La Generalitat confirma la semilibertad para los presos del ¡®proc¨¦s¡¯
El departamento de Justicia ha avalado la decisi¨®n de las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas
El departamento de Justicia de la Generalitat ratific¨® ayer el tercer grado penitenciario para los nueve presos del proceso independentista catal¨¢n en l¨ªnea con lo que aprobaron las juntas de tratamiento de las diferentes c¨¢rceles en las que cumplen condena. La semilibertad de los presos podr¨¢ ser recurrida en ¨²ltima instancia ante el Tribunal Supremo, que es quien dict¨® penas de entre ocho y 13 a?os de prisi¨®n para los dirigentes independentistas. La Fiscal¨ªa ya hab¨ªa anunciado que recurrir¨ªa esa decisi¨®n si se produc¨ªa y sostuvo que la interposici¨®n del recurso paralizar¨ªa la progresi¨®n de grado, algo que no comparten las defensas.
La medida afecta al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, a los exconsejeros Ra¨¹l Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Joaquim Forn. Tambi¨¦n quedar¨¢n en semilibertad la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los activistas Jordi S¨¤nchez y Jordi Cuixart. Todos ellos solo tendr¨¢n que ir a dormir a prisi¨®n de lunes a jueves. Podr¨¢n salir durante el d¨ªa y estar en casa el fin de semana. Ahora, las juntas de tratamiento de cada uno de los centros penitenciarios en los que cumplen condena los presos establecer¨¢n las fechas a partir de las que se les aplicar¨¢ la semilibertad.
La ley establece que el Servicio de Clasificaci¨®n del departamento de Justicia tiene que trasladar sus resoluciones a la Fiscal¨ªa, que las puede recurrir ante el juzgado de vigilancia penitenciaria pertinente. Sin embargo, la Generalitat defiende que el tercer grado se aplicar¨ªa mientras no haya una resoluci¨®n contraria de los tribunales. La Fiscal¨ªa, que ya ha anunciado que recurrir¨¢ la medida, insiste en que su recurso debe paralizar la puesta en libertad en virtud de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial.
Las defensas de los acusados sostienen lo contrario y la clave es la interpretaci¨®n que se d¨¦ a una disposici¨®n de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ) que establece que cuando el fiscal recurre en apelaci¨®n el cambio de grado de un penado, ese recurso tendr¨¢ ¡°efecto suspensivo¡± e impedir¨¢ la puesta en libertad del condenado si se dan dos requisitos: que la decisi¨®n que se recurra implique ¡°excarcelaci¨®n¡± del interno y que se trate de delitos graves. Un delito es grave a partir de condenas de cinco a?os de c¨¢rcel, por lo que este requisito lo cumplen todos los condenados. En cuanto al concepto de excarcelaci¨®n, algunos tribunales entienden que cualquier tercer grado es excarcelaci¨®n. Otro punto que se presta a interpretaci¨®n es si la presentaci¨®n de recurso, por s¨ª misma, ya genera suspensi¨®n.
El ministerio p¨²blico presentar¨¢ el recurso en primera instancia ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y, si este no lo revoca, lo har¨¢ ante el Tribunal Supremo, que es el que tendr¨¢ la ¨²ltima palabra al haber juzgado y sentenciado a Oriol Junqueras y al resto de los acusados. El fiscal ya se opuso a la flexibilizaci¨®n del r¨¦gimen penitenciario de los presos con el art¨ªculo 100.2 de la legislaci¨®n penitenciaria, que les permite salir a diario ¡ªde lunes a viernes¡ª para realizar tareas de voluntariado. El recorrido de aquel recurso finaliz¨® en la Audiencia de Barcelona. Sin embargo, el que con toda probabilidad se plantear¨¢ ante el Supremo lo argumentar¨¢n los fiscales que intervinieron en el juicio, que la semana pasada pidieron al alto tribunal que revisara el 100.2 al considerarlo ¡°un tercer grado encubierto¡±, seg¨²n la agencia Efe.
Carlos Rojas, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, reaccion¨® a la noticia de la progresi¨®n de grado de los presos independentistas exigiendo al Gobierno de Pedro S¨¢nchez que ¡°mueva ficha¡± ante el ¡°esc¨¢ndalo¡± y el ¡°atropello¡± que en su opini¨®n supone la concesi¨®n del tercer grado penitenciario. A?adi¨®, en unas declaraciones en la C¨¢mara, que la decisi¨®n de la Generalitat supone una ¡°impunidad de facto¡±, ¡°la ruptura de la seguridad jur¨ªdica¡± y una ¡°afrenta al principio de igualdad de todos los espa?oles¡±. Rojas a?adi¨® que ¡°nunca se ha concedido un tercer grado¡± antes de que pase un a?o de la sentencia y menos en un caso de condenas por sedici¨®n con penas que para algunos llegan a los 13 a?os.
Para la consejera de Justicia de la Generalitat, Esther Capella, no es cierto que el tercer grado sea la concesi¨®n de la libertad porque ¡°es cumplimiento de la condena¡±. ¡°Ni m¨¢s derechos, ni menos derechos que nadie¡±, a?adi¨® al ser preguntada por la progresi¨®n de grado de los presos independentistas. En parecidos t¨¦rminos se expres¨® Carme Forcadell en las redes sociales: ¡°No es semilibertad, la libertad es o no es y nosotros, los presos y presas, no la tenemos. El tercer grado no es libertad, sino el cumplimiento de la condena¡±.
Bajo riesgo de reincidencia
M¨¢xima colaboraci¨®n y riesgo bajo de reincidencia Para conceder el r¨¦gimen abierto a los presos independentistas, Justicia ha valorado que todos han participado en actividades de ¡°razonamiento, juicio cr¨ªtico y resoluci¨®n de conflictos¡±. Tambi¨¦n se ha tenido en cuenta la ¡°m¨¢xima colaboraci¨®n¡± durante la estancia en prisi¨®n en su relaci¨®n con el resto de los internos y con los profesionales penitenciarios. Otra circunstancia que ha sido valorada por el Servicio de Clasificaciones es que ninguno de los condenados ha tenido expedientes disciplinarios ni incumplimientos judiciales. Tambi¨¦n se ha tenido en cuenta que disponen de una red social y familiar favorable a la rehabilitaci¨®n y que su pron¨®stico de reincidencia es bajo. El mismo servicio recuerda que la ley org¨¢nica penitenciaria impide que ninguna persona preparada para el tercer grado se mantenga clasificada en segundo.
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