El Gobierno eliminar¨¢ el delito de ofensas religiosas pero a¨²n discute sobre el de injurias al Rey

El paquete de regeneraci¨®n democr¨¢tica que estudiar¨¢ este martes el Consejo de Ministros es amplio y contiene muchos asuntos delicados que se han discutido internamente en la coalici¨®n y con los principales socios durante semanas, pero el plan a¨²n no estaba del todo cerrado este lunes, a pocas horas de la decisi¨®n final. Pedro S¨¢nchez confirm¨® ante los diputados socialistas, como adelant¨® EL PA?S, que finalmente el Gobierno lo aprobar¨ªa este martes, pero la discusi¨®n entre los socios del Ejecutivo segu¨ªa abierta acerca de la reforma de varias leyes que afectan a derechos fundamentales. Hay un debate de fondo entre PSOE y Sumar, que a ¨²ltima hora del lunes a¨²n no estaba resuelto sobre la eliminaci¨®n de algunos pol¨¦micos delitos que limitan la libertad de expresi¨®n, como las ofensas a los sentimientos religiosos o las injurias a la Corona y las altas instituciones del Estado.

La actual redacci¨®n del C¨®digo Penal espa?ol, muy inusual en el entorno europeo, ha permitido el encarcelamiento de conocidos raperos o procedimientos judiciales muy duros contra publicaciones sat¨ªricas que no han existido en otros pa¨ªses y han supuesto sentencias contra Espa?a del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por limitar la libertad de expresi¨®n. Tanto el PSOE como Sumar est¨¢n de acuerdo en cambiar esta parte del C¨®digo Penal, pero discuten el alcance, lo que bloqueaba el plan, seg¨²n fuentes de la negociaci¨®n. Los encargados de cerrarlo eran el socialista F¨¦lix Bola?os, ministro de Justicia y Presidencia, y Ernest Urtasun, de Cultura, por Sumar.

El PSOE asume eliminar el delito contra los sentimientos religiosos, que ha supuesto que grupos cristianos persigan todo tipo de s¨¢tira relacionada con la religi¨®n cat¨®lica. Pero tiene m¨¢s dudas con los de injurias a la Corona y a altas instituciones del Estado, que incluye no solo al Gobierno, sino al Tribunal Supremo, al Constitucional o al Consejo General del Poder Judicial.

Sumar insiste en que el compromiso de derogar estos delitos debe estar expresamente mencionado en el plan que salga del Consejo de Ministros, pero los socialistas apostaban por una redacci¨®n m¨¢s gen¨¦rica para desarrollar los detalles en el futuro. Lo que s¨ª es seguro es que el PSOE rechazar¨¢ la pretensi¨®n de Sumar de suprimir la figura penal de enaltecimiento del terrorismo.

El PSOE ya accedi¨® en dos ocasiones a tomar en consideraci¨®n en el Congreso las propuestas ¡ªantes de Unidas Podemos, ahora de Sumar¡ª para suprimir estos delitos de opini¨®n, pero hasta ahora las hab¨ªa dejado languidecer. Tras el bloqueo sufrido en la anterior legislatura, el socio minoritario del Gobierno volvi¨® a la carga en esta con una de sus primeras propuestas parlamentarias del actual mandato. La proposici¨®n para reformar el C¨®digo Penal en ese sentido fue tomada en consideraci¨®n el 19 de diciembre de 2023 por el pleno del Congreso, con el apoyo de todo el bloque de investidura, incluidos los socialistas. Desde entonces, como ya hab¨ªa pasado anteriormente, permanece bloqueada en la Mesa.

Sumar argumenta la ¡°anomal¨ªa¡± de esos delitos dentro de la legislaci¨®n europea y las condenas a m¨²sicos y tuiteros a que han dado pie. Para esta formaci¨®n, el Rey y las principales instituciones del Estado cuentan con los mismos mecanismos que cualquier ciudadano para defenderse de ataques injuriosos, sin necesidad de brindarles una protecci¨®n singular con una figura penal espec¨ªfica. Lo mismo alega para el caso del enaltecimiento del terrorismo, que, en opini¨®n de Sumar, ya quedar¨ªa cubierto con el delito general de apolog¨ªa de la violencia.

