El nuevo frente judicial que perturba a Pere Aragon¨¨s

El indulto del Gobierno a los presos del proc¨¦s no ser¨¢, si llega, el final de los problemas judiciales para el Govern de Pere Aragon¨¨s. El Ejecutivo catal¨¢n nace con la angustia de otros procesos penales que amenazan con la c¨¢rcel y la ruina econ¨®mica a los dirigentes de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya que, bajo el mandato de Carles Puigdemont, estuvieron m¨¢s involucrados en el refer¨¦ndum del 1 de octubre de 2017.

Unas 50 personas aguardan un horizonte sombr¨ªo de juicios y multas millonarias que, en caso de concretarse, jam¨¢s podr¨ªan pagar por s¨ª mismas. Los partidos han tratado de cuidar a sus militantes m¨¢s destacados nombr¨¢ndoles para ocupar cargos p¨²blicos o ascendi¨¦ndoles en la estructura de la Administraci¨®n catalana. Esquerra y Junts lanzan as¨ª un doble mensaje: a los suyos les ofrecen un colch¨®n econ¨®mico ante la tempestad que acecha; de cara al exterior dejan claro que apoyan sin fisuras la herencia del proc¨¦s y del 1-O.

La evoluci¨®n de esas causas penales y contables, sin embargo, puede tensionar las relaciones entre los socios del Govern. Entre otras cosas porque las estrategias de las defensas se trazar¨¢n en funci¨®n de los intereses particulares de cada afectado. A medio plazo, la acumulaci¨®n de procesos y la necesidad de darles una respuesta ¡ªel independentismo tilda las actuaciones de la justicia de ¡°represi¨®n del Estado¡±¡ª puede acabar condicionando las pol¨ªticas del Ejecutivo.

Pese a los indultos, tres frentes judiciales tienen en vilo a 50 cargos

Si los consellers del oto?o catal¨¢n de 2017 fueron juzgados y condenados por el Tribunal Supremo ¡ªo, como en el caso de Puigdemont, huyeron a B¨¦lgica para evitarlo¡ª, ahora son sus subordinados directos los que se sentar¨¢n en el banquillo. La titular del juzgado de instrucci¨®n 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha procesado a una treintena de personas ¡ªsecretarios, directores generales, altos cargos, funcionarios y empresarios¡ª por organizar el refer¨¦ndum de independencia. M¨¢s de la mitad se enfrentan a penas de c¨¢rcel por malversaci¨®n y, adem¨¢s, tuvieron que depositar una fianza de cinco millones de euros. Las aportaciones de ciudadanos a la llamada caja de solidaridad les ayudaron a capear el temporal. Pero sus responsables temen que la nueva ola de multas desborde la capacidad de ese fondo creado para resistir las multas derivadas del proc¨¦s. Esa caja est¨¢ casi vac¨ªa.

El segundo frente que m¨¢s preocupa al independentismo lo lidera el Tribunal de Cuentas, el ¨®rgano fiscalizador del uso de fondos p¨²blicos. Este tribunal mantiene abierto un procedimiento por los gastos de la ¡°acci¨®n exterior¡± del Govern entre 2011 y 2017 que puede desembocar en multas estratosf¨¦ricas. Otras 40 figuras pol¨ªticas, algunas de primera fila ¡ªlos expresidentes Artur Mas y Puigdemont; los exvicepresidentes Neus Munt¨¦ y Oriol Junqueras; el exconsejero de Econom¨ªa Andreu Mas-Colell¡ª han sido citados a finales de junio para conocer las cuant¨ªas que deben entregar.

¡°Multas as¨ª son tu muerte civil¡±, lamenta el exjefe del Diplocat

De este proceso surge el tercer frente judicial que atenaza al Govern. La Fiscal¨ªa apreci¨® indicios de delitos en los gastos en el exterior y traslad¨® una denuncia al juzgado. Ahora, la titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 18 de Barcelona, Carmen Garcia, investiga adjudicaciones ¡°a dedo¡± que sirvieron para internacionalizar el conflicto pol¨ªtico en Catalu?a. La mayor¨ªa de los 10 investigados tienen relaci¨®n con la cartera de Acci¨®n Exterior, incluido el exconsejero Ra¨¹l Romeva, ya condenado a 12 a?os de c¨¢rcel por el Tribunal Supremo por el proc¨¦s.

