El Gobierno prev¨¦ elevar el martes al Constitucional el protocolo canario sobre los menores migrantes

El Gobierno iniciar¨¢ este martes en el Consejo de Ministros los tr¨¢mites para activar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional sobre el nuevo protocolo de acogida de menores migrantes del Gobierno canario, seg¨²n fuentes gubernamentales. Las islas, gobernadas por Coalici¨®n Canaria y el PP, se rigen desde el pasado jueves bajo unas nuevas normas, m¨¢s estrictas, que condicionan la acogida de este colectivo vulnerable a una serie de tr¨¢mites y a la disponibilidad de plazas de un sistema colapsado. Con las relaciones con el Ejecutivo canario muy deterioradas, el Gobierno central ha decidido contraatacar. Fuentes del Gabinete ven claro que las nuevas reglas son inconstitucionales porque la comunidad aut¨®noma est¨¢ dejando de ejercer sus competencias, delegando en el Estado. La intenci¨®n del Gobierno de Pedro S¨¢nchez es que el tribunal suspenda cautelarmente el protocolo mientras decide sobre su fondo.

La Fiscal¨ªa Superior de Canarias tambi¨¦n emiti¨® un decreto el pasado viernes en el que enmienda la iniciativa del presidente auton¨®mico, Fernando Clavijo (Coalici¨®n Canaria), por desproteger a los menores migrantes, discriminarlos y delegar competencias auton¨®micas. La fiscal advert¨ªa en ese decreto al Ejecutivo canario de que pod¨ªa incurrir en un delito de abandono de menores.

El nuevo protocolo se public¨® el pasado jueves en el Bolet¨ªn Oficial de Canarias, en un contexto de absoluto desbordamiento de las capacidades de acogida para menores de las islas, que atienden ya a m¨¢s de 5.300 ni?os y adolescentes llegados en cayuco. ¡°Las condiciones de hacinamiento no nos permiten garantizar la seguridad del menor¡±, dijo Clavijo el domingo. Es tambi¨¦n una reacci¨®n del Ejecutivo canario a la falta de entendimiento con el Gobierno central, con quien hace meses pact¨® una propuesta de reforma de la Ley de Extranjer¨ªa para obligar al resto de comunidades aut¨®nomas (la mayor¨ªa en manos del PP) a hacerse cargo de los menores migrantes acogidos en territorios saturados como las islas, Ceuta o Melilla. Esa propuesta de reforma no sali¨® adelante en el Congreso el pasado julio, y, tras ese fracaso, Clavijo cambi¨® de bando y firm¨® un acuerdo con Alberto N¨²?ez Feij¨®o, l¨ªder del PP (uno de los partidos que hab¨ªa impedido la aprobaci¨®n de la iniciativa). En ese acuerdo se recog¨ªan las ambiciosas condiciones de los populares para volver a negociar un posible reparto obligatorio.

El protocolo de acogida ha desatado una enorme pol¨¦mica, ha provocado el rechazo de la Fiscal¨ªa y ha activado una ofensiva jur¨ªdica por parte del Gobierno. El texto pasa a exigir una serie de tr¨¢mites e informes que competen, sobre todo, a la Polic¨ªa Nacional y que suponen retrasar la entrada del ni?o en un centro de acogida. Entre ellos se requiere una rese?a policial completa, una audiencia, una resoluci¨®n administrativa de d¨®nde se ubicar¨¢ al menor que cuente con el conocimiento del fiscal, un acto formal de entrega del ni?o entre agentes nacionales y auton¨®micos y la confirmaci¨®n de que existe plaza para el reci¨¦n llegado.

El Gobierno canario ha defendido que se trata solamente de ordenar ¡°el desorden¡± existente en la entrega de los menores y garantizar que se cumpla un protocolo de actuaci¨®n existente desde 2014. Ese texto de hace una d¨¦cada, sin embargo, no incluye algunas de las nuevas disposiciones exigidas, ni obliga a que la rese?a policial o la identificaci¨®n de posibles refugiados sea realizada antes de que el menor pase a ser tutelado por la comunidad.

El Ejecutivo de Clavijo considera que el tiempo que el ni?o est¨¦ fuera del sistema de acogida no estar¨¢ desamparado porque ya ha sido rescatado y se encuentra bajo custodia policial, una premisa que rechaza el ministerio p¨²blico. ¡°No hay una situaci¨®n m¨¢s clara de un menor en desamparo que la de los menores extranjeros no acompa?ados¡±, mantiene la fiscal en su decreto. La interpretaci¨®n del desamparo es tambi¨¦n uno de los puntos que impugnar¨¢ el Gobierno, quien critica que la comunidad pretenda atribuir al Estado la tutela de los menores durante todo el lapso que media entre la llegada en cayuco y su entrada en un centro de menores.

Este domingo Clavijo calific¨® como un ¡°ataque¡± las advertencias del Gobierno y la Fiscal¨ªa. Para el presidente canario, es ¡°absolutamente indecente¡± que, ¡°de repente, se re¨²nan cuatro ministros y planteen llevar este protocolo al Tribunal Constitucional para atacar a Canarias¡±. ¡°No lo alcanzo a entender, cuando llevamos meses pidiendo ayuda y no se nos ha brindado¡±, dijo. ¡°A la vista de lo que est¨¢ sucediendo, lo que hemos hecho es aplicar el protocolo [de 2014] que no estaba aplicando el Gobierno para poder atender y garantizar la seguridad de los menores. El Gobierno tiene que entender que tiene que asumir sus responsabilidades y ayudar, no atacar a Canarias, en una crisis humanitaria como esta¡±.

La formalizaci¨®n del conflicto de competencias, con el que el tribunal de garant¨ªas decidir¨¢ si el protocolo canario respeta el orden constitucional, seguir¨¢ varios pasos. Tras la luz verde del Consejo de Ministros del martes, se acudir¨¢ al Consejo de Estado para que elabore su propio dictamen y, con ¨¦l, ser¨¢ el Consejo de Ministros del martes 24 el que formalice el proceso. El Constitucional tendr¨¢ entonces 10 d¨ªas para admitirlo a tr¨¢mite. En paralelo, el Ejecutivo activar¨¢ a la Abogac¨ªa del Estado para que interponga un recurso contencioso-administrativo y buscar¨¢ un acuerdo con el Gobierno de Canarias para, durante ese tiempo, coordinar la llegada y atenci¨®n de los menores. De momento, las ¨®rdenes recibidas por las fuerzas de seguridad desplegadas en las islas es que se sigan actuando como hasta ahora.