El Constitucional rescata ¡®in extremis¡¯ a la familia de F¨¢tima del desahucio

El pasado 12 de marzo se present¨® en casa de F¨¢tima, en el barrio madrile?o de Puente de Vallecas, un ret¨¦n de la Polic¨ªa Municipal con un mandamiento de desahucio. Le acompa?aban, entre otros, la abogada del propietario y un cerrajero para cambiar el bomb¨ªn y que no pudieran volver a entrar en el que hab¨ªa sido su hogar durante la ¨²ltima d¨¦cada. En el sal¨®n se apilaban en cajas de cart¨®n los enseres de toda la familia. Fatima, de 42 a?os; su marido Abdelaziz, de 43, y sus cinco hijos: Abdelhalim, de 17; Yahia, de 16; Imtan, de siete; Lina, de seis; y Ammier, con solo 22 meses y s¨ªndrome de Down. La hermana mayor, de 24 a?os, se emancip¨® y no vive en el domicilio familiar.

En medio del drama apareci¨® el abogado de F¨¢tima, Jos¨¦ Antonio Jim¨¦nez, con un correo electr¨®nico que ordenaba suspender el lanzamiento. La funcionaria del Juzgado de Primera Instancia N¨²mero 105 de Madrid no daba cr¨¦dito cuando el letrado le comunic¨® quien firmaba la resoluci¨®n: la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, m¨¢ximo ¨®rgano de garant¨ªas del ordenamiento jur¨ªdico espa?ol, que acud¨ªa a salvar in extremis a esta familia de inmigrantes marroqu¨ªes.

F¨¢tima alquil¨® el piso de unos 65 metros cuadrados, en la primera planta de un inmueble barato y ya vetusto con patio interior a modo de corrala en uno de los barrios m¨¢s humildes de la capital, por 450 euros al mes en 2014. M¨¢s tarde pact¨® una renta de 500 euros mensuales por cinco a?os. Cuando el contrato venci¨®, en abril de 2022, ofreci¨® al casero subir el alquiler a 650 o 700 euros, pero este se neg¨® en redondo. Varios de sus antiguos vecinos ya se han marchado y los nuevos inquilinos pagan casi 1.000 euros.

Abdelaziz lleva meses buscando una nueva casa, pero no encuentra nada por menos de 800 euros, el l¨ªmite que calcula puede afrontar con sus ingresos. Trabaja en la construcci¨®n y cobra entre 1.000 y 1.200 euros al mes, en funci¨®n del trabajo que haya, a los que se suma una ayuda de 200 euros como familia numerosa. F¨¢tima limpia casas por horas, pero, desde que naci¨® Ammier, su cuidado le ocupa casi todo el tiempo. El peque?o sufre un problema cardiaco y acude semanalmente al Hospital Infantil Ni?o Jes¨²s. Est¨¢ previsto que cuando cumpla dos a?os se someta a una operaci¨®n de coraz¨®n, por lo que su madre alega que no pueden mudarse a un pueblo lejos de la capital donde la vivienda sea m¨¢s asequible. ¡°En una inmobiliaria me dijeron que no alquilan casas a familias numerosas¡±, explica Abdelaziz.

Este matrimonio, que lleg¨® a Espa?a hace m¨¢s de 15 a?os procedente de la zona de T¨¢nger y desde entonces ha trabajado y cotizado a la Seguridad Social, asegura no haber encontrado ning¨²n apoyo por parte de la Administraci¨®n para acceder a una vivienda. Ha presentado varias veces su solicitud al Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid, sin obtener hasta ahora respuesta alguna.

El procedimiento de desahucio se inici¨® en 2022, pero F¨¢tima, a cuyo nombre estaba el contrato de alquiler, consigui¨® pararlo en primera instancia acogi¨¦ndose al decreto de medidas sociales que aprob¨® el Gobierno para paliar los efectos de la Covid y la guerra de Ucrania. El informe de los servicios sociales acredit¨® que se trataba de una ¡°unidad familiar numerosa, en situaci¨®n de vulnerabilidad y riesgo social por carencia de recursos econ¨®micos para acceder a vivienda estable en el mercado libre¡±. Se trat¨® solo de una tregua, pues la moratoria que conced¨ªa el decreto expiraba el 31 de diciembre de 2022.

