La Fiscal¨ªa recoge 24 casos de menores migrantes a los que Canarias impidi¨® una asistencia inmediata

La fiscal superior de Canarias, Mar¨ªa Farn¨¦s Mart¨ªnez, ha detectado al menos 24 ocasiones en las que la orden aprobada el d¨ªa 2 por el Gobierno canario que imped¨ªa la entrega directa de menores migrantes no acompa?ados de la Polic¨ªa a las ONG impidi¨® la asistencia inmediata, tal y como recoge la ley de protecci¨®n al menor. As¨ª lo recoge un escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al que ha tenido acceso EL PA?S, en el que mostraba su conformidad con la suspensi¨®n de esta orden. Este escrito viene motivado por el recurso presentado por la ONG Red Espa?ola de Inmigraci¨®n y Ayuda al Refugiado.

Esta orden estaba suspendida desde el 25 de septiembre, cuando la fren¨® de forma cautelar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Este martes, esta instancia ha confirmado la suspensi¨®n tras escuchar al Gobierno canario. La instrucci¨®n del Ejecutivo, en opini¨®n del tribunal, ¡°comporta un serio riesgo de que se produzcan retrasos en el proceso de asistencia¡±. Tambi¨¦n el Constitucional propin¨® este martes otro rev¨¦s al Ejecutivo auton¨®mico al suspender por unanimidad tres apartados de esta orden y el protocolo de admisi¨®n de menores migrantes no acompa?ados que hab¨ªa aprobado el 10 de septiembre. La instrucci¨®n del d¨ªa 2, seg¨²n el alto tribunal, ¡°puede vulnerar varios derechos fundamentales y tambi¨¦n competencias auton¨®micas¡±.

Los casos recabados por la Fiscal¨ªa se produjeron el 18 de septiembre (cuatro de ellos), el 19 de septiembre (dos casos) y el 20 de septiembre (18 casos) tras las llegadas de cayucos o pateras a El Hierro y Lanzarote. Las edades de los menores est¨¢n comprendidas entre los 15 y los 17 a?os. Todos ellos guardan un punto en com¨²n: la Polic¨ªa Auton¨®mica de Canarias tard¨® entre uno y tres d¨ªas en recoger a los ni?os despu¨¦s de su desembarco en puerto para ingresarlos en un dispositivo de la comunidad.

El escrito firmado por la fiscal superior recuerda que la ¡°asistencia inmediata¡± est¨¢ recogida en la Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n al Menor y a la Juventud y forma parte ¡°de las actuaciones en situaciones de desprotecci¨®n del menor¡±. Por ello, esta asistencia ¡°est¨¢ dentro del ¨¢mbito de actuaci¨®n y protecci¨®n¡±, que, recalca, ¡°es competencia de la Comunidad Aut¨®noma¡±. Canarias ha asegurado desde el mismo d¨ªa 2 que aprob¨® la orden que esta no impedir¨ªa en ning¨²n caso la atenci¨®n inmediata de los menores. La fiscal es de la opini¨®n contraria: ¡°La medida adoptada est¨¢ comprometiendo los intereses de este colectivo especialmente vulnerable¡±.

El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, ha explicado que ¡°se dieron varias circunstancias¡± con estos casos. En primer lugar, los recursos de El Hierro y Lanzarote se encontraban colapsados, por lo que hubo que trasladar a los menores a otras islas. A esta circunstancia, asegura, se le suma el hecho de que la polic¨ªa canaria tuvo ¡°graves problemas¡± para poder desplazarse a estas dos islas por falta de billetes de transporte, cuando el protocolo del Gobierno, actualmente suspendido, hac¨ªa obligatoria su presencia durante la entrega. ¡°A los chiquillos en El Hierro y en Lanzarote se les saca de manera inmediata por la falta de plazas en esas islas¡±.

