La judicializaci¨®n de la pol¨ªtica

Sin divisi¨®n de poderes no hay democracia. Sobre ella se articula el control de los abusos de poder. Y la democracia se erosiona cuando el equilibrio entre poderes se rompe. El ejecutivo y el legislativo emanan directamente de la voluntad popular, del voto de la ciudadan¨ªa, a pesar de los poderosos intermediarios que operan entre ellos y los votantes, desde imponentes grupos de intereses hasta unos sistemas comunicacionales que crecen en potencia y capacidad de desinformaci¨®n. El poder judicial se configura por caminos m¨¢s opacos, con una importante componente corporativista.

Toda pretensi¨®n de un poder de imponerse sobre los dem¨¢s es letal para la democracia. Las mayor¨ªas parlamentarias pretenden ejercer control sobre el poder judicial a partir de la intervenci¨®n en los procesos de configuraci¨®n de sus jerarqu¨ªas. Y el que gobierna tiende a dar por supuesto que el poder judicial debe ser sensible a su autoridad, del mismo modo que la oposici¨®n pol¨ªtica busca en el poder judicial atajos en su carrera hacia la conquista del poder. Si adem¨¢s hay poderes contramayoritarios que especulan con estas contradicciones a favor de sus intereses, la cosa se pone extraordinariamente fea. En todos los pa¨ªses encontraremos ejemplos de los intentos de un poder para hacer suyo a otro. La era Trump ofrece abundantes ejemplos de c¨®mo el presidente usa el poder judicial en beneficio propio. Y, sin ir tan lejos, Macron quiz¨¢s no ser¨ªa hoy presidente de Francia si en vigilias de las elecciones un tribunal no hubiese actuado contra la esposa de Fran?ois Fillon por unas acusaciones que despu¨¦s han tenido recorrido limitado. No es, sin embargo, de la misma naturaleza la ca¨ªda del presidente Rajoy. La moci¨®n de censura que lo tumb¨® no fue por una actuaci¨®n judicial contra ¨¦l sino por una serie de sentencias que corroboraron la corrupci¨®n estructural del PP, sin que el presidente y m¨¢ximo responsable del partido asumiera sus responsabilidades pol¨ªticas. Y esta fue la raz¨®n de su ca¨ªda.

El debate pol¨ªtico en Espa?a ha regresado a las descalificaciones e insultos, un ejercicio impropio de la situaci¨®n de emergencia que vive el pa¨ªs. Y que no ayuda en absoluto a la reputaci¨®n de una clase pol¨ªtica ya de por s¨ª muy desprestigiada. La estrategia, que viene ya de lejos, de la derecha de acudir al juzgado de guardia para dirimir cuestiones estrictamente pol¨ªticas o el desencuentro entre el ministro Marlaska y algunos mandos de la Guardia Civil, si adquieren relevancia es por el marco de judicializaci¨®n en que la pol¨ªtica espa?ola est¨¢ instalada. Y no hay indicio alguno de que se quiera afrontar esta deformaci¨®n que va camino de ser sist¨¦mica.

El principio de divisi¨®n de poderes deber¨ªa impedir que un poder entrara en el terreno del otro por cuestiones que no le corresponden. Y as¨ª como el poder pol¨ªtico no debe condicionar las decisiones de los tribunales, el poder judicial no deber¨ªa intervenir en el normal quehacer de las decisiones pol¨ªticas. Su actuaci¨®n debe responder a indicios racionales de delito, no a la valoraci¨®n y el control de las decisiones pol¨ªticas que corresponde al parlamento. Para la derecha todo lo que no le gusta es de juzgado de guardia. Vox no tiene otra pol¨ªtica y el PP cada vez se siente m¨¢s atra¨ªdo por sus formas y sus m¨¦todos. Y as¨ª se judicializa la pol¨ªtica hasta el punto de que es leg¨ªtimo preguntarse si el judicial es hoy el poder hegem¨®nico en Espa?a.

Rajoy tuvo cinco a?os (2012-2017) para afrontar pol¨ªticamente la cuesti¨®n catalana y acab¨® subrogando su responsabilidad al poder judicial, con la complicidad del PSOE. Y tuvimos as¨ª un gran juicio por un conflicto pol¨ªtico, lo que en democracia siempre es un fracaso. La tendencia sigue y la derecha quiere discutir en los juzgados la respuesta a la pandemia del coronavirus en vez de buscar un espacio compartido para afrontar la triple crisis que tenemos por delante: sanitaria, econ¨®mica y educativa. La ciudadan¨ªa se debate entre el miedo y la necesidad de recuperar derechos y volver a una vida social digna de este nombre, con una quiebra econ¨®mica debajo de sus pies, mientras los partidos pol¨ªticos se pelean entre amenazas de ir al juzgado de guardia. La derecha encuentra territorio f¨¦rtil para esta pat¨¦tica estrategia en un poder judicial conservador por naturaleza y montado sobre un sistema de oposiciones de sesgo corporativo y hereditario.