El lanzamiento se fij¨® entonces para el 18 de enero de 2023, pero tuvo que aplazarse hasta el 4 de mayo debido a que a¨²n no se hab¨ªa celebrado la vista oral. En el juicio, el due?o del piso, E. G. S., admiti¨® que, a t¨ªtulo individual y a nombre de la sociedad que comparte con su esposa, Antecesores y Predecesores S. L., es propietario de un total de 15 viviendas, muchas de ellas en el mismo inmueble donde reside F¨¢tima. El juzgado reconoci¨® la resoluci¨®n del contrato de arrendamiento, pero suspendi¨® el desalojo, subrayando que el alquiler que pagaba la familia supon¨ªa casi la mitad de sus ingresos mensuales, muy por encima del umbral de vulnerabilidad fijado por el decreto.

De nuevo, fue un alivio solo temporal, porque se determin¨® que el desahucio se ejecutar¨ªa el 12 de marzo de 2024. Esta vez el juez no atendi¨® al hecho de que el peque?o Ammier tenga reconocida una minusval¨ªa del 35% y tampoco que los restantes menores cursen estudios de primaria, ESO y formaci¨®n profesional en la escuela p¨²blica. Aleg¨® que el decreto ley solo permite plantear un incidente de suspensi¨®n extraordinaria del desahucio, mientras que F¨¢tima ya lo hab¨ªa presentado en dos ocasiones, sin que las administraciones p¨²blicas hubieran cumplido con su obligaci¨®n de facilitar el acceso a una vivienda digna a las personas en situaci¨®n de vulnerabilidad.

El ¨²ltimo cartucho de F¨¢tima fue presentar ante el Tribunal Constitucional, el pasado 8 de marzo, un recurso en defensa del derecho a la tutela judicial efectiva. Aunque el tribunal de garant¨ªas tiene fama de demorar meses, e incluso a?os, sus deliberaciones, en solo un mes admiti¨® a tr¨¢mite el recurso y suspendi¨® el desalojo. Y siete meses y dos semanas despu¨¦s, el pasado d¨ªa 21, dict¨® la correspondiente sentencia.

En la resoluci¨®n, de la que ha sido ponente el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, el tribunal califica de ¡°irrazonable¡± la interpretaci¨®n que hace el juez de que solo se pueda plantear una vez la suspensi¨®n del desahucio, cuando hay hogares cuya situaci¨®n de vulnerabilidad se mantiene e incluso se agrava con el tiempo, como ha sido en este caso, debido al nacimiento de un ni?o con discapacidad. Precisamente, las sucesivas pr¨®rrogas de este decreto, extendiendo y ampliando su vigencia, han respondido ¡°a la necesidad de seguir atendiendo las necesidades de estos hogares¡±, lo que es incompatible con restringir su aplicaci¨®n. Finalmente, razona la sentencia, ni siquiera se ha argumentado sobre la situaci¨®n en que quedan los menores, cuya protecci¨®n es el inter¨¦s jur¨ªdico superior. Por todo ello, el Constitucional ordena que se vuelva a examinar la solicitud de suspensi¨®n del lanzamiento que present¨® F¨¢tima.

El letrado Jos¨¦ Antonio Jim¨¦nez subraya que la doctrina fijada por el alto tribunal en esta sentencia es aplicable a otros casos similares. Abdelaziz lo considera un acto de justicia: alega que todos estos a?os ha seguido pagando puntualmente el alquiler y reparando las sucesivas aver¨ªas de la casa, de las que el due?o se ha desentendido por completo, asegura, mostrando un agujero en el techo del ba?o. Pero a?ade que su familia a¨²n no duerme tranquila. Sabe que en cualquier momento recibir¨¢ una carta con la nueva fecha de desahucio y las cajas de la mudanza que quedaron vac¨ªas el 12 de marzo, cuando se march¨® la polic¨ªa, siguen dispuestas en un rinc¨®n por si hay que volver a llenarlas a toda prisa. Cuando se le pregunta d¨®nde dormir¨ªan si llega esa noche, se encoge de hombros.