De denunciante a investigada: c¨®mo una ONG que ayudaba a familias de fallecidos en el mar acaba en el centro de la trama

En abril de 2023, Mari ?ngeles C. se sent¨® frente al ordenador para enviar un email a la Guardia Civil y poner a los agentes sobre la pista de un caso que marcar¨¢ un antes y un despu¨¦s en c¨®mo deben identificarse los cad¨¢veres de las pateras. La mujer, fundadora de una supuesta ONG, el Centro Internacional para la Identificaci¨®n de Migrantes Desaparecidos (CIPIMD), contaba que hab¨ªa otra organizaci¨®n, con la que rivaliza, y otros intermediarios que mostraban fotos de inmigrantes fallecidos a sus familias con la intenci¨®n de identificarlos y mediar en su repatriaci¨®n. Destacaba Mari ?ngeles el ¡°da?o devastador¡± que causaba a los familiares ver a sus seres queridos en avanzado estado de descomposici¨®n. La alerta surti¨® efecto inmediato y desemboc¨® en una investigaci¨®n que ha destapado una supuesta trama transnacional que se valdr¨ªa de las im¨¢genes de fallecidos para hacer negocio despu¨¦s con las repatriaciones de sus cuerpos. Pero la acusaci¨®n de aquel email se ha vuelto en su contra y ha revelado c¨®mo Mari ?ngeles, con la ayuda de guardias civiles, polic¨ªas y otros aliados, estar¨ªa supuestamente sustentando su ONG con las mismas pr¨¢cticas que ella denunci¨®.

El caso se destap¨® en marzo de 2024, aunque las familias y las activistas que apoyan a los inmigrantes llevaban a?os denunciando abusos y fraudes por parte de facilitadores y de la ONG de Mari ?ngeles. Desde 2021, EL PA?S ha entrevistado a media docena de parientes que contaron c¨®mo el CIPIMD se aprovech¨® de su desesperaci¨®n para arrancarles donativos a cambio de gestiones e informaci¨®n privilegiada ¡ªy no siempre fiable¡ª para encontrar a sus fallecidos. A pesar del malestar creciente, hay muchas familias agradecidas porque lograron identificar a sus seres queridos y esta organizaci¨®n se convirti¨® r¨¢pidamente en referente gracias a la informaci¨®n privilegiada que manejaba.

Tras la identificaci¨®n entraban en el juego varias funerarias que vieron un boyante negocio en la repatriaci¨®n de cientos de personas que mueren cada a?o en el mar. La supuesta trama, que trabajaba sobre todo con v¨ªctimas marroqu¨ªes y argelinas, hab¨ªa normalizado el intercambio de fotos de cuerpos en descomposici¨®n. Tambi¨¦n el pago de mordidas y comisiones a cualquiera que ayudase a hacerse con un nuevo cliente. Seg¨²n el juez, los miembros de esta red se habr¨ªan nutrido de atestados, informes de organismos oficiales, fotograf¨ªas, ubicaciones, certificados m¨¦dicos aparentemente falsificados... Todo para crear un ¡°procedimiento paralelo de identificaci¨®n¡±, sin cumplir con la legalidad, ni las autorizaciones, ni los plazos pertinentes, y a espaldas de la administraci¨®n. Cada cad¨¢ver reportaba entre 3.500 y 6.000 euros, seg¨²n la investigaci¨®n.

Casi un a?o despu¨¦s de llegar al juzgado, la instrucci¨®n se ha extendido en todas direcciones, tambi¨¦n hacia el origen de la denuncia. El juez ya hab¨ªa puesto la mira en el CIPIMD, pero solo hab¨ªa imputado a Francisco C., voluntario de la ONG en Almer¨ªa y subordinado de Mari ?ngeles. Hasta que este habl¨®.

En su declaraci¨®n, Francisco, que vive con sus padres y vende baratijas por internet, neg¨® que se enriqueciese con su trabajo, pero s¨ª reconoci¨® que consegu¨ªa fotos de cad¨¢veres y que se las mostraba a las familias. El investigado, eso s¨ª, insisti¨® en todo momento en que la informaci¨®n que ten¨ªa era gracias a los contactos de Mari ?ngeles y bajo su supervisi¨®n. ¡°La Guardia Civil mandaba las fotos a mi jefa¡±, afirm¨® ante el juez. Las im¨¢genes de los fallecidos no solo se enviaban a los familiares, sino que, en varias ocasiones, se hicieron p¨²blicas. EL PA?S detect¨® m¨²ltiples publicaciones en redes sociales en la p¨¢gina de la ONG y la de Francisco, con decenas de miles de seguidores, que mostraban cuerpos y restos humanos de personas fallecidas en el mar.