Los responsables de la diplomacia catalana son los m¨¢s afectados, ya que aparecen simult¨¢neamente en las dos causas penales de Barcelona y en la del Tribunal de Cuentas. Uno de los m¨¢s afectados es Albert Royo, que dirig¨ªa en 2017 el Diplocat, un consorcio creado por la Generalitat para influir y dar a conocer Catalu?a en el mundo, pero que, seg¨²n las investigaciones judiciales, sirvi¨® para impulsar el proc¨¦s.

Royo, de 43 a?os, est¨¢ procesado por malversaci¨®n e investigado por los contratos ¡°a dedo¡±. Solo a ¨¦l el Tribunal de Cuentas podr¨ªa reclamarle en unas semanas hasta 4,5 millones de euros. Y se ve superado por los acontecimientos: ¡°Tengo la sensaci¨®n de ser v¨ªctima colateral, de que esto se me lleva por delante¡±.

En pareja y con un hijo, Royo, que ahora trabaja por su cuenta como consultor en asuntos internacionales, trata de no hacer demasiados planes. ¡°Te amargan la vida, vives bajo la espada de Damocles. Las multas que nos piden son imposibles de devolver, supone tu muerte civil¡±, afirma. El juzgado de instrucci¨®n 13 ya embarg¨® su cuenta ¡ª¡±la dejaron a cero¡±, subraya¡ª hasta que la caja de solidaridad sali¨® al rescate, aunque ahora ve necesario otro esfuerzo para rescatar a ¡°segundas y terceras filas¡±, como ¨¦l mismo se define.

¡±A la intemperie¡±

Royo trabaj¨® en la Comisi¨®n Europea hasta que le nombraron para dirigir Diplocat en 2013. ¡°No soy un pol¨ªtico, sino un profesional independiente. Siento que somos los que estamos m¨¢s a la intemperie¡±, dice, al tiempo que critica una ofensiva judicial que ha apartado de la vida p¨²blica a gente como ¨¦l. Sin carnet de partido, carece del paraguas con el que tanto Junts como Esquerra han tratado de proteger a sus dirigentes. Con la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n, muchos de los altos cargos del Govern fueron destituidos. El Ejecutivo de Quim Torra, en 2018, les restituy¨® en el cargo, les premi¨® con un ascenso o les busc¨® salidas en la Administraci¨®n.

Antoni Molons (secretario de Comunicaci¨®n por Junts), Francesc Sutrias (director general de Patrimonio por ERC) o Rosa Vidal (interventora de la Generalitat), por citar solo algunos ejemplos, fueron ratificados. Joaquim Nin (Junts), que hab¨ªa sido secretario de Presidencia de Puigdemont, fue designado vicepresidente de la Diputaci¨®n de Tarragona.

Est¨¢ por ver qu¨¦ ocurre con esos y otros altos cargos en el nuevo Ejecutivo de Aragon¨¨s. Los nombramientos que se han dado a conocer hasta ahora apuntan a que se seguir¨¢ en la misma l¨ªnea. El nuevo president ha premiado incluso con departamentos a cargos de ERC a quienes considera ¡°represaliados¡± por la justicia. Nat¨¤lia Garriga, la nueva consejera de Cultura, era directora de servicios de Vicepresidencia y Econom¨ªa en la etapa de Oriol Junqueras. Garriga est¨¢ procesada por malversaci¨®n. Roger Torrent, consejero de Empresa, est¨¢ siendo investigado por desobediencia por permitir la tramitaci¨®n en 2019, como presidente del Parlament, de una moci¨®n sobre el proc¨¦s. Y T¨¤nia Verge, titular de Feminismos e Igualdad, fue juzgada (y absuelta) por formar parte de la sindicatura electoral que deb¨ªa velar por la transparencia del 1-O.