La Generalitat prepara la concesi¨®n del tercer grado a los presos del ¡®proc¨¦s'

El departamento de Justicia de la Generalitat revisar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas la clasificaci¨®n penitenciaria en la que se encuentran los nueve presos del proc¨¦s condenados por el Tribunal Supremo por sedici¨®n y malversaci¨®n a penas de entre nueve y 13 a?os de c¨¢rcel tras el refer¨¦ndum del 1 de octubre de 2017. Fuentes jur¨ªdicas conocedoras del proceso aseguran que las juntas de tratamiento de las c¨¢rceles donde est¨¢n los presos propondr¨¢n la clasificaci¨®n en tercer grado para todos y que la medida ser¨¢ avalada despu¨¦s por la Secretar¨ªa de Medidas Penales y Alternativas, como ocurre en el 95% de los casos.

Los nueve presos ya disfrutan desde hace tres meses de un r¨¦gimen flexible de cumplimiento de cumplimiento de las penas en aplicaci¨®n del art¨ªculo 100.2 del reglamento penitenciario, lo que les permite pasar el d¨ªa fuera de la c¨¢rcel para trabajar o hacer labores de voluntariado y regresar a dormir, a pesar de que est¨¢n clasificados en segundo grado.

Sin embargo, ahora pasan el fin de semana en prisi¨®n, algo que desaparecer¨ªa con el tercer grado, de manera que, si se confirma esa situaci¨®n, podr¨ªan abandonar la c¨¢rcel el viernes por la ma?ana y regresar el domingo por la noche. Incluso podr¨ªa darse el caso de que ni siquiera tengan que acudir a la prisi¨®n a dormir, sino que lo hicieran en un centro abierto o un piso de la Generalitat, en funci¨®n de la concreci¨®n del r¨¦gimen abierto que hagan las juntas de tratamiento. El tercer grado implica, adem¨¢s, la posibilidad de disfrutar de un m¨¢ximo de 48 d¨ªas de permiso ordinario al a?o, distribuidos en dos semestres. Como m¨¢ximo, siete d¨ªas seguidos por permiso.

La Fiscal¨ªa ha recurrido en todos los casos la aplicaci¨®n del art¨ªculo 100.2 a los nueve condenados por considerarlo que era un tercer grado encubierto, pero, tambi¨¦n en todos los casos, los juzgados de vigilancia penitenciaria han avalado la decisi¨®n de la Generalitat, que ha vuelto a ser impugnada ante las audiencias provinciales por el ministerio p¨²blico. Ese recurso no tiene efectos suspensivos, por lo que los presos siguen disfrutando de la semilibertad.

Si finalmente se les concediese el tercer grado penitenciario la situaci¨®n cambiar¨ªa y la ¨²ltima palabra la tendr¨¢ el Tribunal Supremo, que fue el tribunal sentenciador, si es que la Fiscal¨ªa volviese a recurrir. En el tramo final del juicio el ministerio p¨²blico reclam¨® a los jueces que hicieran uso de la facultad que les otorga el art¨ªculo 36.2 del C¨®digo Penal y acordasen en la sentencia que la clasificaci¨®n en tercer grado no podr¨ªa realizarse hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. La sala presidida por Manuel Marchena rechaz¨® la petici¨®n.

A finales del pasado mes de marzo, cuando se llevaban dos semanas del estado de alarma, la Generalitat estudi¨® la posibilidad de enviar a los nueve presos a sus domicilios mientras durase la crisis sanitaria. El intento qued¨® en nada despu¨¦s de que el Tribunal Supremo advirtiese que actuar¨ªa penalmente contra los funcionarios de las juntas de tratamiento que avalasen esa decisi¨®n por un posible delito de prevaricaci¨®n.

Tras hacerse p¨²blica la sentencia el pasado 14 de octubre, los sectores m¨¢s recalcitrantes del independentismo exigieron al departamento de Justicia, liderado por la consejera Ester Capella (Esquerra Republicana), que se clasificara a los presos en tercer grado, pero esta aguant¨® las prisiones y reclam¨® respeto a las decisiones de las juntas de tratamiento de las c¨¢rceles.

Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat y presidente de ERC, es el pol¨ªtico que cumple la condena m¨¢s elevada (13 a?os), seguido de los exconsejeros Ra¨¹l Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (12 a?os). En el caso de Carme Forcadell, presidenta del Parlament cuando se declar¨® la independencia en octubre de 2017, la pena fue de 11 a?os y medio.

Aunque el reglamento penitenciario es muy flexible y deja lugar a interpretaciones por parte de las juntas de tratamiento, muchos abogados solicitan el tercer grado penitenciario para su cliente cuando ya ha cumplido una cuarta parte de la condena. Esta circunstancia ya ser¨ªa de aplicaci¨®n a los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull, condenados a penas de diez a?os y medio de c¨¢rcel, mientras que a Jordi Cuixart y Jordi S¨¤nchez les impusieron nueve a?os. Los Jordis fueron los primeros en entrar en prisi¨®n preventiva el 16 de octubre de 2017 por decisi¨®n de la Audiencia Nacional y unos d¨ªas despu¨¦s, el 2 de noviembre, lo hicieron el resto de acusados.

Todos los hombres est¨¢n ingresados en la c¨¢rcel de Lledoners, en el municipio barcelon¨¦s de Sant Joan de Vilatorrada, mientras que la exconsejera Bassa est¨¢ internada en el centro de Puig de les Basses, en Figueres (Girona), y Carme Forcadell, en la c¨¢rcel de mujeres barcelonesa de Wad-Ras.

La expresidenta del Parlament solicit¨® el cambio de prisi¨®n hace apenas dos semanas despu¨¦s de conocerse que el juzgado de vigilancia penitenciaria de Lleida hab¨ªa enviado al Tribunal Supremo el recurso de apelaci¨®n interpuesto por la Fiscal¨ªa y que en teor¨ªa deber¨ªa haber resuelto la audiencia provincial. El cambio se interpret¨® como un intento de Forcadell de evitar el pronunciamiento del alto tribunal, que a¨²n no ha resuelto el caso.