjer¨ªa echa a andar en el Congreso con el Gobierno y el PP alejados del acuerdo

La reforma de la ley de extranjer¨ªa, con la que se pretende imponer a las comunidades aut¨®nomas la acogida de menores extranjeros no acompa?ados para aliviar a Canarias, Ceuta y Melilla, ha iniciado este lunes su tramitaci¨®n en el Congreso, pero con pocos visos de prosperar. Este lunes el PP present¨® un documento con medidas ¡°irrenunciables¡± para el acuerdo, entre las que exigen un mayor control de fronteras o la declaraci¨®n de emergencia para todo el territorio. A pesar de esta iniciativa, fuentes de la direcci¨®n del partido admiten en privado las dificultades para dar luz verde a la reforma de la norma que promueven el Gobierno central y el de Canarias, del que forma parte el PP: ¡°A d¨ªa de hoy, estamos muy lejos de apoyarlo. El Gobierno tiene que hacer un movimiento de calado, no nos vamos a dejar arrastrar¡±. En un foro en La Raz¨®n, el l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, denunci¨® el ¡°efecto llamada¡± de la reforma del Gobierno y volvi¨® a hablar del riesgo de ¡°avalancha¡±, llegando a cifrar en ¡°70.000 personas m¨¢s¡± las posibles llegadas en los pr¨®ximos meses, una previsi¨®n dif¨ªcilmente calculable. Para Feij¨®o, uno de los problemas del texto registrado en el Congreso es que solo atiende a Canarias, Ceuta y Melilla, que es la prioridad expresada por el Gobierno desde que, de la mano del Ejecutivo insular, puso encima de la mesa la opci¨®n del reparto obligatorio de menores migrantes.

La semana pasada, el PP acept¨® en la Conferencia Sectorial de Infancia un reparto voluntario de 347 menores migrantes (insuficiente para aliviar el colapso de Canarias), que provoc¨® que Vox rompiera sus cinco Gobiernos auton¨®micos. Con el env¨ªo de una propuesta por carta al Ministerio de Pol¨ªtica Territorial, la direcci¨®n nacional del PP mueve ficha presionada tambi¨¦n por varios de sus barones, que rechazan la reforma. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso, la calific¨® este lunes como ¡°una verdadera tomadura de pelo¡±. Su hom¨®logo de la Regi¨®n de Murcia, Fernando L¨®pez Miras, que gobierna en minor¨ªa tras la ruptura Vox, sostuvo con claridad que el PP no puede apoyar esa ley, que es ¡°fr¨ªvola, no es seria y no es rigurosa¡±. Y en este contexto se va a abordar en el Congreso la reforma legal, en la que el apoyo de los populares es indispensable para que la proposici¨®n de ley se tome en consideraci¨®n el pr¨®ximo 23 de julio, en el ¨²ltimo Pleno antes del receso vacacional.

La misiva del PP comienza con una advertencia: ¡°Si hubiese un verdadero sentido de la responsabilidad por parte del gobierno, estar¨ªa tomando medidas dentro de sus competencias migratorias para resolver la causa que origina esta crisis migratoria¡±. Y a?ade: ¡°Sin un plan econ¨®mico potente para invertir en el control de fronteras, que incluya medios t¨¦cnicos, tecnol¨®gicos y humanos, ayudas a las comunidades, pol¨ªticas de cooperaci¨®n con los pa¨ªses emisores y de repatriaci¨®n de las personas en situaci¨®n de irregularidad que tengan expedientes de expulsi¨®n, el Partido Popular, no apoyar¨¢ lo que no es m¨¢s que un parche¡±. Estas son las condiciones de los populares:

Declaraci¨®n de emergencia migratoria para todo el territorio nacional. El PP reivindica que la declaraci¨®n de emergencia vaya m¨¢s all¨¢ de Canarias, Ceuta y Melilla. La medida tiene una intenci¨®n simb¨®lica ¡ª¡°por las cifras que en este momento existen, sino tambi¨¦n por las previsiones para los pr¨®ximos meses¡±¡ª, pero adem¨¢s pr¨¢ctica porque con la declaraci¨®n de emergencia, como ocurri¨® en la pandemia, pueden realizarse adjudicaciones directas y de forma urgente lo que garantizar¨ªa un r¨¢pido despliegue de instalaciones o contrataciones. La habilitaci¨®n de recursos y contrataci¨®n de personal suficiente es una de las preocupaciones de las comunidades (no solo del PP) ante la hipot¨¦tica aprobaci¨®n de esta medida. La reforma contempla dos tipos de derivaciones que, seg¨²n el territorio, pueden dar poco margen de actuaci¨®n. La principal es con la que pretende aliviar a las islas y consiste en trasladar, en 12 meses, a un n¨²mero suficiente de menores (3.000 en la coyuntura actual) para que Canarias, Ceuta y Melilla no superen el 150% de su capacidad. La segunda derivada implica que una vez que alguno de estos territorios est¨¦ por encima de ese 150%, las comunidades tendr¨¢n 15 d¨ªas para asumir la acogida de cada nuevo menor que llegue, un margen peque?o si no se est¨¢ preparado para la acogida. En cualquier caso, cada comunidad aut¨®noma tiene la facultad de declarar la emergencia para agilizar sus contrataciones de obras y servicios, por lo que la petici¨®n del PP sugiere que pretende que el Estado se haga cargo de todos los costes, a pesar de ser una competencia auton¨®mica y de que la reforma ya incluye una dotaci¨®n espec¨ªfica para desplegar recursos, m¨¢s all¨¢ del gasto diario de cada menor.

