Salvador Illa considera legal el fondo de la Generalitat para avalar las fianzas de los dirigentes del ¡®proc¨¦s¡¯
Los socialistas catalanes solicitar¨¢n un informe al Consejo de Garant¨ªas Estatutarias
Espaldarazo de los socialistas catalanes al fondo complementario creado por el Govern para ayudar a los ex altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas por haber promocionado el proc¨¦s en el extranjero. Pese a que el grupo del PSC en el Parlament ha solicitado al Consejo de Garant¨ªas Estatutarias (el ¨®rgano que vela por la constitucionalidad de las normas emanadas del Parlament y el Govern) que analice el decreto ley que crea el fondo, el l¨ªder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, ha defendido este martes su legalidad. ¡°La informaci¨®n que tengo hoy, seg¨²n los equipos jur¨ªdicos de mi grupo parlamentario y otros con los que he contactado, es que es un decreto que est¨¢ muy ajustado a la legalidad¡±, ha apuntado en una entrevista en Rac1.
Illa ha defendido este gesto porque, aunque los informes de este organismo catal¨¢n no sean vinculantes, s¨ª que tiene un valor pol¨ªtico para acabar con el ¡°ruido¡± generado en torno al fondo que anunci¨® el Ejecutivo catal¨¢n la semana pasada. ¡°Es importante que no haya ninguna sombra de duda al respecto (...) Yo quiero que todos tengamos la garant¨ªa de que se ajusta al Estatut y a la Constituci¨®n¡±, ha resuelto. La Generalitat, por su parte, ha aprobado este martes, en su reuni¨®n semanal, la partida que nutre el fondo que busca ayudar a los afectados por la causa del ¨®rgano fiscalizador.
¡°Si est¨¢ sujeto a derecho, nada que objetar; y si no est¨¢ sujeto a derecho, pues evidentemente tendremos que recurrirlo¡±, afirm¨® hace una semana el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez. Fuentes del Ejecutivo central se?alaron que a¨²n no tienen claros los detalles del fondo y lo est¨¢n estudiando, pero si ven que contraviene de alguna manera la legalidad, buscar¨¢n la forma de pararlo, como han hecho con algunas leyes catalanas.
El Gobierno catal¨¢n aprob¨®, mediante un decreto ley, la creaci¨®n de un fondo de cobertura de reclamaciones judiciales, de 10 millones de euros, al que se podr¨¢n acoger los ex altos cargos afectados por los procesos del Tribunal de Cuentas. Los interesados solo pueden solicitar la ayuda si no hay sentencia firme condenatoria. El Tribunal de Cuentas pide a una cuarentena de antiguos altos cargos de la Generalitat y servidores p¨²blicos el pago de fianzas por 5,4 millones de euros, el dinero que el ente fiscalizador cree que se ha malgastado en la internacionalizaci¨®n del proceso independentista.
La posici¨®n de Illa, un hombre de absoluta confianza de Pedro S¨¢nchez, podr¨ªa apuntar la postura de La Moncloa. El presidente del Gobierno advirti¨® la semana pasada, durante la gira que realiz¨® por los pa¨ªses b¨¢lticos, que el Gobierno recurrir¨ªa el fondo creado por la Generalitat si comprobaba que es ilegal. S¨¢nchez afirm¨® que ¡°nosotros siempre hemos defendido que todo lo que se apruebe por todos los gobiernos auton¨®micos tiene que estar sujeto a derecho. Por tanto, vamos a estudiar la decisi¨®n que se ha tomado y, a partir de ah¨ª, si est¨¢ sujeto a derecho, nada que objetar; y si no est¨¢ sujeto a derecho, pues evidentemente tendremos que recurrirlo¡±. Posteriormente, el Govern se ofreci¨® a negociar el contenido del decreto, excepcional en el Estado auton¨®mico. Las comunidades no ayudan, como quiere hacer Catalu?a, a cargos que malversan fondos. Los seguros existentes cubren la responsabilidad en el ejercicio del puesto, pero no la indebida gesti¨®n de los caudales p¨²blicos.
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