El regalo de la ¡®no venta¡¯ de la Torre Ramonet

El tiempo y los tribunales han acabado dando la raz¨®n a la Generalitat, que finalmente podr¨¢ quedarse 15,9 millones de euros del anticipo que el grupo israel¨ª Nadlan BCN pag¨® por la Torre Ramonet, sede del Departamento de Empresa en el paseo de Gr¨¤cia, y el edificio que en la calle Sep¨²lveda alberga las oficinas de Trabajo. La sociedad no desembols¨® la totalidad de la cuant¨ªa pactada (63,5 millones) en el periodo especificado y la Administraci¨®n decidi¨® dar por liquidado el acuerdo, lo que abri¨® una batalla legal. Una sentencia del Tribunal Supremo parece haber puesto final a ese litigio que se dilataba desde 2015, cuando el Gobierno catal¨¢n cursaba un proceso de liquidaci¨®n patrimonial para luchar contra la flaqueza de sus finanzas y el exceso de d¨¦ficit presupuestario.

El Supremo ratifica una sentencia previa del Tribunal Superior de Catalu?a, que se?alaba la validez del contrato de adjudicaci¨®n de los inmuebles tal y como defend¨ªan los letrados de la Generalitat. El fallo no adjudica costas a ninguna de las dos partes.

La operaci¨®n de Nadlan era arriesgada. Acudi¨® al concurso de la Administraci¨®n con el objetivo de convertir el edificio del paseo de Gr¨¤cia, una de las arteras m¨¢s codiciadas de la capital catalana, en un conjunto de locales comerciales y apartamentos de lujo. Por eso estaba dispuesto a pagar 41,6 millones de euros solo en la adquisici¨®n de los 10.045 metros cuadrados de la Torre Ramonet. Entonces, sin embargo, la Generalitat se hab¨ªa asegurado un contrato de alquiler de 20 a?os por los que pagar¨ªa en torno a 1,5 millones de euros anuales de rentas.

Los objetivos a futuro de Nadlan para construir vivienda pr¨¦mium ten¨ªan una objeci¨®n. Para que el edificio pudiera albergar esos pisos de lujo y rentabilizar la inversi¨®n el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat ten¨ªan que modificar los usos del inmueble, hasta entonces e incluso ahora calificado como equipamiento. Un problema adicional se produjo unos d¨ªas antes de la adjudicaci¨®n: el Gobierno municipal cambi¨® de manos y lo tomaron los comunes de Ada Colau, que se estrenaba en la arena pol¨ªtica con la lucha contra la especulaci¨®n inmobiliaria como una de sus banderas.

Una vez adjudicado el contrato, Nadlan pidi¨® una pr¨®rroga para zanjar el pago de la cuant¨ªa total para la adquisici¨®n de los inmuebles. E incluso una segunda que la Generalitat se neg¨® a dar, ya en noviembre de aquel a?o. Adem¨¢s de demandar a la empresa para reclamar da?os y perjuicios, el Departamento de Econom¨ªa y Finanzas se planteaba adjudicar los dos inmuebles a otros inversores. Ni una cosa ni la otra. Los dos edificios contin¨²an en manos de la Administraci¨®n auton¨®mica y fue Nadlan la que acudi¨® a los tribunales en un intento de recuperar sus casi 16 millones de euros.

Privatizaciones

Las ventas de los dos inmuebles formaban un plan del Gobierno de Artur Mas que pasaba por conseguir 550 millones de euros a trav¨¦s de la venta de un total de 37 inmuebles, racionalizar costes y mantener su ocupaci¨®n hasta que fuera posible el traslado y agrupaci¨®n en el distrito administrativo de la Zona Franca. Algunos de los concursos acabaron con descuentos sobre los precios de salida ante la imposibilidad de venderlos.

La mudanza a la Zona Franca se inici¨® el a?o pasado (como muchas otras cuestiones se vio trastocada por la crisis sanitaria del coronavirus) y supuso una importante liberaci¨®n de suelo en el centro de Barcelona: 48.000 metros cuadrados en apenas dos a?os.

La realidad hoy es que la comercializaci¨®n de aquellos inmuebles ha generado m¨¢s movimientos en el negocio de oficinas a causa de la tensi¨®n existente en el mercado de oficinas de Barcelona. La ¨²ltima es la adquisici¨®n por parte del fondo alem¨¢n KanAm de cinco edificios de la Generalitat por un importe de 280 millones de euros, seg¨²n adelant¨® la semana pasada Expansi¨®n.