Sin embargo, las declaraciones de Feij¨®o ¡ª¡°entonces, cuando Valencia, que est¨¢ fuera de su capacidad, o Murcia o Andaluc¨ªa tengan los problemas de Canarias, ?volvemos a modificar la ley org¨¢nica?¡±¡ª dejan entrever que la pretensi¨®n es que todas las comunidades puedan acogerse al reparto, aunque no lo dice expresamente en la carta. El Gobierno no se ha cerrado a esta posibilidad una vez aprobada la reforma, aunque pone en duda c¨®mo se calcula la capacidad de acogida de una comunidad como la valenciana, que denuncia estar saturada con 1.000 menores cuando Canarias acoge 6.000.

Garantizar la minor¨ªa de edad. Los populares quieren implicar a la Fiscal¨ªa en el procedimiento de reparto, con una petici¨®n casi id¨¦ntica a la realizada por ERC para aprobar la ley. Ambos grupos quieren asegurarse de que los menores que salgan de Canarias lo hagan con un decreto de minor¨ªa de edad emitido por la Fiscal¨ªa, el ¨®rgano competente en el procedimiento. El problema de esta petici¨®n es que la Fiscal¨ªa ya est¨¢ saturada en este ¨¢mbito, en Canarias y en el resto de territorios, y, seg¨²n denuncian las comunidades, tarda meses en emitir estos certificados. El atasco depende adem¨¢s de los recursos a disposici¨®n de los centros m¨¦dicos ya que el decreto requiere de un examen forense previo y realizaci¨®n de radiograf¨ªas. La exigencia podr¨ªa aplicarse en la reubicaci¨®n principal que tiene 12 meses de plazo, pero parece inviable en los traslados que deben hacerse en menos de 15 d¨ªas.

Presentaci¨®n de un plan de pol¨ªtica migratoria. En su carta, el PP demanda un plan para que ejerza ¡°con mayor intensidad y eficacia sus obligaciones en materia de inmigraci¨®n para contener sustancialmente las entradas irregulares¡±. Demanda un refuerzo del control de las fronteras mar¨ªtimas y m¨¢s visados de tr¨¢nsito para viajeros de pa¨ªses que han usado los aeropuertos espa?oles para hacer escala y pedir asilo. Tambi¨¦n piden ¡°las inversiones necesarias con los pa¨ªses de origen¡±. Es una petici¨®n gen¨¦rica que se entromete en la pol¨ªtica interior y exterior del Gobierno. Fuentes gubernamentales mantienen que ya se est¨¢ ejecutando todo lo que el PP reclama en ese sentido.

Compromiso financiero. El PP reprocha la falta de una memoria econ¨®mica de la financiaci¨®n que se va a destinar a esta acogida obligatoria y afirma que solo hace referencia a una financiaci¨®n exclusivamente del primer a?o de acogida ¡°cuando se deber¨ªa soportar por parte del Gobierno su totalidad durante el tiempo de tutela¡±. Es imprescindible, afirman, que haya ¡°un compromiso financiero mediante un fondo de contingencia plurianual¡±. La propuesta de reforma establece ¡°una financiaci¨®n suficiente en tanto los menores mantengan esta condici¨®n¡±. Fuentes que han participado en la elaboraci¨®n de este texto consideran que el dinero ¡°no es un problema¡±, pero que la letra peque?a debe debatirse una vez que se haya aprobado.

Cubrir la acogida hasta su emancipaci¨®n. Aqu¨ª el PP vuelve a coincidir con ERC, que ha reivindicado que el sistema de acogida catal¨¢n acompa?a a los menores extranjeros m¨¢s all¨¢ de su mayor¨ªa de edad (hasta los 21 a?os) y que esta atenci¨®n debe estar incluida en su financiaci¨®n. La propuesta de ley deja claro en varias ocasiones que el coste se cubrir¨¢ mientras ¡°se mantenga la condici¨®n de menor de edad¡±.

El Gobierno debe habilitar los medios y su gesti¨®n directa. Los populares piden que se recoja de forma expresa que, una vez que una comunidad aut¨®noma ¡°exceda la capacidad de los recursos instalados, corresponder¨¢ a las autoridades del Gobierno central habilitar los medios y su gesti¨®n directa¡±. Argumenta que la imposici¨®n del reparto, ¡°sin existir los medios para la acogida¡± hace ¡°imposible¡± que esta sea ¡°efectiva¡±. La cuesti¨®n en este punto es que la competencia de la tutela y acogida de menores es auton¨®mica y no estatal.

Sin excepciones para Catalu?a. Ante las exigencias de Junts de que Catalu?a quede fuera del reparto, el PP ¡°exige garant¨ªas¡± de que la acogida ser¨¢ obligatoria para todas las comunidades, ¡°sin excepci¨®n¡±. ¡°Debe quedar reflejado, de forma que no pueda evitarse posteriormente mediante transferencias de competencias en inmigraci¨®n a ninguna comunidad, tal y como se ha expresado en estas ¨²ltimas semanas¡±. El ministro de Pol¨ªtica Territorial, ?ngel V¨ªctor Torres, ya declar¨® en una entrevista a EL PA?S que esa supuesta cesi¨®n es ¡°jur¨ªdica y pol¨ªticamente inaceptable e inviable¡±.