El PSOE y Sumar tambi¨¦n han tenido hasta el ¨²ltimo momento discusiones sobre el eje central del paquete que anunci¨® S¨¢nchez despu¨¦s de que decidiera paralizar su actividad durante cinco d¨ªas y reflexionar sobre la posibilidad de abandonar la pol¨ªtica cuando un juez inici¨® un procedimiento contra su esposa que La Moncloa considera infundado, El coraz¨®n de la norma consiste en la trasposici¨®n de una ley europea de libertad de medios que apoy¨® el PP en Bruselas. Por eso, S¨¢nchez insiste en que la oposici¨®n deber¨ªa respaldar esta iniciativa en el Congreso, aunque el PP lo descarta de plano y acusa al Gobierno de pretender ¡°controlar a los medios de comunicaci¨®n¡±. El prop¨®sito de la norma europea es salvaguardar a los medios para evitar que se usen con fines pol¨ªticos.

El Consejo de Ministros aprobar¨¢ normas para exigir que todos los medios den a conocer su estructura de propiedad y retocar¨¢ la ley de publicidad institucional para hacerla m¨¢s transparente y evitar que algunos gobiernos, en especial auton¨®micos o locales, financien medios muy peque?os que apenas tienen lectores y logran sus principales ingresos de lo p¨²blico. El presidente tambi¨¦n anunci¨® que no recibir¨¢n dinero p¨²blico los medios que difundan bulos, pero esta parte parece muy compleja de plasmar en una ley.

Sobre este punto de la desinformaci¨®n tambi¨¦n hay discusi¨®n entre el PSOE y Sumar. El grupo de Yolanda D¨ªaz insiste en instaurar un consejo audiovisual independiente para toda Espa?a, similar a los que operan ya en Catalu?a y en Andaluc¨ªa, para denunciar por parte de los propios profesionales las malas pr¨¢cticas period¨ªsticas. Es algo habitual en la UE y la propia ley europea de libertad de medios apunta a una soluci¨®n as¨ª. Otros grupos que apoyan al Gobierno como ERC lo han propuesto tambi¨¦n. Pero en Espa?a este asunto es muy pol¨¦mico y en algunos sectores, especialmente conservadores, lo califican de una nueva forma de censura. Los socialistas prefieren alguna f¨®rmula menos pol¨¦mica.

PSOE y Sumar tambi¨¦n ha debatido internamente sobre la posibilidad de incluir en el paquete la reforma completa de la pol¨¦mica ley mordaza, que aprob¨® el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Los socialistas ya han explicado que solo apuestan por incluir partes que tienen que ver con la libertad de expresi¨®n, como la prohibici¨®n de tomar im¨¢genes a polic¨ªas durante las manifestaciones. Pero evitan compromisos m¨¢s delicados como la prohibici¨®n de las pelotas de goma o de las devoluciones de migrantes en caliente, dos asuntos que supusieron que ERC y EH Bildu no apoyaran la reforma en 2023 y esta decayera.

Otra cuesti¨®n que estaba encima de la mesa era la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, uno de los ¨²ltimos resquicios de la legislaci¨®n franquista y un empe?o en el que persevera desde hace a?os el PNV. Tras quedar en el limbo la legislatura pasada, pese a haber sido tomada en consideraci¨®n por el pleno del Congreso, el grupo vasco volvi¨® a la carga el pasado febrero y logr¨® que se le diese tr¨¢mite parlamentario por tercera vez en los ¨²ltimos a?os. Hasta hoy. Su derogaci¨®n figura entre las peticiones trasladadas al Gobierno para el plan por otros aliados como ERC o BNG. La Moncloa plante¨® en julio de 2022 su propio texto de reforma, insuficiente para PNV, Sumar y dem¨¢s socios, porque no desclasifica algunos documentos autom¨¢ticamente hasta que no transcurran 50 a?os. La discusi¨®n, como todas las dem¨¢s, sigue abierta y se resolver¨¢ en el Parlamento, donde el Gobierno tendr¨¢ que buscar apoyos. Pero en la ronda de reuniones que hicieron Bola?os y Urtasun qued¨® claro que hay votos suficientes para aprobar el paquete porque los grupos de la mayor¨ªa est¨¢n b¨¢sicamente de acuerdo en las l¨ªneas generales, a falta de entrar en la letra peque?a.