Los huidos del ¡®proc¨¦s¡¯ conf¨ªan en la reforma de la sedici¨®n y en una sentencia europea favorable para intentar librarse del juicio

El Gobierno va a indultar este martes a los nueve l¨ªderes independentistas del proc¨¦s que, en palabras de Pedro S¨¢nchez, ¡°asumieron responsabilidades de sus actos¡± y fueron juzgados y condenados a prisi¨®n. Hay otros cinco dirigentes soberanistas ¨Dentre ellos, el expresident Carles Puigdemont¨D que se fugaron nada m¨¢s declarar unilateralmente la independencia en 2017 y siguen huidos de la justicia en B¨¦lgica y Suiza. A ellos el indulto no les alcanza: el Gobierno (al menos, la parte socialista del Ejecutivo) ha afirmado en reiteradas ocasiones que, si regresan a Espa?a, deber¨¢n ser detenidos y juzgados. Pero el independentismo insiste en que el ¡°conflicto pol¨ªtico¡± solo se resolver¨¢ si todos ellos son exonerados de responsabilidad penal y quedan libres.

El camino de vuelta para los pr¨®fugos sigue siendo lejano, aunque en el horizonte los partidos secesionistas vislumbran ya dos posibilidades que podr¨ªan facilitarlo: la reforma del delito de sedici¨®n que plantea el Gobierno y la respuesta de la justicia europea a la condena del Tribunal Supremo. El Consejo de Europa aprob¨® este lunes una resoluci¨®n -70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones- en la que insta a Espa?a considerar el indulto pero tambi¨¦n la posibilidad de poner fin a los procedimientos de extradici¨®n en vigor contra Puigdemont y el resto de pol¨ªticos catalanes huidos de Espa?a.

Durante la reciente visita del presidente de la Generalitat, Pere Aragon¨¨s, a Waterloo (B¨¦lgica), Puigdemont admiti¨® que los indultos no tienen ning¨²n efecto sobre ¨¦l ni sobre los otros consejeros huidos. Toni Com¨ªn y Clara Ponsat¨ª le acompa?an como eurodiputados. A ellos hay que sumar al exconsejero de Cultura Llu¨ªs Puig (perseguido por malversaci¨®n), que tambi¨¦n se halla en B¨¦lgica, y la n¨²mero dos de Esquerra, Marta Rovira, huida a Suiza, que deber¨ªa rendir cuentas por sedici¨®n. El caso de Anna Gabriel es diferente porque a ella en principio se la cit¨® a declarar por desobediencia, un delito que no comporta penas de prisi¨®n.

Puigdemont insisti¨® en que solo entiende su regreso como ¡°personas libres¡±, de modo que es un asunto que ahora mismo ¡°no est¨¢ sobre la mesa¡±. El expresidente catal¨¢n fugado coincidi¨® en el diagn¨®stico con Aragon¨¨s: los indultos, m¨¢s all¨¢ de aliviar el dolor de las familias y de los presos, no sirven para encauzar el ¡°conflicto pol¨ªtico¡±. El presidente catal¨¢n reclama el regreso de los ¡°exiliados¡±, la amnist¨ªa y un refer¨¦ndum.

Uno de los escenarios que podr¨ªa alterar el tablero de juego y abrir una v¨ªa para su regreso a Catalu?a es la reforma del delito de sedici¨®n, en la que trabaja el Ministerio de Justicia. La iniciativa gener¨® hace unos d¨ªas un choque entre los dos socios del Gobierno, Unidas Podemos y el PSOE: Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, defendi¨® la vuelta del expresident y la desjudicializaci¨®n del conflicto catal¨¢n, mientras la portavoz del Gobierno, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, sostuvo que el Ejecutivo no ha cambiado de plan y que quiere que Puigdemont sea trasladado a Espa?a y ¡°pueda ser juzgado, como siempre¡±.

