Justicia planea agilizar la reforma de la sedici¨®n para reforzar los indultos
El Gobierno impulsa el cambio legal para reducir las penas previstas por ese delito
El Ministerio de Justicia trabaja desde hace meses en la reforma del C¨®digo Penal para modificar el delito de sedici¨®n y rebajar a la mitad las penas ahora previstas (de entre 8 y 15 a?os de c¨¢rcel). El Gobierno sopesa iniciar ya la tramitaci¨®n de esa reforma legal cuando est¨¢ embarcado en la preparaci¨®n de los decretos de indulto a los 12 condenados en 2019 por el proc¨¦s independentista catal¨¢n. El cambio en el tratamiento de ese delito, rebajando el castigo que comporta con la premisa de que este es excesivo, ayudar¨ªa a reforzar los argumentos a favor de la medida de gracia que est¨¢ preparando el ministerio, seg¨²n fuentes del Ejecutivo.
El n¨²cleo duro del Gobierno trabaja ya a plena m¨¢quina para redactar una argumentaci¨®n de los indultos a los presos del proc¨¦s [refer¨¦ndum ilegal del 1-O y declaraci¨®n unilateral de independencia] que sea imposible de anular por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ante la que recurrir¨¢n el PP y Vox. Uno de los elementos que est¨¢n encima de la mesa para reforzar esos argumentos es la reforma del C¨®digo Penal, que suavizar¨ªa el castigo previsto para la sedici¨®n (el alzamiento p¨²blico y tumultuario encaminado a impedir, por la fuerza o fuera de las v¨ªas legales, la aplicaci¨®n de las leyes o el cumplimiento de resoluciones judiciales). Ese es uno de los delitos por los que han sido condenados los dirigentes independentistas, aunque varios de ellos tambi¨¦n est¨¢n condenados por malversaci¨®n de fondos.
La reforma legal, anunciada por el Gobierno antes de la pandemia, est¨¢ preparada desde hace tiempo y a la espera del momento oportuno para comenzar su tramitaci¨®n en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo se plantea llevarla al Consejo de Ministros en las pr¨®ximas semanas, antes incluso de aprobar los decretos de los indultos. En todo caso, la decisi¨®n final sobre los cambios en el C¨®digo Penal no est¨¢ rematada y ser¨¢ Pedro S¨¢nchez quien resuelva la fecha para iniciar los tr¨¢mites.
Esta iniciativa legislativa, seg¨²n fuentes del Gobierno, servir¨ªa tambi¨¦n como forma de reforzar la argumentaci¨®n de la medida de gracia: si hay una reforma legal en marcha que reducir¨¢ las penas por sedici¨®n y permitir¨¢, una vez que se apruebe y entre en vigor, la excarcelaci¨®n de los presos del proc¨¦s ¡ªtendr¨ªa efectos retroactivos al beneficiar al reo¡ª, es mucho m¨¢s sencillo defender el indulto, que tiene el mismo efecto.
De hecho, seg¨²n sostienen dirigentes socialistas, ese argumento ya podr¨ªa usarse porque el Ejecutivo ha se?alado varias veces p¨²blicamente su intenci¨®n de llevar adelante la reforma del delito de sedici¨®n, y parece evidente que tiene votos suficientes en el Congreso para sacarla adelante con la mayor¨ªa que permiti¨® la investidura de Pedro S¨¢nchez, aunque siempre tendr¨¢ m¨¢s fuerza una norma salida del Consejo de Ministros o de los grupos parlamentarios que la simple declaraci¨®n de intenciones del Gobierno.
El Ejecutivo tiene ahora encima de la mesa, para su discusi¨®n, este y otros asuntos t¨¦cnicos que permitan reforzar la argumentaci¨®n de los indultos. En las pr¨®ximas semanas se ir¨¢ despejando el horizonte despu¨¦s de un intenso debate interno, sobre todo jur¨ªdico, en el que se consultar¨¢ a muchos expertos, aunque la operaci¨®n la encabezan Juan Carlos Campo, ministro de Justicia; Carmen Calvo, la vicepresidenta primera, y F¨¦lix Bola?os, secretario general de Presidencia.
La reforma del delito de sedici¨®n en el C¨®digo Penal ya desencaden¨® una fuerte pol¨¦mica cuando el Gobierno defendi¨® esa posibilidad hace m¨¢s de un a?o. La propuesta se entendi¨® en la oposici¨®n como una manera de corregir la sentencia contra los dirigentes independentistas catalanes para ponerlos en libertad.
El Tribunal Supremo conden¨® en octubre de 2019 por sedici¨®n y malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, a penas de entre 9 y 13 a?os de c¨¢rcel, a nueve l¨ªderes del proc¨¦s, entre ellos la mayor¨ªa de los miembros del Gobierno de Carles Puigdemont que se quedaron en Catalu?a y no huyeron como el presidente de la Generalitat para evitar la acci¨®n de la justicia.
La sentencia consider¨® que los dirigentes pol¨ªticos catalanes, a pesar de los requerimientos judiciales que hab¨ªan recibido, promovieron la sedici¨®n al convocar masivamente a los ciudadanos para acudir a votar en el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Y que lo hicieron ¡°con la finalidad de sustituir el leg¨ªtimo marco jur¨ªdico establecido por la Constituci¨®n y el Estatuto de Autonom¨ªa por el dise?ado por la ley de transitoriedad jur¨ªdica y fundacional de la rep¨²blica catalana, cuya vigencia y aplicaci¨®n hab¨ªa sido suspendida por el Tribunal Constitucional¡±.
