El plan de regeneraci¨®n del Gobierno impone mayor control sobre los cargos p¨²blicos y una comisi¨®n en el Congreso contra los bulos

El plan de regeneraci¨®n que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros contiene 30 medidas para una mayor transparencia y control en la pol¨ªtica y en los medios y una defensa del derecho a la libertad de expresi¨®n, modificando la redacci¨®n de delitos que la limitan como el de ofensa a los sentimientos religiosos y el de injurias a la Corona o a altas instituciones del Estado, aunque la redacci¨®n que se ha pactado entre el PSOE y Sumar despu¨¦s de un lunes de negociaci¨®n intensa sobre este delicado punto es ambigua y evita citar expresamente a la Corona, algo que rechazaban los socialistas. Dice ¡°cuando se refiera a instituciones del Estado¡±. A¨²n as¨ª, el texto hace menci¨®n a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que han afeado a Espa?a perseguir a artistas por atacar a la Corona, as¨ª que Sumar entiende que lo incluye. Al presentar la reforma, tanto F¨¦lix Bola?os, ministro de Justicia, como Ernest Urtasun, de Cultura, los dos negociadores, insistieron en que la redacci¨®n pactada implicar¨¢ un cambio radical en la regulaci¨®n de estos l¨ªmites a la libertad de expresi¨®n que no existen en la mayor¨ªa de los pa¨ªses del entorno espa?ol. Lo que s¨ª queda claro, como adelant¨® EL PA?S, es la eliminaci¨®n del delito contra los sentimientos religiosos, al que se refiere expresamente el texto, que ha supuesto persecuciones a revistas sat¨ªricas por parte de grupos cristianos.

El paquete incluye como novedades, adem¨¢s de lo que ya hab¨ªa apuntado el Gobierno, un mayor control sobre los cargos p¨²blicos, ajustando tambi¨¦n el conflicto de intereses, como forma de prevenir la corrupci¨®n, y una exigencia de rendici¨®n de cuentas cada seis meses de todas las administraciones. Adem¨¢s, se crear¨¢n dos nuevas unidades en la Fiscal¨ªa General del Estado para luchar m¨¢s eficazmente contra la corrupci¨®n ¡°p¨²blica y privada¡±.

El plan apuesta por reforzar la ley de partidos y el reglamento del Congreso y del Senado, tanto para las formaciones como para que diputados y senadores tengan que hacer p¨²blicas sus cuentas, sus pr¨¦stamos, su declaraci¨®n de bienes. La novedad es que el incumplimiento de estas obligaciones conllevar¨¢ sanciones; ahora no las hay y algunos se saltan esa exigencia sin consecuencias.

En cuanto a los medios de comunicaci¨®n, otro de los asuntos centrales de este paquete de regeneraci¨®n, hay medidas de transparencia, como la exigencia por ley de que se conozca con detalle su propiedad y mejores datos para garantizar las audiencias. Estos datos son lo que se utilizan para el reparto de publicidad institucional. Se propone tambi¨¦n un cambio de la norma que limite este tipo de financiaci¨®n de los medios para que no haya algunos que dependan casi exclusivamente del dinero p¨²blico y se conviertan as¨ª en un instrumento del poder pol¨ªtico. Bola?os defendi¨® el proyecto: ¡°este plan est¨¢ muy medido, es absolutamente europeo, porque esto se aprob¨® en el Parlamento Europeo con gran consenso. Debemos mejorar la democracia en Espa?a¡±. Urtasun remat¨®: ¡°Defender la democracia no puede pasar por bunkerizarnos, la democracia no es una coraza. Defender la democracia es escuchar tambi¨¦n las cr¨ªticas a nuestros sistemas pol¨ªticos. Este es un primer paso hist¨®rico, atendemos reclamaciones de una d¨¦cada en materia de libertad de expresi¨®n y hacemos por primera vez pol¨ªtica medi¨¢tica, que garant¨ªa de una informaci¨®n veraz. Es imprescindible que las instituciones no financiemos el virus de los que quieren destruir la democracia¡±, dijo pensando en las limitaciones que se pondr¨¢n a la publicidad institucional.

El plan no opta por intervenir en los medios desde el poder pol¨ªtico, como tem¨ªa la oposici¨®n, y apuesta por la autorregulaci¨®n frente a los bulos, pero s¨ª plantea una comisi¨®n espec¨ªfica en el Congreso para analizar la desinformaci¨®n y sus consecuencias para las democracias, algo que se ha hecho en otros pa¨ªses y en el propio Parlamento Europeo. De hecho, en el coraz¨®n de este plan est¨¢n las l¨ªneas maestras de la nueva norma europea sobre libertad de medios, de aplicaci¨®n directa en todos los estados a partir de 2025.

