Fiscal y defensas chocan en la interpretaci¨®n de la funci¨®n de la Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament nunca debi¨® tramitar iniciativas de la C¨¢mara catalana como la Ley del Refer¨¦ndum o la Ley de Transitoriedad Jur¨ªdica, de setiembre de 2017, porque eran ¡°palmariamente¡± inconstitucionales, seg¨²n el punto de vista del fiscal y del resto de las acusaciones. La Mesa estaba amparada para hacerlo porque estaban protegidos por la inviolabilidad parlamentaria y no hacerlo hubiera sido un ¡°veto¡±, seg¨²n las defensas de los cinco acusados -cuatro exmiembros de la Mesa del Parlament y una exdiputada de la CUP- de un delito de desobediencia. El juicio, celebrado esta semana en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ha quedado este viernes visto para sentencia.

Ni las acusaciones ni las defensas se han movido un ¨¢pice de las posiciones iniciales y el fiscal ha solicitado 20 meses de inhabilitaci¨®n por un delito grave de desobediencia frente a la absoluci¨®n instada por los tres abogados defensores de los exmiembros de la Mesa -LLu¨ªs Maria Corominas, Llu¨ªs Guin¨®, Ramona Barrufet y Anna Sim¨®- y la exdiputada de la CUP, Mireia Boya.

¡°Esto no es un juicio pol¨ªtico y todas las ideas son leg¨ªtimas mientras no choquen frontalmente con el C¨®digo Penal¡±, ha afirmado de forma introductoria el fiscal Pedro Ariche en el inicio de su informe final, en el que tambi¨¦n ha negado que exista una ¡°causa general contra el independentismo¡± que, en su opini¨®n, es ¡°una expresi¨®n period¨ªstica desafortunada¡±.

Para el fiscal, el juicio ha reafirmado la tesis de la acusaci¨®n-compartida por la abogac¨ªa del Estado y la acusaci¨®n particular de Vox- de que la Mesa debi¨® inadmitir las iniciativas parlamentarias porque eran ¡°palmariamente¡± inconstitucionales y desoy¨® interlocutorias previas del Tribunal Constitucional ¡°dejando de lado hasta los dict¨¢menes de los letrados de la C¨¢mara que les advirtieron¡±. Sostiene la acusaci¨®n, tambi¨¦n, que la Mesa no debe limitarse a admitir o no a tr¨¢mite las propuestas de resoluci¨®n del Parlament o las leyes ateni¨¦ndose solo a si se cumple el reglamento de la C¨¢mara o no ¡°deber¨ªa haber entrado en el fondo, ya que conoc¨ªa las resoluciones del Constitucional y al no hacerlo cometi¨® un delito de desobediencia¡±.

Un argumento que fue rebatido por la defensa echando mano de dos razonamientos y de una reflexi¨®n entrando m¨¢s en el terreno pol¨ªtico, algo que el fiscal ha evitado desde el inicio de la vista. El primero de ellos, que todos los actos de la Mesa tienen el amparo de la inviolabilidad parlamentaria: ¡°Actuaron amparados porque defend¨ªan los derechos de la libertad ideol¨®gica y los derechos fundamentales de todos los parlamentarios¡±, ha subrayado la letrada Judit Gen¨¦, defensora de Corominas, Guin¨® y Barrufet. ¡°El Tribunal Constitucional es el m¨¢ximo int¨¦rprete de la Constituci¨®n. No nos hemos jactado de desobedecer al Constitucional, ni aqu¨ª ni en ning¨²n sitio. Lo que se sostiene es que acatar al Constitucional, que adem¨¢s hab¨ªa cambiado abiertamente de criterio desde 2015, supon¨ªa conculcar los derechos de los parlamentarios y de la c¨¢mara al libre debate pol¨ªtico¡±, ha a?adido.

El segundo argumento de esa defensa era que los mismos letrados del Parlament que al final de 2017 advirtieron a la Mesa que contraven¨ªa al Constitucional, en informes anteriores a la recta final del proc¨¦s sosten¨ªan que ¡°impedir que se haga un Debate de Pol¨ªtica General es pretender vetar un debate general pol¨ªtico y eso ser¨ªa un ataque frontal a la libertad de expresi¨®n¡±. Esa letrada se preguntaba por qu¨¦ se ha perseguido penalmente por desobediencia la tramitaci¨®n de la Mesa de las leyes que supon¨ªan la independencia y no se ha hecho lo mismo con todos los que la votaron en el Parlament: ¡°Resulta que se persigue permitir votar y no se persigue el voto porque eso s¨ª se considera un acto dentro de la inviolabilidad parlamentaria. Es diab¨®lico¡±.

Unas contradicciones que tambi¨¦n fueron destacadas por Ram¨®n Tom¨¢s, letrado de Sim¨®: ¡°Los pronunciamientos pol¨ªticos independentistas del Parlament empezaron en la legislatura anterior, especialmente desde 2012, y ninguno de ellos deriv¨® en procedimientos penales¡±. Y ha recordado otras situaciones en la Mesa del Congreso de los Diputados: ¡°En tiempos menos convulsos, el PP impugn¨® el Estatut de 2006 en la Mesa del Congreso porque en el articulado se hac¨ªa referencia a una eventual reforma constitucional y la Mesa rechaz¨® la impugnaci¨®n porque supondr¨ªa eliminar la iniciativa parlamentaria¡±.

Mientras las defensas de los exmiembros de la Mesa han argumentado razonamientos m¨¢s bien jur¨ªdicos, la de Mireia Boya, ejercida por Carlos L¨®pez, se ha adentrado en la coyuntura pol¨ªtica. ¡°Es curioso que el fiscal arranque su alegato diciendo que no es un juicio pol¨ªtico, que no se juzga al independentismo y que no es una causa general. Nosotros creemos que es todo lo contrario y precisamente por eso estamos aqu¨ª¡±. L¨®pez ha sacado a colaci¨®n toda la bater¨ªa de acusaciones de una conspiraci¨®n del Estado contra el independentismo: ¡°Todo es una ofensiva pol¨ªtica contra que culmin¨® en el 155 de la Constituci¨®n¡±.