El c¨®digo penal vigente (art¨ªculo 544) establece que ¡°son reos de sedici¨®n los que, sin estar comprendidos en el delito de rebeli¨®n, se alcen p¨²blica y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las v¨ªas legales, la aplicaci¨®n de las leyes o a cualquier autoridad, corporaci¨®n oficial o funcionario p¨²blico, el leg¨ªtimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales¡±.
Esta redacci¨®n y las penas que lleva aparejado el delito han sido cuestionadas en las ¨²ltimas semanas por dos magistrados del Tribunal Constitucional, Juan Antonio Xiol y Mar¨ªa Luisa Balaguer, elegidos en su d¨ªa a propuesta del PSOE. Ambos han firmado votos discrepantes contra las sentencias que desestiman los recursos de varios condenados del proc¨¦s.
Votos discrepantes
Xiol y Balaguer argumentaron que la pena impuesta a los dirigentes independentistas catalanes es ¡°desproporcionada¡±. Estos dos magistrados discrepantes entend¨ªan que, aunque la conducta de los dirigentes independentistas merec¨ªa un castigo penal, este deb¨ªa haber sido menor al que fij¨® el Supremo.
Xiol y Balaguer sostienen que el delito de sedici¨®n aparece descrito con especial vaguedad en el C¨®digo Penal y que la horquilla de penas ¡ªentre 8 y 15 a?os de prisi¨®n¡ª es excesiva. Sus argumentos son similares a los que llevaron al Gobierno de Pedro S¨¢nchez a anunciar su intenci¨®n de reformar el delito de sedici¨®n.
El resto de magistrados del Constitucional que avalan las condenas impuestas por el Tribunal Supremo sostienen, por el contrario, en las sentencias dictadas hasta ahora sobre el juicio del 1-O, que el tipo del delito de sedici¨®n est¨¢ definido en la ley de modo preciso y estricto, y rechazan que la redacci¨®n del art¨ªculo 544 del C¨®digo Penal sea inconcreta ni que dificulte saber cu¨¢les son las acciones que contempla y qui¨¦nes son los autores. Por eso, la mayor¨ªa absoluta del Constitucional identifica claramente a los dirigentes independentistas condenados como autores de un delito de sedici¨®n por su activa participaci¨®n en la promoci¨®n de un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n despreciando las advertencias del propio tribunal.
El Supremo ve proporcionada la pena y cita otras leyes europeas
Los magistrados del Tribunal Supremo que juzgaron y condenaron a los l¨ªderes independentistas del proc¨¦s por sedici¨®n rechazan que las penas previstas actualmente para este delito sean ¡°desproporcionadas¡±. En el informe remitido el pasado martes al Ministerio de Justicia para oponerse a los indultos, el tribunal se detiene a analizar este extremo porque buena parte de las solicitudes de perd¨®n para los presos del proc¨¦s que se est¨¢n tramitando justifican la medida en la quiebra del principio de proporcionalidad. El Supremo trata de desmontar en su escrito la tesis de los promotores del indulto, seg¨²n la cual el delito de sedici¨®n representa un precepto trasnochado y sin equivalente claro en otros pa¨ªses europeos.
¡°El delito de sedici¨®n no es, desde luego, la respuesta penal del Estado a los excesos en el ejercicio de los derechos de reuni¨®n y manifestaci¨®n¡±, se?ala el tribunal. Y agrega: ¡°Lo que el hecho probado de nuestra sentencia declara ¡ªpor m¨¢s que lecturas parciales interesadas reiteren lo contrario¡ª no es identificable con el simple desbordamiento de los l¨ªmites del orden p¨²blico. Antes al contrario, lo que describe el juicio hist¨®rico es un ataque a la paz p¨²blica y a la observancia de las leyes y resoluciones judiciales como fundamento de la convivencia en el marco constitucional¡±.
El Supremo asegura compartir la idea, asentada por la jurisprudencia del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de que ¡°un exceso punitivo en la represi¨®n de los delitos contra el orden p¨²blico puede conllevar un efecto inhibitorio en el ejercicio de los derechos ciudadanos de reuni¨®n y manifestaci¨®n¡±. Pero no es el caso de la sentencia del proc¨¦s, subraya: ¡°Cuando lo que est¨¢ en juego no es la preservaci¨®n del orden p¨²blico, y el hecho probado as¨ª lo proclama, sino la solidez de los pilares sobre los que se asienta la convivencia democr¨¢tica, el enfoque tiene que ser radicalmente distinto¡±.
El tribunal repasa en su informe el tratamiento penal que dan otros pa¨ªses a los hechos por los que se conden¨® por sedici¨®n a los l¨ªderes independentistas. El Supremo cita los delitos de alta traici¨®n por los que Alemania castiga con no menos de 10 a?os de c¨¢rcel al que con fuerza o amenaza de fuerza emprenda acciones para alterar el orden constitucional; los castigos ¡°de especial gravedad¡± previstos en Francia para los ataques a la independencia o al territorio de la naci¨®n; y las penas previstas en Italia (no inferiores a 12 a?os), B¨¦lgica (de 20 a 30 a?os) y Portugal (de 10 a 20 a?os) para hechos similares. / R. RINC?N
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