El Gobierno activa el paquete de regeneraci¨®n con medidas contra la corrupci¨®n
El Consejo de Ministros aprobar¨¢ este martes la creaci¨®n de la Autoridad Independiente de Protecci¨®n del Informante y dos nuevas fiscal¨ªas especializadas en delitos econ¨®micos y contra la administraci¨®n p¨²blica
El Gobierno comienza a desplegar las medidas a las que se comprometi¨® en el plan de regeneraci¨®n democr¨¢tica. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un primer paquete con dos iniciativas con las que pretende reforzar la lucha contra la corrupci¨®n: la creaci¨®n de la Autoridad Independiente de Protecci¨®n del Informante y de dos nuevas fiscal¨ªas, una especializada en delitos econ¨®micos y la otra en delitos contra la administraci¨®n p¨²blica, han avanzado fuentes gubernamentales a EL PA?S.
El Ejecutivo, que aprob¨® en septiembre las l¨ªneas maestras del denominado Plan de Acci¨®n por la Democracia, comienza de esta forma a cumplir las medidas a las que se hab¨ªa comprometido. El plan de regeneraci¨®n propon¨ªa crear, en un plazo de dos meses y mediante un real decreto, la figura de la Autoridad Independiente de Protecci¨®n del Informante y dos nuevas unidades especializadas en la Fiscal¨ªa General del Estado para combatir la corrupci¨®n p¨²blica y la privada, ampliando la plantilla de fiscales dedicados a la investigaci¨®n y enjuiciamiento de este tipo de casos. Fuentes del Ejecutivo trasladan que la plantilla contar¨¢ con 79 nuevas plazas, aunque otras fuentes apuntan que parte de ellas ya estaban comprometidas.
La Autoridad Independiente se aprobar¨¢ en cumplimiento de la Ley 2/2023, que regula la protecci¨®n de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupci¨®n. La Autoridad ser¨¢ aut¨®noma e independiente del Gobierno y de las Administraciones y dotar¨¢ a Espa?a de un marco normativo e institucional en la lucha contra la corrupci¨®n y en la protecci¨®n de quienes informan sobre supuestas ilegalidades. La ley, aprobada en marzo de 2023, establec¨ªa un plazo de un a?o para aprobar el estatuto que regular¨¢ esta figura, pero el real decreto se ha retrasado hasta ahora.
Las denuncias por parte de funcionarios o ciudadanos se realizar¨¢n por un canal seguro. La Autoridad Independiente comprobar¨¢ la denuncia y, si procede, la remitir¨¢ a la Fiscal¨ªa. El Gobierno asegura que se mantendr¨¢ el anonimato del denunciante, pero no obstante se adoptar¨¢n medidas de protecci¨®n frente a hipot¨¦ticas represalias. Una ser¨ªa la nulidad de los actos que supongan dicha represalia, como por ejemplo un despido, as¨ª como la investigaci¨®n y sanci¨®n de supuestas conductas represoras. Este tipo de medidas se complementar¨¢n con medios de apoyo a las personas informantes: informaci¨®n y asesoramiento, asistencia jur¨ªdica y apoyo psicol¨®gico o financiero, dependiendo siempre de las necesidades de cada caso.
La ampliaci¨®n de la plantilla org¨¢nica del Ministerio Fiscal, con 79 plazas, es la otra medida que el Gobierno ha incluido dentro del plan de regeneraci¨®n democr¨¢tica. La intenci¨®n, seg¨²n fuentes del Ejecutivo, es mejorar la eficacia en la respuesta penal frente a hechos delictivos, con especial ¨¦nfasis en la lucha contra la corrupci¨®n y la violencia sobre la mujer. Dentro del compromiso por establecer nuevas estructuras contra la corrupci¨®n, se crean dos Fiscal¨ªas de Sala: una de delitos econ¨®micos y otra de delitos contra la administraci¨®n p¨²blica. Para ponerlas en marcha se crean seis nuevas plazas de fiscales (dos de fiscales de sala, la m¨¢xima categor¨ªa de la carrera, y cuatro de fiscales adscritos a estas nuevas unidades).
La unidad de delitos econ¨®micos estar¨¢ especializada en delitos fiscales y contra la Hacienda P¨²blica y la Seguridad Social. Ya hay un fiscal de sala de delitos econ¨®micos, puesto que actualmente ocupa el fiscal Fernando Rodr¨ªguez Rey, y en algunas fiscal¨ªas auton¨®micas hay tambi¨¦n fiscales especialistas en este tipo de delitos. Pero no existe una unidad como tal para unificar criterios y coordinar a todos los fiscales, que es lo que se pretende hacer ahora. La segunda unidad prevista en el plan de regeneraci¨®n se centrar¨¢ en delitos contra la administraci¨®n p¨²blica, como la malversaci¨®n, el cohecho o la prevaricaci¨®n, algunos de los tipos penales m¨¢s habituales en las causas de corrupci¨®n que tienen su origen en gobiernos auton¨®micos, provinciales y municipales.
Por otra parte, se refuerza a la Fiscal¨ªa especializada en el combate a la violencia de g¨¦nero, creando plazas de fiscales para los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Valencia, M¨¢laga, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Almer¨ªa y Dos Hermanas (Sevilla). Adem¨¢s, se fortalecer¨¢n, en paralelo al plan del Ministerio del Interior contra el narco en el estrecho de Gibraltar, los servicios de la Fiscal¨ªa en su lucha contra la delincuencia organizada en zonas como C¨¢diz y Algeciras.
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