Poderes eclesiales y emergencia social

La Iglesia cat¨®lica catalana ha inscrito 3.722 propiedades sin necesidad de acreditar previamente su titularidad y en algunos casos en abierto conflicto con la ciudadan¨ªa. En virtud de una ley franquista ¡ªgenerosamente prorrogada en 1998 por Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar hasta 2015¡ª, la jerarqu¨ªa eclesial pudo inscribir sin otro requisito que el nihil obstat episcopal, en funciones notariales, toda propiedad que considerara suya.

El Departamento de Justicia de la Generalitat, en un acto que le honra, ha decidido hacer p¨²blico este cat¨¢logo de propiedades cuya arbitrariedad feudal choca en algunos casos con los intereses de ayuntamientos y entidades sociales. Para solucionar los litigios, la consejera Ester Capella ha puesto en marcha un servicio de mediaci¨®n. Lo parad¨®jico del caso es la bonhom¨ªa, indulgencia y comprensi¨®n con que la derecha en general y buena parte de la izquierda ha aceptado este ejercicio de apropiaci¨®n eclesial en que el obispo parece haber recobrado funciones propias del Medioevo, en los buenos tiempos de los se?ores de horca y cuchillo. El caso es que tanto PP como Ciudadanos se negaron en su d¨ªa a dar a conocer ese cat¨¢logo de propiedades que como buque insignia ¨Cpara quien flaquee de memoria¡ª incluye la muy cat¨®lica mezquita de C¨®rdoba. Pues bien, si de la derecha se entiende poco tanto oscurantismo clerical, mucho m¨¢s incomprensible resulta que el PSOE, en su anterior encarnaci¨®n como breve gobierno en solitario, recurriera a los tribunales para evitar que la ciudadan¨ªa conociera el cat¨¢logo de nuevas propiedades inmatriculadas por la Iglesia cat¨®lica.

La casualidad, o tal vez la Divina Providencia, ha querido que este ejercicio de arbitrariedad eclesial ¡ªbendecido por el poder civil¡ª haya coincidido en el tiempo con otra historia mucho m¨¢s prosaica, lega ¡ªen el sentido de carente de ¨®rdenes clericales¡ª y cotidiana: la de aquellos que se han visto despose¨ªdos de lo m¨¢s elemental por la crisis y poco acompa?ados por el poder democr¨¢tico.

El pasado 23 de julio, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica (APE), el Observatorio de Derechos Econ¨®micos Sociales y Culturales (DESC) y el Agencia de Salud P¨²blica del Ayuntamiento de Barcelona, entre otros, dieron a conocer un estudio que entre 2017 y 2020 intenta evidenciar los v¨ªnculos existentes entre las inseguridades habitacional y de suministros b¨¢sicos y sus repercusiones en la salud. A trav¨¦s de una encuesta a 415 personas que en los citados a?os se acercaron a la PAH o a la APE por cuestiones de emergencia habitacional o cortes de servicios como luz, gas o agua, el informe intenta fotografiar una situaci¨®n con ejemplos como los de Delia, Olga, Wendy, Sandra o Voski. La pobreza tiene el rostro de una mujer que en la mayor¨ªa de los casos es la cabeza de una familia monomarental, t¨¦rmino que no recoge la RAE pero s¨ª se encarga de normalizar la terca realidad.

Delia, con dos hijos, es un ejemplo de lo que sucede en tiempos de crisis y pandemia. Ya tuvo que hacer daci¨®n en pago de su vivienda en 2015. Pact¨® un alquiler de 250 euros con el fondo Blackstone gracias a la PAH. Pero la Covid-19 la ha dejado sin el trabajo de cuidadora de una persona mayor, por el que cobraba 650 euros al mes. Ahora deber¨¢ renovar su contrato de alquiler y no puede hacer frente ni a los suministros b¨¢sicos.

Wendy, de 48 a?os, vive con sus dos hijos en el barrio de Trinitat Nova. Fue v¨ªctima de un desahucio expr¨¦s, a pesar de haber pagado los atrasos de su alquiler. Al final, sin recursos, opt¨® por ocupar una vivienda de Abanca. Estuvo dos a?os y cuatro meses sin luz. ¡°Bajaba las escaleras cabizbaja, porque sent¨ªa que estaba cometiendo un delito¡±, recuerda. A oscuras, cualquier ruido nocturno la inquietaba. ¡°Mis hijos y yo cre¨ªamos que iban a echarnos del piso¡±. Al final la presi¨®n de la PAH logr¨® que la Generalitat comprara la vivienda y fijara un alquiler social. Esa situaci¨®n de inseguridad pasa factura: el 88,2% de las mujeres encuestadas y el 70,9% de los hombres presentan mala salud mental en una sociedad en que organizaciones como la PAH o la APE hacen tareas de suplencia de los poderes democr¨¢ticos. El panorama dejado por la crisis es tal que el esfuerzo despu¨¦s de pagar el alquiler deja al 14,8% de los consultados con ingresos negativos, al 23,9% con cero ingresos y al 30% con menos de 400 euros para pasar el mes.

Los tiempos de crisis evidencian el contraste entre la actitud c¨®mplice de los poderes con las inmatriculaciones eclesi¨¢sticas y el libre albedr¨ªo con que se aproximan a las situaciones de emergencia social.