La exconsejera andaluza de Salud se desvincula de las irregularidades en los contratos sanitarios a dedo de la Junta

Catalina Garc¨ªa es desde el pasado 29 de julio consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andaluc¨ªa, pero entre enero de 2019 hasta esa fecha ocup¨® la Viceconsejer¨ªa de Salud, hasta julio de 2022. Entonces, en el arranque de su segunda legislatura, Juan Manuel Moreno, la elev¨® a titular de ese departamento. En ese periodo de tiempo se centra la investigaci¨®n judicial sobre los contratos de emergencia sanitarios suscritos por la Junta (entre 2021 y 2023) a instancias de una querella del PSOE-A. Y en esos a?os se ubican tambi¨¦n los 18 informes desfavorables de la Intervenci¨®n sobre el grueso de la contrataci¨®n realizada en 2020 y 2021 tanto por la central general del Servicio Andaluz de Salud como por los centros de las ocho provincias. Sin embargo, Garc¨ªa se ha desvinculado este jueves de esas decisiones. ¡°Estoy segura de que las personas que gestionaron aquellos momentos lo hicieron por una necesidad extraordinaria¡±, ha afirmado.

La consejera hab¨ªa sido preguntada durante una entrevista en el programa de Canal Sur Radio La Ma?ana de Andaluc¨ªa sobre si estaba preocupada, en su calidad de viceconsejera (a las ¨®rdenes de Jes¨²s Aguirre, actual presidente del Parlamento auton¨®mico) y consejera de Salud, por la denuncia del PSOE de Andaluc¨ªa por el troceo de facturas durante el periodo de la pandemia, es decir, en 2020 y 2021. Garc¨ªa se ha referido exclusivamente a las contrataciones realizadas por las centrales de compras provinciales que, en 2021, tal y como desvel¨® EL PA?S, otorgaron 1.223 millones de euros en contratos menores, que no requieren ni concurrencia competitiva ni publicidad. De estos, el 92% presentaban ¡°irregularidades¡±, seg¨²n la Intervenci¨®n, la mayor¨ªa por fraccionar adjudicaciones millonarias entre las mismas empresas.

El ¨®rgano de fiscalizaci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa tambi¨¦n hall¨® incidencias en el 76,3% de la contrataci¨®n normalizada, el resto de contratos ordinarios suscritos por los centros provinciales, entre los que se encuentran los contratos de emergencia ¨Dque tambi¨¦n se realizan al margen de los criterios de publicidad y concurrencia competitiva¨D, que son en los que se centran la mayor¨ªa de incumplimientos constatados en los informes.

Garc¨ªa ha insistido en que esas plataformas provinciales ¡°lo que hac¨ªan era solucionar los problemas y que los materiales m¨¢s necesarios estuvieran en los centros de salud¡±. ¡°No nos acordamos ahora, pero entonces la queja era no tener mascarillas, equipos¡±, ha insistido aludiendo a la pandemia de covid-19 y siguiendo una de las l¨ªneas argumentales de la Junta de Andaluc¨ªa para minimizar el alcance de las irregularidades denunciadas por la Intervenci¨®n y que afectan al grueso de toda la contrataci¨®n sanitaria de esos a?os. La exconsejera de Salud tambi¨¦n ha aludido a otro de los ejes de defensa del Gobierno de Moreno: todos los contratos firmados por las centrales del SAS ¡°se hacen con informes jur¨ªdicos¡± y el material que se adquiri¨® lleg¨® a su destino. ¡°No se est¨¢ hablando de que no llegara nada¡±, ha a?adido.

La actual consejera de Medio Ambiente no se ha referido en ning¨²n momento a su cargo como titular y segunda de la Consejer¨ªa cuando se realizaron esas compras. La querella del PSOE, que ya ha informado de que ampliar¨¢ con los informes desfavorables de la Intervenci¨®n realizados en las centrales provinciales de compras, se centra en los casi 300 millones que el Gobierno de Moreno adjudic¨® por la v¨ªa de emergencia y ampar¨¢ndose en el marco normativo que avalaba esos contratos expr¨¦s por las necesidades derivadas del covid-19, pese a haberse derogado. En su informe sobre estas adjudicaciones de 2021, el ¨®rgano fiscalizador, como hace en el caso de las auditor¨ªas de las centrales provinciales, cuestiona que se apelara a la pandemia porque esta para entonces ¡°ya estaba muy atemperada¡±. En el caso de los centros provinciales se censura que en muchos de ellos esa emergencia, a la que alud¨ªa la consejera en la entrevista, no se justificara o que los fraccionamientos de contratos tuvieran un objeto que ¡°no respond¨ªa a necesidades imprevistas¡± por lo que deber¨ªan haberse previsto y a trav¨¦s de otros procedimientos ordinarios.

El PSOE de Andaluc¨ªa va a pedir la comparecencia en la comisi¨®n de Salud del Parlamento andaluz de la interventora general de la Junta y la del SAS para que aclaren las irregularidades detectadas en los 18 informes desfavorables que se han elaborado hasta ahora. En ellos se otorga a los ¨®rganos gestores el plazo de seis meses para incorporar sus recomendaciones sobre los incumplimientos detectados y, si no cumplen, podr¨¢ dar lugar a la emisi¨®n de un informe de actuaci¨®n, que es indiciario de evidencia de posibles elementos delictivos.

Fuentes de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa y Hacienda, de la que depende la Intervenci¨®n, no se muestran muy preocupadas sobre las consecuencias penales de los informes desfavorables de su ¨®rgano fiscalizador. Entienden que al no haber concluido en ninguna de sus auditor¨ªas la existencia de menoscabo de fondos, que implica la obligaci¨®n de abrir diligencias de manera inmediata, los incumplimientos no tienen mayor recorrido.