La fiscal¨ªa rechaza que se investigue a Aragon¨¨s por los avales del ¡®proc¨¦s¡¯
El ministerio p¨²blico concluye que el ¡®president¡¯ no cometi¨® prevaricaci¨®n ni malversaci¨®n porque el decreto aprobado por el Govern fue un ¡°acto pol¨ªtico¡±
La Fiscal¨ªa rechaza que la justicia investigue al presidente de la Generalitat, Pere Aragon¨¨s, por la aprobaci¨®n de los avales a cargos del Govern encausados en el Tribunal de Cuentas. En un informe, el fiscal Pedro Ariche concluye que no hay indicios de prevaricaci¨®n ni malversaci¨®n y pide al Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) que no admita tr¨¢mite las querellas de Vox, Ciudadanos y de la entidad Convivencia C¨ªvica Catalana. Las querellas se dirigen contra Aragon¨¨s y contra los consejeros Jaume Gir¨® (Econom¨ªa) y Laura Vilagr¨¤ (Presidencia).
El informe concluye que no puede haber delito porque el decreto aprobado por el Gobierno es un ¡°acto pol¨ªtico¡± y no administrativo, de modo que queda excluido del delito de prevaricaci¨®n. El aval es uno de los mecanismos previstos en el decreto que aprob¨® el Gobierno catal¨¢n para proteger a funcionarios y cargos inmersos en procesos judiciales. El consejero Gir¨® intent¨® que las entidades financieras avalaran la prestaci¨®n de fianzas, pero no lo logr¨® y recurri¨® al aval directo del Instituto Catal¨¢n de Finanzas (ICF). Hace unos d¨ªas, el Tribunal de Cuentas rechaz¨® los avales con los que el Govern pretend¨ªa hacer frente al pago de los 5,4 millones de euros que la instituci¨®n reclama a 34 ex altos cargos y funcionarios por el proc¨¦s.
El fiscal Ariche concluye que la creaci¨®n del mecanismo de aval ¡°no implica en s¨ª misma la causaci¨®n de un perjuicio al patrimonio p¨²blico¡±. El escrito recuerda que, m¨¢s all¨¢ de dictar el decreto del Govern, los denunciantes no han expuesto ning¨²n perjuicio econ¨®mico y recuerda que ¡°corresponde a la Generalitat adoptar las cautelas oportunas¡± para garantizar que los condenados por un delito paguen las responsabilidades civiles que se les impongan. El fiscal reprocha a los denunciantes que hayan hecho ¡°un apresurado e irreflexivo ejercicio de la acci¨®n penal¡±.
Mientras el horizonte penal queda despejado para Aragon¨¨s y los consejeros, la fiscal¨ªa mantiene abierta la investigaci¨®n para averiguar si la junta de gobierno del ICF cometi¨® un delito en la aprobaci¨®n del mecanismo del aval. La votaci¨®n fue muy dividida en el seno de ese organismo p¨²blico y se produjo solo dos d¨ªas despu¨¦s de que tres de sus miembros independientes presentaran la dimisi¨®n. Fuentes judiciales consideran que no hay contradicci¨®n entre la petici¨®n de archivo, por un lado, y las diligencias de investigaci¨®n, por el otro, ya que las decisiones del ICF ¡°s¨ª son actos administrativos¡± que pueden ser delito de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n. La investigaci¨®n sigue abierta y la fiscal¨ªa no ha decidido por ahora si la archivar¨¢ o si seguir¨¢ adelante y presentar¨¢ denuncia en el juzgado, seg¨²n las mismas fuentes.
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