Un juez y una fiscal vulneraron derechos al investigar un caso de desv¨ªo de fondos al ¡®proc¨¦s¡¯

La Audiencia de Barcelona ha propinado un rev¨¦s sin precedentes a un juez de instrucci¨®n y a una fiscal por las irregularidades que cometieron en la investigaci¨®n de un caso de presunto desv¨ªo de fondos p¨²blicos al proc¨¦s. En una resoluci¨®n a la que ha accedido EL PA?S, los magistrados archivan la causa abierta contra la Asociaci¨®n Catalana de Municipios (ACM), un ente municipalista que estaba siendo investigado por malversaci¨®n. El tribunal concluye, con una contundencia poco habitual, que juez y fiscal vulneraron los derechos fundamentales de los nueve investigados.

El 21 de octubre de 2019, en plena oleada de protestas violentas por la sentencia del Tribunal Supremo contra los l¨ªderes del proc¨¦s, agentes de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa Nacional registraron la sede de la ACM y una agencia de viajes por orden del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 16 de Barcelona. Era el punto culminante de una investigaci¨®n que hab¨ªa comenzado dos a?os antes, cuando un informante an¨®nimo alert¨® a los Mossos d¡¯Esquadra de que el ente municipalista estaba siendo usado para canalizar dinero al proceso secesionista en Catalu?a. La Polic¨ªa Nacional abri¨® en paralelo otra investigaci¨®n. Con todo ese material, la Fiscal¨ªa inici¨® diligencias de investigaci¨®n que culminaron con la presentaci¨®n de una querella y la apertura de una causa penal por parte del juez. La causa se mantuvo durante largo tiempo bajo secreto de sumario.

Tras los recursos presentados por los abogados, la Secci¨®n S¨¦ptima de la Audiencia de Barcelona considera ahora nulas todas las actuaciones: tanto los decretos de la Fiscal¨ªa como las resoluciones dictadas por el juez. Los magistrados han ordenado el archivo de la causa, ya que el material probatorio hallado en los registros de la polic¨ªa se obtuvo vulnerando derechos de los sospechosos. Los magistrados arremeten contra la investigaci¨®n en su conjunto, pero especialmente contra la Fiscal¨ªa, que adem¨¢s de las irregularidades cometi¨® errores de bulto en su querella.

¡°Causa perplejidad que confunda la Fundaci¨® Carles Pi i Sunyer d¡¯Estudis Auton¨®mics con una asociaci¨®n, al parecer inexistente, denominada Carles Viver Pi i Sunyer¡±, razona el auto. La fiscal confundi¨® un centro de investigaci¨®n en el campo de los gobiernos locales y las comunidades aut¨®nomas ¡ªque recibi¨® pagos de la ACM por ese motivo¡ª con el exmagistrado del Tribunal Constitucional y jurista que ide¨® algunas de las llamadas leyes de desconexi¨®n impulsadas por la Generalitat en los a?os del proc¨¦s. La querella inclu¨ªa, adem¨¢s, alusiones a un viaje que la ACM pag¨® a un centenar de alcaldes para asistir a un acto organizado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bruselas en noviembre de 2017. Pero ese viaje ya se hab¨ªa investigado (y archivado por falta de indicios) en otro procedimiento, algo que obvi¨® la Fiscal¨ªa.

Las irregularidades son tantas y de tal calado que han llevado a los magistrados a emitir un auto que deja al fiscal en una posici¨®n muy delicada, al concluir que ¡°infringi¨® principios esenciales¡± expresamente recogidos en el estatuto del ministerio fiscal. Durante un a?o, investig¨® a personas ¡°claramente identificadas¡± a sus espaldas, sin comunic¨¢rselo ni tomar declaraci¨®n a los sospechosos. Estos no tuvieron la m¨ªnima oportunidad de aportar datos que ¡°hubieran desnaturalizado algunas afirmaciones¡± finalmente recogidas en la querella. La fiscal, adem¨¢s, accedi¨® a informaci¨®n protegida por el derecho fundamental a la intimidad ¡ªpidi¨® datos a Hacienda y a otros organismos p¨²blicos¡ª ¡°pr¨¢cticamente sin dictar ninguna resoluci¨®n en la que justificara la necesidad de obtenerla¡±. Infringi¨®, as¨ª, el derecho de defensa.

El juez de instrucci¨®n tampoco sale mejor parado de la reprimenda de sus superiores. El auto en el que orden¨® las entradas y registros solicitadas por la polic¨ªa ¡°no contiene una descripci¨®n de los indicios racionales¡±. Tampoco fij¨® ¡°los t¨¦rminos y alcance¡± de esos registros, con lo que vulner¨® el derecho a la intimidad de los miembros de la ACM bajo sospecha. La sala considera especialmente grave que, pese a una resoluci¨®n de la Audiencia de Barcelona que le obligaba a levantar el secreto de las actuaciones y entregar todo el material a los investigados, prorrog¨® (en diciembre de 2020) ese mismo secreto. La resoluci¨®n acusa al juez de no realizar un ¡°control efectivo de la investigaci¨®n¡± que estaba llevando a cabo la polic¨ªa.