En B¨¦lgica reina el escepticismo. El abogado de los tres eurodiputados, Gonzalo Boye, dice que el anuncio de esa modificaci¨®n legal no ha alterado los planes ni las expectativas de los huidos. ¡°No hay ning¨²n plan de vuelta, seguiremos luchando aqu¨ª. No puedo especular sobre una reforma que no s¨¦ c¨®mo va a afectar a mis clientes, tendremos que esperar a verla publicada en el BOE¡±, afirma. Boye cree que lo m¨¢s conveniente es derogar la sedici¨®n, aunque la propuesta del Gobierno dista mucho de ir en esa l¨ªnea.

La reforma pendiente

Justicia trabaja desde hace meses en una reforma del C¨®digo Penal que prev¨¦ rebajar a la mitad las penas que ahora conlleva la sedici¨®n (de entre 8 y 15 a?os de c¨¢rcel). Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos en el Congreso, propuso hace tres a?os derogar el delito que considera ¡°una antigualla¡± y sin correspondencia con las legislaciones de otros pa¨ªses de la UE. El PSOE rechaza su propuesta de m¨¢ximos y por eso ¨¦l ahora impulsa la reforma.

La pretensi¨®n de Asens es que el texto exija de forma expl¨ªcita el ¡°uso de la violencia y de las armas¡± para que alguien pueda ser imputado por sedici¨®n. Ahora solo menciona que alguien se alce de forma ¡°p¨²blica y tumultuaria para impedir, por la fuerza o fuera de las v¨ªas legales, la aplicaci¨®n de las leyes¡±. Con el requisito de la violencia, Asens cree que decaer¨ªa el delito de sedici¨®n tanto en el caso de los presos como en el de los pol¨ªticos huidos, lo que canalizar¨ªa su regreso. Adem¨¢s, blindar¨ªa el derecho a la protesta que ¨¦l ve amenazada con el delito de sedici¨®n. ¡°Los indultos miran al pasado, pero la reforma del delito de sedici¨®n mira hacia el futuro¡±, apunta.

Esa reforma podr¨ªa llevar a los huidos, entre ellos Puigdemont, a plantearse la posibilidad de regresar. Ser¨ªan igualmente juzgados, pero por un delito de malversaci¨®n, que en su modalidad agravada contempla penas que pueden llegar hasta los ocho a?os de c¨¢rcel. En el caso de la exconsejera de Cultura Clara Ponsat¨ª ni eso, porque su extradici¨®n se reclama solo por sedici¨®n. Ser¨ªa un caso parejo al de Marta Rovira, perseguida por rebeli¨®n y que al decaer la sedici¨®n quedar¨ªa libre. Siempre y cuando no se les imputara tambi¨¦n el delito que, en la reforma legal, sustituyera al de sedici¨®n para hechos como los del proc¨¦s: un delito, por ejemplo, de ¡°desobediencia agravada¡±, que podr¨ªa comportar tambi¨¦n penas de prisi¨®n, aunque m¨¢s bajas.

En octubre de 2019, el Tribunal Supremo impuso penas de 9 a 13 a?os de c¨¢rcel para el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros ocho l¨ªderes independentistas por sedici¨®n y/o malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. La condena se dict¨® por un delito en concurso medial, es decir, que se emple¨® dinero p¨²blico de forma ilegal para llevar a cabo la sedici¨®n. Eso significa, entre otras cosas, que la sentencia no especifica cu¨¢ntos a?os de c¨¢rcel acarrea cada delito. Sin embargo, Jordi S¨¤nchez, secretario general de Junts per Catalunya, cumple una condena de nueve a?os por sedici¨®n, por lo que se podr¨ªa entender que la malversaci¨®n son, como m¨¢ximo, cuatro. Fuentes consultadas coinciden en que, ante un juicio solo por malversaci¨®n, los huidos de la justicia espa?ola podr¨ªan afrontar las consecuencias con m¨¢s facilidad. De entrada, podr¨ªan ahorrarse el ingreso en prisi¨®n provisional. La ¨²ltima palabra la tendr¨ªa de nuevo el Tribunal Supremo.