Con estos indicios, el juez decidi¨® formalizar la imputaci¨®n de Mari ?ngeles por presuntos delitos de descubrimiento y revelaci¨®n de secretos y por otros dos delitos contra la libertad de conciencia y respeto a los difuntos. El magistrado, que ya hab¨ªa imputado a un polic¨ªa y a un guardia civil, ahonda ahora sobre qui¨¦nes eran los otros guardias civiles que enviaban informaci¨®n y fotograf¨ªas a la responsable de esta ONG con la que manten¨ªan una colaboraci¨®n extraoficial. Fuentes vinculadas al caso rebaten el convencimiento del juez de que la extraoficialidad signifique ilegalidad y est¨¢n convencidas de que la causa decaer¨¢.

En un auto al que ha tenido acceso EL PA?S, el juez justifica la imputaci¨®n a la alto cargo de la ONG: ¡°Resulta evidente que la hasta ahora testigo y presidenta del CIPIMD debe ser considerada formalmente como investigada¡±. Seg¨²n el magistrado, el material analizado, en el que se incluyen intervenciones telef¨®nicas, ¡°evidencian¡± que Mari ?ngeles no solo conoc¨ªa las actividades de su subordinado, sino que adem¨¢s le presume ¡°la direcci¨®n y coordinaci¨®n del env¨ªo masivo de atestados, informes policiales, fotograf¨ªas de cad¨¢veres completas y documentaci¨®n de los IML [Instituto M¨¦dico Legal]¡±. Seg¨²n el juez, el prop¨®sito de la investigada no era el de ¡°ayudar a las familias de los fallecidos de forma desinteresada¡±, sino el de ¡°lucrarse mediante la entrega de esa informaci¨®n tan valiosa a funerarias cercanas que presuntamente ¡®agradecer¨ªan¡¯ los servicios prestados mediante pagos en [el servicio de transferencias instant¨¢neas] Bizum o regalos varios¡±.

La imputaci¨®n de Mari ?ngeles tiene otra derivada y es esclarecer cu¨¢l era su relaci¨®n con los institutos anat¨®mico-forenses. Por un lado, el juez investiga al entonces director del Instituto de Medicina Legal (IML) de Murcia, Rafael B., que ejerci¨® de asesor en el Ministerio de Justicia hasta el pasado octubre. Seg¨²n las pesquisas, Rafael comparti¨® con Mari ?ngeles Informaci¨®n ¡°reservada, sensible y de car¨¢cter oficial¡±. Rafael, seg¨²n el auto, tambi¨¦n autoriz¨® que el IML entregase kits de identificaci¨®n por ADN a personal ¡°no cualificado de la ONG¡± que se desplazaban a pa¨ªses del Magreb para tomar muestras a las familias ¡°con ignorada cualificaci¨®n y cadena de control y custodia¡±. El juez presupone tambi¨¦n que el funcionario recib¨ªa instrucciones de la directora de la ONG para que ¡°intermediara¡± con otros directores de IML para que ¡°colaborasen¡± con la organizaci¨®n y aportasen informaci¨®n y fotograf¨ªas al margen de las autorizaciones judiciales necesarias. Rafael ha recurrido su citaci¨®n como investigado ante la Audiencia Provincial. Su defensa entiende que el juez est¨¢ haciendo una investigaci¨®n prospectiva [que no contemplan un hecho delictivo, sino que se basa en suposiciones o hip¨®tesis], prohibida por ley.

Mari ?ngeles no ha querido responder a EL PA?S sobre su imputaci¨®n. Preguntada en junio del a?o pasado sobre cu¨¢l era la diferencia entre los hechos que ella denunci¨® y lo que hac¨ªa su ONG, la investigada neg¨® haber compartido fotograf¨ªas de cad¨¢veres con las familias, as¨ª como su publicaci¨®n en redes. ¡°La emplazamos a mand¨¢rnoslas¡±, conmin¨® antes de asegurar que su organizaci¨®n estaba fuera del procedimiento. Tras enviarle las fotos que muestran que su ONG s¨ª compart¨ªa fotos de fallecidos en las redes sociales, EL PA?S volvi¨® a preguntarle en octubre sobre su reciente imputaci¨®n. Mari ?ngeles neg¨® tener constancia de ella.