Un ex alto cargo de la Junta andaluza obtiene 3,3 millones por la expropiaci¨®n de un terreno que le cost¨® 36.000 euros

El ex alto cargo de la Junta andaluza Luis Garc¨ªa Navarro, consejero del Consejo Consultivo y hasta el pasado marzo n¨²mero tres de la Consejer¨ªa de Justicia ha logrado un beneficio de 3,3 millones tras forzar la expropiaci¨®n de un terreno r¨²stico y luego recalificado como urbano por el Ayuntamiento de Pe?aflor (Sevilla). El padre de Garc¨ªa Navarro compr¨® la finca en 1992 por 36.000 euros y su hijo ha multiplicado ahora el valor de su finca 93 veces tras un pleito que ha durado 24 a?os y que a¨²n no ha culminado. Todav¨ªa est¨¢ en el aire una reclamaci¨®n del alto cargo de 647.647 euros por intereses de demora, que si es atendida elevar¨ªa sus plusval¨ªas hasta los 4.015.791 euros. Es decir, 111 veces m¨¢s que el precio original de compra.

El beneficio econ¨®mico del abogado ha sido el fin de un proceso contencioso-administrativo iniciado en 1999 y que ahora ha ganado y le ha reportado dos ingresos: uno por 860.346 euros pagado el pasado junio por la Junta de Andaluc¨ªa -para la que trabaj¨® el a?o pasado- por el retraso en fijar un justiprecio a la expropiaci¨®n de su finca; y otro por 2,5 millones que ha pagado el Consistorio de Pe?aflor a su esposa, Lourdes Fuster, n¨²mero tres de la Consejer¨ªa de Presidencia, a la que Garc¨ªa Navarro don¨® el terreno en 2021.

Ninguno de los abogados tiene reflejados estos ingresos en su declaraci¨®n de bienes del Portal de Transparencia de la Junta. Un portavoz de la Junta asegura que el capital no est¨¢ reflejado porque fue transferido a una de las sociedades de Fuster, no a su cuenta corriente. Garc¨ªa Navarro manifiesta tener 6.556 euros en sus cuentas bancarias y Fuster, secretaria general de Interior del Ejecutivo auton¨®mico, 18.528 euros. Ambos est¨¢n casados en separaci¨®n de bienes. ¡°El dinero lo tengo, pero no es m¨ªo. ?C¨®mo voy a disponer de ese dinero hasta que no liquide?¡±, alega el jurista. Garc¨ªa Navarro aduce que dado que Adif le reclama en un pleito civil 11.000 metros cuadrados de la finca expropiada y atravesada por las v¨ªas del tren, con un total de 25.000 metros cuadrados, la indemnizaci¨®n podr¨ªa verse reducida de manera considerable. Garc¨ªa Navarro fue hasta el pasado marzo secretario general de Infraestructuras Judiciales, Modernizaci¨®n Digital y Regeneraci¨®n de la Junta. Antes, ¨¦l y Fuster fueron abogados del PP en el caso ERE, en el que representaron la acusaci¨®n popular.

En 1997 el Ayuntamiento de Pe?aflor (3.648 habitantes) decidi¨® expropiar la finca, al borde del r¨ªo Guadalquivir, al cambiar el planeamiento para levantar un parque urbano. Dado que el Consistorio no ejecutaba su decisi¨®n para indemnizarle por el terreno, Garc¨ªa Navarro reclam¨® a la justicia en 2002 que le obligara a mover ficha y el pleito se ha resuelto este a?o.

La sentencia ha provocado un enorme agujero econ¨®mico al peque?o Ayuntamiento sevillano superior a su presupuesto anual (2,4 millones) y que este acabar¨¢ de pagar dentro de 20 a?os gracias a un cr¨¦dito bancario. ¡°Se ha paralizado la compra de terrenos para la residencia de ancianos, con 60 plazas y muy demandada, adem¨¢s del yacimiento arqueol¨®gico de la ciudad romana Celti y su centro de interpretaci¨®n. La oficina de turismo no sabemos si seguir¨¢ abierta¡±, lamenta el alcalde, Jos¨¦ Ruiz (IU). ¡°Estamos endeudados al m¨¢ximo. Imagine una sentencia de 1.000 millones para la ciudad de Sevilla, tendr¨ªa que venir el Estado a rescatarla¡±, compara. Hasta ahora, la deuda municipal ascend¨ªa a 156.000 euros y pasar¨¢ a dispararse previsiblemente hasta los 3,1 millones. En Pe?aflor Izquierda Unida cuenta con 8 concejales y el PSOE con 2.

Sobre el terreno, entre las v¨ªas del tren y un deprimido r¨ªo Guadalquivir que a la altura de Pe?aflor el pasado viernes apestaba y se pod¨ªa atravesar andando, destaca la antigua f¨¢brica de harina, una mole de seis plantas en ruinas. A su lado, el tronco de una palmera descabezada, comida por una plaga, y por la que el Consistorio pag¨® 2.502 euros. Otras cuatro palmeras, abonadas al mismo precio, desaparecieron hace a?os. Para el catastro, el valor del terreno son 24.000 euros.

El padre de Garc¨ªa Navarro compr¨® la finca en 1992, cuando este era concejal por el PP en la oposici¨®n. En 1997 el alcalde socialista Mois¨¦s Ruiz recalific¨® el suelo como urbano y el planeamiento urban¨ªstico municipal ubic¨® all¨ª un parque al borde del Guadalquivir. Cinco a?os despu¨¦s, como el Ayuntamiento no mov¨ªa ficha y no le expropiaba la finca, el abogado solicit¨® a la justicia la expropiaci¨®n forzosa de su suelo. Ante el silencio administrativo, Garc¨ªa Navarro reclam¨® 5 millones como compensaci¨®n por la falta de aprovechamiento de su finca.