Todos esos escenarios son hipot¨¦ticos, y as¨ª lo viven los fugados. ¡°Ellos siempre han fijado sus expectativas en una soluci¨®n pol¨ªtica y, sobre todo, en sus triunfos jur¨ªdicos en Europa¡±, subraya el abogado Boye. Este mes han llegado las primeras demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo: el pasado 9 de junio la present¨® el presidente de ?mnium Cultural, Jordi Cuixart, y al d¨ªa siguiente lo hizo el exconsejero Jordi Turull. Se encuentran en una situaci¨®n de tranquilidad despu¨¦s de que, hace unas semanas, el Tribunal General de la UE decidiera devolverles, de forma provisional, la inmunidad parlamentaria que hab¨ªa sido suspendida por el Parlamento Europeo.

El encaje del delito de sedici¨®n en los hechos ocurridos en Catalu?a en el oto?o de 2017 ha sido objeto de una intensa discusi¨®n jur¨ªdica. Tambi¨¦n en el seno de la sala sentenciadora del Supremo, presidida por Manuel Marchena. Hasta el ¨²ltimo momento, los magistrados debatieron la conveniencia de incluir, en la sentencia, una recomendaci¨®n al Ejecutivo para modificar su redactado en el C¨®digo Penal. La existencia de altercados durante la jornada de protestas del 20-S y durante el refer¨¦ndum del 1-O sustentaron ¡ªa juicio del Supremo¡ª la existencia de la sedici¨®n, que est¨¢ incluido por ahora en el apartado de delitos contra el orden p¨²blico y no de delitos contra la Constituci¨®n (como la rebeli¨®n). Est¨¢ por ver qu¨¦ dir¨¢ la reforma en marcha sobre ello y tambi¨¦n sobre el requisito de la violencia, que en el contexto europeo es un requisito muy com¨²n en delitos equivalentes. Seg¨²n la sentencia del Supremo, en el proc¨¦s s¨ª hubo ¡°indiscutibles episodios violentos¡±, pero no con una funcionalidad suficiente para lograr el objetivo de la independencia; por ello descart¨® la condena por rebeli¨®n.

Los otros procesados

Pero ni siquiera con los exiliados se acaban los problemas judiciales vinculados al proc¨¦s. Unas 50 personas, incluidos numerosos altos cargos de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya, afrontan penas de prisi¨®n e inhabilitaci¨®n, as¨ª como elevadas multas econ¨®micas, en diversas causas judiciales abiertas a ra¨ªz del refer¨¦ndum ilegal. Los subordinados directos de Puigdemont y Junqueras (secretarios, directores generales y altos cargos del Ejecutivo catal¨¢n de 2017) tendr¨¢n que sentarse en el banquillo por malversaci¨®n. Otro juzgado de Barcelona ha empezado a investigar a 10 personas ¡ªincluido el exconsejero Ra¨¹l Romeva¡ª por contratos a dedo relacionados con los gastos internacionales vinculados al proc¨¦s.

Entre esos frentes judiciales est¨¢ el que ha abierto el Tribunal de Cuentas contra unas 40 personas, incluidos expol¨ªticos que no formaron parte de la organizaci¨®n de la consulta ilegal, como el expresidente Artur Mas o el exconsejero de Econom¨ªa Andreu Mas-Colell. El pr¨®ximo d¨ªa 29 de junio, el ¨®rgano fiscalizador de las cuentas p¨²blicas emitir¨¢ la liquidaci¨®n provisional a todas esas personas, que puede rondar los 10 millones de euros: la mitad por la organizaci¨®n del 1-O y la otra mitad por gastos indebidos en la promoci¨®n exterior del proc¨¦s que se remontan a 2011.

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