El Constitucional anula parte de la ley catalana que obliga a ofrecer un alquiler social antes de la demanda de desahucio

El Tribunal Constitucional ha anulado, por siete votos a cinco, parte de la ley catalana de antidesahucios, por estimar que invad¨ªa competencias estatales. La norma anulada es la 1/2022, que se aprob¨® para recuperar otra anterior, la conocida como 24/2015, que proteg¨ªa a las familias vulnerables en caso de desahucio o de sufrir cortes de suministros, y que fue tumbada previamente. La sentencia dictada ahora implica, por tanto, una estimaci¨®n parcial del recurso que present¨® el grupo parlamentario del PP. Los votos en contra ¡ªpartidarios de una anulaci¨®n m¨¢s amplia¡ª han correspondido a cinco integrantes de la minor¨ªa conservadora del tribunal. Entre los preceptos anulados figuran los claves de la ley: el que obligaba a los grandes tenedores como bancos o fondos de inversi¨®n a ofrecer una vivienda de alquiler social antes de ejecutar un desahucio a una familia vulnerable, al estimar el tribunal que esa regulaci¨®n corresponder¨ªa en todo caso a la legislaci¨®n estatal. Tambi¨¦n se anula el precepto que fijaba el derecho de una familia en situaci¨®n de exclusi¨®n a renovar por una vez su contrato de alquiler social. El TC tiene pendientes de resoluci¨®n otros dos recursos contra la ley 1/2022: de Vox y del Gobierno.

Las entidades vecinales y de defensa del derecho a la vivienda que en su d¨ªa impulsaron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el parlamento de Catalu?a que desemboc¨® en la 24/2015, han respondido a la sentencia con alarma: ¡°La sentencia del TC al recurso del PP dejar¨¢ a miles de familias sin la posibilidad de un alquiler social y con la amenaza de desahucio¡±, han manifestado en un comunicado difundido por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que tambi¨¦n destaca que ¡°los contratos de alquiler sociales firmados hasta la fecha se mantendr¨¢n vigentes¡±. ¡°Est¨¢ en peligro el ¨²nico mecanismo de urgencia que ha permitido frenar miles de desahucios. Estamos ante un escenario sin precedentes en que los Ayuntamientos se quedar¨¢n sin herramientas para afrontar los desahucios, las familias quedar¨¢n desamparadas y la situaci¨®n de emergencia habitacional comportar¨¢ tasas de pobreza y exclusi¨®n m¨¢s elevadas¡±, alerta la nota.

El grupo promotor exige una ¡°reuni¨®n urgente con el president Salvador Illa para abordar la grave situaci¨®n¡±. El comunicado se?ala que la anulaci¨®n se argumenta ¡°en cuestiones competenciales¡± y apuntan que la obligaci¨®n de ofrecer alquiler social ¡°solo quedar¨ªa vigente en casos de ejecuci¨®n hipotecaria y daci¨®n en pago¡± (cuando la propiedad haya recuperado la vivienda y se haya perdonado la deuda a la familia). El comunicado celebra que la sentencia ¡°valida la cesi¨®n obligatoria de viviendas vac¨ªas desde hace m¨¢s de dos a?os de grandes tenedores que sean empresas¡±.

El fallo ¨Cdel que ha sido ponente la magistrada Mar¨ªa Luisa Segoviano, del sector progresista del Constitucional- estima como inconstitucionales los preceptos que contravienen las competencias del Estado en materia de legislaci¨®n procesal y sobre bases de las obligaciones contractuales. Tambi¨¦n anula otro precepto que incumple el art¨ªculo 25.1 de la Constituci¨®n, en el que se establece que nadie puede ser condenado o sancionado ¡°por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracci¨®n administrativa, seg¨²n la legislaci¨®n vigente en aquel momento¡±.

La ley anulada parcialmente es la 1/2022 del Parlamento de Catalu?a, que modific¨® otras tres anteriores, las 18/2007, 24/2015 y 4/2016, para afrontar la emergencia en el ¨¢mbito de la vivienda. El PP recurri¨® la norma en su totalidad, y subsidiariamente ocho de sus art¨ªculos y la disposici¨®n transitoria. La sentencia desestima la queja dirigida contra la totalidad de la Ley por motivos competenciales, si bien concluye que parte de los preceptos impugnados subsidiariamente incurren en una efectiva invasi¨®n de las competencias estatales.

El tribunal ha estimado inconstitucional, entre otros, el mencionado art¨ªculo 1.3 de la ley catalana, porque este precepto considera como ¡°incumplimiento de la funci¨®n social de la propiedad de una vivienda o un edificio de viviendas la contravenci¨®n de la obligaci¨®n de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer una demanda judicial¡± sobre desahucio. Tambi¨¦n considera que parte del art¨ªculo 12 de la ley vulnera la competencia estatal sobre legislaci¨®n procesal, al hacer ¡°extensiva la obligaci¨®n de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer determinadas demandas judiciales a cualquier acci¨®n ejecutiva derivada de la reclamaci¨®n de una deuda hipotecaria y a determinadas demandas de desahucio¡±.

Dicho art¨ªculo y la disposici¨®n adicional ¡°prev¨¦n la interrupci¨®n de los procedimientos iniciados en los que no se haya acreditado la formulaci¨®n de la oferta de alquiler social¡±, mientras que otra disposici¨®n transitoria ¡°extiende la obligaci¨®n de ofrecer el alquiler social a los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la ley¡±. Otros preceptos se declaran inconstitucionales por vulnerar la competencia estatal en materia de bases sobre las obligaciones contractuales. Por un lado, el art. 11, ¡°en el que se contempla la renovaci¨®n de los contratos de alquiler social por una sola vez cuando aquellos lleguen a su conclusi¨®n¡±. Tambi¨¦n se declara inconstitucional otra disposici¨®n que extiende la obligaci¨®n de renovar el alquiler social a los procedimientos puestos en marcha antes de la entrada en vigor de la ley. Se anula asimismo el inciso de una disposici¨®n adicional que establece la duraci¨®n del alquiler social.