En 2015 la Comisi¨®n Provincial de Valoraciones de la Junta fij¨® el justiprecio por expropiaci¨®n forzosa en 747.723 euros. El letrado recurri¨® dicha valoraci¨®n econ¨®mica ante la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa y la Sala Cuarta del Tribunal Superior de Justicia andaluz (TSJA) con sede en Sevilla, le dio la raz¨®n y en 2019 multiplic¨® su valoraci¨®n por tres hasta los 2,5 millones. Mientras, el Supremo no admiti¨® el recurso del Consistorio para que se pronunciara en ¨²ltima instancia.

Tras un incidente de ejecuci¨®n, en enero de 2022 los magistrados resolvieron que el Consistorio deb¨ªa pagarle al abogado del PP en el plazo de un mes. Entonces el Ayuntamiento present¨® un plan de pagos con 1,8 millones en met¨¢lico y el 25% del capital en daci¨®n de bienes, pero los jueces rechazaron la propuesta y amenazaron al alcalde con multarle de manera diaria y actuar contra su patrimonio particular, para as¨ª asegurarse el pago inmediato por transferencia bancaria.

M¨¢s adelante, el pasado septiembre, el Ayuntamiento pag¨® el 75% de la indemnizaci¨®n y en diciembre el 25% restante, dinero que finalmente cobr¨® Fuster tras la donaci¨®n de su marido efectuada un a?o antes. ¡°Es el pleito de mi vida, que ocupa 24 a?os de los 30 que llevo en ejercicio¡±, resume Garc¨ªa Navarro. El ep¨ªlogo del caso es la reclamaci¨®n que ha interpuesto Fuster para cobrar los intereses de demora, que cifra en 647.647 euros. El Ayuntamiento ha rebajado la cuant¨ªa en unos 40.000 euros por una discrepancia de fechas y ahora los magistrados est¨¢n pendientes de decidir al respecto. Dados los precedentes procesales, parece claro que el Consistorio abonar¨¢ antes o despu¨¦s tambi¨¦n esos intereses, por lo que la ganancia de la pareja de abogados rondar¨¢ los cuatro millones.

Sin embargo, pese a su pronta finalizaci¨®n, hay varios aspectos paralelos al pleito pendientes de aclararse. Para empezar, la cuant¨ªa de 3,3 millones pagada a Fuster se puede ver reducida a casi la mitad si prospera el pleito civil que Adif ha interpuesto para el reconocimiento de 11.000 metros cuadrados de la parcela, que consta de 25.000 metros cuadrados. Al respecto decidir¨¢ el Juzgado de Primera Instancia 3 de Sevilla, pero el recorrido se antoja largo y se resolver¨¢ previsiblemente dentro de varios a?os.

Garc¨ªa Navarro defiende que tras la compra inicial de la finca con 14.683 metros cuadrados, la escritura fue posteriormente corregida y ampliada hasta cubrir el total de 25.000 metros. En la acera de enfrente, el Ayuntamiento ha subrayado todos estos a?os que en el registro de la propiedad constan solo 14.683 metros a nombre del letrado, lo que reducir¨ªa a casi la mitad su indemnizaci¨®n. Los jueces han desechado los argumentos del Consistorio y alegan que esta discusi¨®n sobre el tama?o de la finca debe dilucidarse en la jurisdicci¨®n civil, no en la contencioso-administrativa.

¡°La Junta pag¨® a Garc¨ªa Navarro 387.752 euros por terrenos expropiados que no son suyos (...) Es inexplicable que los jueces, sabiendo que hay un dominio p¨²blico hidr¨¢ulico, obligaran a indemnizar¡±, critican fuentes de Izquierda Unida. El abogado sostiene que los registros catastrales avalan que los 25.000 metros cuadrados le pertenecen.

El registro de la propiedad refleja que la finca de Garc¨ªa Navarro posee 14.683 metros cuadrados, mientras que el catastro menciona una escritura que rectifica los linderos y ampl¨ªa la propiedad del letrado hasta las siete hect¨¢reas, incluidos los 25.000 metros cuadrados en los que se basa la sentencia del TSJA y que propicia la ganancia de 3,3 millones. ¡°El catastro es quien goza de presunci¨®n de veracidad respecto de la realidad f¨ªsica del inmueble¡±, argumenta Garc¨ªa Navarro. En cualquier caso, la cuesti¨®n se resolver¨¢ en la jurisdicci¨®n civil. Adif ha rechazado opinar al respecto.

La superficie de una finca viene determinada por la capacidad del due?o para demostrar ante terceros dicha extensi¨®n, explican fuentes jur¨ªdicas. En el ¨¢mbito rural, hay muchas propiedades cuya extensi¨®n real no figura ni en el registro ni el catastro, a?aden dichas fuentes.

El terreno donde en un futuro lejano podr¨ªa construirse el parque municipal ¡°invade el dominio p¨²blico hidr¨¢ulico y las zonas de protecci¨®n del Guadalquivir¡±, seg¨²n estim¨® hace dos a?os la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir en un informe. Pero este terreno inundable no est¨¢ definido porque el organismo del Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica no ha efectuado un deslinde de la zona. Incluso si este deslinde se ejecutara ma?ana, esta declaraci¨®n oficial no afectar¨ªa a la sentencia firme sobre la expropiaci¨®n del terreno, solo reducir¨¢ las posibilidades del Ayuntamiento para que alg¨²n d¨ªa se convierta en un parque p¨²blico.