Para poner en contexto este escrito de la Fiscal¨ªa hay que retroceder hasta principios de septiembre. Con casi 5.500 ni?os bajo su tutela, y con la reforma de la ley de extranjer¨ªa bloqueada ¡ªlo que impide la derivaci¨®n de parte de este colectivo a otros territorios¡ª, el presidente canario, Fernando Clavijo, inici¨® a principios de septiembre una ofensiva legal y en los medios con el objetivo de ¡°menear el ¨¢rbol¡± y abrir el reparto obligatorio de este colectivo. Sus pasos pasaron, en primer lugar, por aprobar una orden el d¨ªa 2 ¡ªfuera del orden del d¨ªa¡ª que imped¨ªa que la Polic¨ªa Nacional entregase directamente a las ONG los ni?os que llegasen a las islas. Afirm¨®, adem¨¢s, que los menores inmigrantes no acompa?ados que llegan a sus costas en cayucos o pateras est¨¢n bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, y que, por ello, son competencia del Estado y no de las comunidades aut¨®nomas y afirm¨® que, incluso, estudiaba llevar a los tribunales al Ejecutivo central. Clavijo garantiz¨®, eso s¨ª, que los menores iban a seguir teniendo una ¡°atenci¨®n inmediata¡± ya sea ¡°en carpas, pabellones o recursos de alojamiento¡±. Pese a estas palabras, el d¨ªa 10, la Red Espa?ola de Inmigraci¨®n y de Ayuda al Refugiado present¨® un recurso contencioso-administrativo ante el TSJC contra esa orden, al considerarlo ¡°contrario a los derechos fundamentales de los menores y del inter¨¦s superior del menor¡±.

Ese mismo d¨ªa 10, el Gobierno de Canarias aprob¨® un nuevo protocolo que deb¨ªa regular la entrega de los menores no acompa?ados a la comunidad. Este nuevo texto introduc¨ªa nuevos requisitos para que un ni?o ingresase en un centro. Entre los requisitos, se establec¨ªa la necesidad de que hubiera una rese?a previa de identificaci¨®n y la inscripci¨®n en el registro de menores, una resoluci¨®n administrativa de asignaci¨®n o ubicaci¨®n individualizada, previa audiencia en presencia de un int¨¦rprete y que la entrega se produjese en una comisar¨ªa de la Polic¨ªa Auton¨®mica de Canarias o, ¡°donde no existan, en los lugares habilitados¡±.

Ambas iniciativas han contado desde el primer momento con el rechazo frontal de la Fiscal¨ªa. El d¨ªa 13 de septiembre, Mar¨ªa Farn¨¦s Mart¨ªnez emiti¨® un decreto en el que avisaba al Gobierno canario de que puede cometer un delito de abandono de menores si pone impedimentos al acogimiento de ni?os y adolescentes migrantes llegados a las islas y reclam¨® ante el TSJC su suspensi¨®n. El TSJC accedi¨® a sus peticiones. El 20 de septiembre, el TSJC suspend¨ªa de forma ¡°cautelar¨ªsima¡± ¡ªes decir, de forma provisional, antes de o¨ªr a todas las partes y de estudiar a fondo el asunto en el futuro¡ª el protocolo aprobado ocho d¨ªas antes.

El 25 hac¨ªa lo propio, tambi¨¦n de forma cautelar, la instrucci¨®n que el Gobierno canario hab¨ªa dado el d¨ªa 2 a las ONG que gestionan los centros de acogida en las islas para que no recibieran a m¨¢s menores migrantes sin su autorizaci¨®n previa. Este martes, el TSJC confirm¨® su decisi¨®n despu¨¦s de haber escuchado a la Administraci¨®n. En un auto, ha explicado que la aplicaci¨®n del acuerdo ¡°comporta un serio riesgo de que se produzcan retrasos en el proceso de asistencia de los menores inmigrantes, al verse demorado su ingreso en los centros de acogida, con los consiguientes perjuicios que ello puede causar a un colectivo que, por sus circunstancias, resulta especialmente vulnerable¡±.

El Tribunal Constitucional tambi¨¦n ha frenado en seco este martes las aspiraciones del Ejecutivo que lidera Fernando Clavijo. El alto tribunal suspende tanto el protocolo de admisi¨®n de menores migrantes como los apartados segundo, tercero y sexto del acuerdo de Gobierno (los que indican a las entidades colaboradoras que no reciban nuevos migrantes con cargo a esta Comunidad Aut¨®noma, se requiere al Estado que ¡°cumpla sus obligaciones sustanciales¡± y se designa a la Consejer¨ªa de Bienestar Social, Igualdad, Juventud Infancia y Familias para que haga seguimiento de este acuerdo).