Otra revoluci¨®n pendiente en la Justicia: ni sobres para los preparadores ni firmas para delegar el voto
El Gobierno pone en marcha una reforma legal para acabar con un sistema de acceso a la carrera judicial anclado en el pasado, con condiciones que no se dan en las oposiciones de otros funcionarios

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Un d¨ªa, al regresar de la biblioteca, descubri¨® que hab¨ªan entrado a robar en su piso de alquiler del centro de Madrid. Estaba todo revuelto, pero ella se fue flechada al caj¨®n donde estaba el sobre con los mil euros. Una chica de 30 a?os con efectivo en casa.
¨D?Pero qu¨¦ hac¨ªas con ese dinero en casa?
¨DMe lo hab¨ªa dado mi madre para pagarle al preparador.
A 200 euros el mes por 24 minutos de clase a la semana (dos d¨ªas, en sesiones de 12 minutos), el magistrado em¨¦rito y catedr¨¢tico que le preparaba la oposici¨®n en su domicilio particular ten¨ªa mucho predicamento entre los aspirantes a una plaza para ser juez o fiscal. Los futuros jueces y fiscales le pagaban en negro con toda naturalidad, la misma con la que ella hab¨ªa ido a?os atr¨¢s al despacho de un juez en activo en una audiencia provincial para cantar su tema. Tambi¨¦n all¨ª sacaba los billetes del sobre de su madre para hacer frente a los gastos de la oposici¨®n que termin¨® abandonando.
La reforma legal que el Gobierno ha puesto en marcha este martes acaba con un sistema de acceso a la carrera judicial anclado en el pasado y con condiciones que no se dan en las oposiciones de otros funcionarios del Estado. Para ser juez o fiscal, no hay que hacer un examen escrito que eval¨²e la capacidad de an¨¢lisis y redacci¨®n del aspirante ni el sistema garantiza la neutralidad a trav¨¦s del anonimato. Los miembros de un tribunal de oposiciones para futuros profesores no saben qui¨¦n es el autor del examen que est¨¢n corrigiendo pero el anonimato no existe para el caso de los jueces, a pesar de que el aspirante lleva a?os participando en un modelo con tintes clientelares en su proceso de preparaci¨®n.
La Ley Org¨¢nica del Poder Judicial se aprob¨® en 1985, pero la modernidad no ha llegado al sistema de acceso a la judicatura. Tampoco la transparencia y la igualdad de oportunidades que s¨ª que operan en otros ¨¢mbitos de la administraci¨®n. Hay generalizaciones que enervan a las asociaciones judiciales (ocurri¨® cuando Irene Montero, ministra entonces de Igualdad, acus¨® a los jueces de ¡°machismo¡± por ¡°incumplir¡± la ley del solo s¨ª es s¨ª) pero hay una realidad tozuda que d¨ªa tras d¨ªa ilustra el sesgo conservador de quienes administran la justicia en Espa?a (el interrogatorio del juez Adolfo Carretero a la actriz Elisa Moulia¨¢, denunciante en el caso de ??igo Errej¨®n, es el ejemplo m¨¢s reciente del recorrido que queda por hacer para que lo que se aprueba en el Congreso cale en los tribunales).
La ¡°democratizaci¨®n¡± de la carrera judicial es un compromiso pendiente del PSOE y Sumar, un objetivo cuyo ¨¦xito solo podr¨¢ comprobarse cuando haya pasado al menos una d¨¦cada. La reforma siembra la semilla de un nuevo modelo para el futuro, por mucho que haya quien la interprete solo como un cap¨ªtulo m¨¢s del enfrentamiento actual del poder ejecutivo y el poder judicial.
M¨¢s all¨¢ de la bronca pol¨ªtica de cada d¨ªa, solo desde el desconocimiento de c¨®mo funciona el poder judicial se puede defender que el actual modelo de acceso y organizaci¨®n no necesita una pensada. Solo un ejemplo m¨¢s: la elecci¨®n de las salas de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores de justicia. En esos ¨®rganos se toman las decisiones administrativas y cada cinco a?os se presentan candidaturas para elegir su composici¨®n. La nueva ley establece como novedad que se pueda votar de forma telem¨¢tica, una f¨®rmula avalada por un informe t¨¦cnico del Consejo General del Poder Judicial y al que se opusieron los jueces conservadores que controlan la mayor¨ªa de las salas a trav¨¦s de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura. ?Por qu¨¦? Porque el sistema les perpet¨²a en el poder. Se lo explic¨® as¨ª un juez a la periodista de EL PA?S Reyes Rinc¨®n: ¡°La votaci¨®n est¨¢ puesta en un sito que te puede coger a 200 kil¨®metros, y es en d¨ªa laborable, por lo que se suele votar por correo. Pero es m¨¢s c¨®modo d¨¢rselo a un compa?ero para que lo gestione ¨¦l, sobre todo cuando el compa?ero viene a tu despacho y te lo pide. Y a lo mejor ese compa?ero es el presidente de la Audiencia Provincial donde ejerces¡±.
Ni esto ni el pago al preparador con un sobre de dinero que no consta en ning¨²n sitio son pr¨¢cticas que se correspondan con una Justicia equiparable al funcionamiento de las administraciones en Espa?a. La independencia del poder judicial peligra, sin duda, cuando hay una injerencia directa de los responsables pol¨ªticos, pero tambi¨¦n cuando se administra desde una suerte de coto privado, porque as¨ª lo propicia el sistema de acceso a la carrera y el funcionamiento del ascensor dentro de ella. Se abre un debate interesante con esta ley que empieza ahora su andadura.
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