El TSJ de Canarias confirma la suspensi¨®n de la orden del Gobierno auton¨®mico de no acoger menores migrantes sin su autorizaci¨®n

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha decidido este jueves confirmar la suspensi¨®n del acuerdo de Gobierno del Ejecutivo canario del 2 de septiembre, seg¨²n el auto al que ha accedido EL PA?S y que da la raz¨®n a la ONG Red Espa?ola de Inmigraci¨®n y de Ayuda al Refugiado, que hab¨ªa presentado un recurso contencioso-administrativo contra la instrucci¨®n. El TSJC suspendi¨® cautelarmente esta instrucci¨®n el 25 de septiembre, y ahora ha confirmado su decisi¨®n tras escuchar las alegaciones del Ejecutivo auton¨®mico.

El d¨ªa 2 septiembre el Consejo de Gobierno de Canarias aprob¨® una orden que imped¨ªa que la Polic¨ªa Nacional entregase directamente a las ONG los ni?os que llegasen a las islas sin su permiso expreso. El Ejecutivo afirmaba para justificar esta decisi¨®n que los menores inmigrantes no acompa?ados que llegan a sus costas en cayucos o pateras est¨¢n bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, y que, por ello, son competencia del Estado y no de las comunidades aut¨®nomas y afirm¨® que, incluso, estudiaba llevar a los tribunales al Ejecutivo central.

Esta orden, sostienen los cuatro magistrados que firman el auto conocido este jueves, ¡°supone que los menores ya no ser¨ªan derivados directamente a los centros de acogida gestionados por las entidades colaboradoras contratadas por el Gobierno del Canarias, sino que su recepci¨®n en estos centros quedar¨ªa supeditada a la previa comunicaci¨®n de conformidad o autorizaci¨®n de las autoridades auton¨®micas competentes¡±. Eso supon¨ªa que, mientras tanto, ten¨ªan que permanecer ¡°bajo la guarda y custodia de las autoridades estatales encargadas de su recogida en el mar y posterior identificaci¨®n¡±.

Este proceder, concluye el auto, ¡°comporta un serio riesgo de que se produzcan retrasos en el proceso de asistencia de los menores inmigrantes, al verse demorado su ingreso en los centros de acogida, con los consiguientes perjuicios que ello puede causar a un colectivo que, por sus circunstancias resulta especialmente vulnerable¡±.

Ambas iniciativas han contado desde el primer momento con el rechazo frontal de la Fiscal¨ªa. El d¨ªa 13 de septiembre, la fiscal superior de Canarias, Mar¨ªa Farn¨¦s Mart¨ªnez, emiti¨® un decreto en el que avisaba al Gobierno canario de que puede cometer un delito de abandono de menores si pone impedimentos al acogimiento de ni?os y adolescentes migrantes llegados a las islas y reclam¨® ante el TSJC su suspensi¨®n. EL TSJC, de hecho, ha tenido en cuenta el escrito de Mart¨ªnez, quien detect¨® al menos 24 ocasiones en las que la orden aprobada el d¨ªa 2 por el Gobierno canario impidi¨® la asistencia inmediata, tal y como recoge la ley de protecci¨®n al menor, tal y como adelant¨® EL PA?S.

En el trasfondo de la ofensiva iniciada a principios de septiembre por el Ejecutivo que lidera el nacionalista Fernando Clavijo est¨¢ el colapso de los recursos de acogida de menores migrantes no acompa?ados en Canarias y el bloqueo pol¨ªtico de las negociaciones para reformar la ley de extranjer¨ªa, que ha de permitir la derivaci¨®n obligatoria de menores a otras comunidades. Canarias tutela en la actualidad a unos 5.500 menores, un n¨²mero por el que la comunidad se ha declarado ¡°desbordada¡± en varias ocasiones. El Ejecutivo isle?o asegura que lleva gastados unos 160 millones en esta gesti¨®n y ha reclamado esta cantidad al Estado.

¡°No somos ajenos a la grave crisis migratoria que est¨¢ sufriendo las Islas Canarias¡±, exponen los magistrados, ¡°y tambi¨¦n comprendemos el inter¨¦s de la administraci¨®n auton¨®mica en intentar ordenar la recepci¨®n de nuevos menores¡±. El auto, sin embargo, explica que si se aplicase la medida propuesta por la comunidad, a la vez, se perder¨ªa la finalidad de la propia medida, dado que esta perjudicar¨ªa a los propios ni?os y adolescentes.