Registro p¨²blico de medios

Habr¨¢ un registro p¨²blico de medios, con informaci¨®n sobre su propiedad y la inversi¨®n publicitaria que reciben. Todas las administraciones p¨²blicas estar¨¢n obligadas a publicar cada a?o cu¨¢nto dinero dedican a publicidad en medios y a cu¨¢les ha llegado esa inversi¨®n. La ley de publicidad exigir¨¢ ¡°m¨¢s transparencia, proporcionalidad y no discriminaci¨®n en la asignaci¨®n de recursos p¨²blicos¡±. Habr¨¢ adem¨¢s una nueva ley del secreto profesional para garantizar la protecci¨®n de las fuentes, y normas para ¡°garantizar el pluralismo¡± evitando la concentraci¨®n de medios en pocas manos.

El plan propone que sea la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia la que supervise la aplicaci¨®n de estas nuevas medidas. En este organismo independiente no hay periodistas, sino t¨¦cnicos especializados en competencia. El Gobierno asegura que cambiar¨¢ la estructura de la CNMC para adaptarse a las nuevas necesidades, pero se ha descartado crear un consejo audiovisual con profesionales de los medios como hay en Catalu?a, Andaluc¨ªa y varios pa¨ªses europeos.

Adem¨¢s se cambiar¨¢ la ley del derecho al honor y la de derecho de rectificaci¨®n ¡°para mejorar el sistema para instar y lograr la rectificaci¨®n de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados¡±, dice el texto. Ante las suspicacias que genera esta reforma, que es la que m¨¢s directamente parece relacionada con los cinco d¨ªas de reflexi¨®n de Pedro S¨¢nchez tras la decisi¨®n de un juez de admitir a tr¨¢mite una querella de un grupo ultraderechista contra su esposa, origen inicial de este plan de regeneraci¨®n, Bola?os defendi¨® la utilidad de esta reforma de leyes muy sensibles para el periodismo. ¡°Pretendemos que los ciudadanos puedan tener respuesta cuando sufran una difamaci¨®n. Estas leyes son del 82 y el 84, cuando no hab¨ªa internet. Est¨¢n obsoletas. Queremos garantizar una informaci¨®n veraz, y cuando haya difamaciones, que el ciudadanos afectado, se dedique o no a la pol¨ªtica, tenga una respuesta ¨¢gil, r¨¢pida y efectiva. Entiendo que todos los medios estar¨¢n en ese gran consenso europeo¡±, asegur¨® el ministro.

El Gobierno dise?ar¨¢ adem¨¢s una ¡°estrategia nacional de lucha contra las campa?as de desinformaci¨®n¡± a cargo del departamento de seguridad nacional, algo sobre todo pensado para momentos electorales en los que otros pa¨ªses pueden querer influir en los comicios espa?oles.

Despu¨¦s de mucha discusi¨®n interna en la coalici¨®n de gobierno ¨DSumar exig¨ªa eliminar los delitos de injurias a la Corona y a las altas instituciones del Estado y el PSOE no quer¨ªa ir tan lejos¨D, se ha pactado una redacci¨®n abierta pero que implica un cambio del C¨®digo Penal en este aspecto. ¡°Abordaremos una reforma integral de los art¨ªculos del C¨®digo Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresi¨®n y a la creaci¨®n art¨ªstica, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio p¨²blico u otros supuestos, con el fin de darles una redacci¨®n homologable a los pa¨ªses de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal¡±, reza el plan.

El paquete legislativo incluye el cambio de la ley electoral para hacer obligatorios los debates electorales, algo que ya sucede en otros pa¨ªses, o el compromiso, tantas veces reiterado y nunca cumplido, de reformar la ley de secretos oficiales. Las empresas encuestadoras tendr¨¢n la obligaci¨®n legal de publicar sus microdatos, algo que en este momento hacen muy pocas, en especial 40dB., la que realiza los sondeos para EL PA?S y la Cadena SER, y tambi¨¦n el CIS. Las estimaciones que hace este ¨²ltimo son pol¨¦micas, pero los microdatos son utilizados por todos los expertos como base de investigaci¨®n. El plan de regeneraci¨®n tambi¨¦n hace obligatoria la celebraci¨®n anual del debate sobre el estado de la naci¨®n en el Congreso.