El Gobierno catal¨¢n responde a la justicia que los cambios legislativos ya garantizan el castellano

El Gobierno catal¨¢n lleva semanas preparando una estrategia para convencer al Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) de que no es necesario fijar un porcentaje m¨ªnimo de castellano para garantizar la presencia de esta lengua en el sistema educativo. Este viernes vence el plazo de dos meses para que la Generalitat cumpla de forma voluntaria la sentencia que fij¨® un m¨ªnimo obligatorio del 25% de castellano en las aulas. Ante la perspectiva cierta de que las entidades por el biling¨¹ismo solicitar¨¢n la ejecuci¨®n de la sentencia, el Govern de Pere Aragon¨¨s se ha armado jur¨ªdicamente y ha preparado una bater¨ªa de argumentos para dar una respuesta que satisfaga al tribunal.

El Govern ha esgrimido este viernes ante los magistrados, seg¨²n confirman a este diario diversas fuentes, que los cambios legislativos abordados -la reforma de la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica conocida este jueves y un decreto del Departamento de Educaci¨®n- garantizar¨¢n la normalidad de la presencia del castellano en las escuelas. El ejecutivo tambi¨¦n ha fortalecido en las ¨²ltimas semanas el frente acad¨¦mico: ha encargado a la Universitat de Barcelona (UB) un estudio sobre usos ling¨¹¨ªsticos en las aulas catalanas y aportar¨¢ un reciente informe del s¨ªndic de greuges, Rafael Rib¨®, que subraya que el uso real del castellano en las escuelas supera ya ampliamente el 25%.

En diciembre de 2020, el TSJC dict¨® la sentencia sobre el castellano, que provoc¨® una tormenta pol¨ªtica que a¨²n dura y que ha hecho tambalearse el sistema de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica vigente en Catalu?a. La resoluci¨®n tuvo su origen en una demanda del Gobierno del PP sobre el uso de lenguas oficiales en la ense?anza. La Generalitat no fue entonces capaz de elaborar un informe exhaustivo sobre el estado de la cuesti¨®n y aport¨® un muestreo sobre la media de horas de castellano: 18% en primaria, 19% en secundaria y 26% en bachillerato.

El tribunal consider¨® inaceptables los porcentajes en una sentencia que es muy clara en sus t¨¦rminos: la Generalitat debe asegurarse de que al menos un 25% de las horas lectivas se imparten en castellano. Con un a?adido: adem¨¢s de la clase de lengua castellana, debe haber al menos otra asignatura ¡°troncal¡± que se imparta en ese idioma. Se trata de un porcentaje ¡°m¨ªnimo¡±, por debajo del cual solo cabe hablar de un uso ¡°simb¨®lico¡± o ¡°residual¡±. Menos del 25%, indica la sentencia, supone atentar contra el ordenamiento jur¨ªdico y la Constituci¨®n. A partir de esa cifra, el tribunal da margen de maniobra a la Administraci¨®n ¡°o a los centros docentes¡± para distribuir las horas en funci¨®n del ¡°estado de normalizaci¨®n¡± ling¨¹¨ªstica seg¨²n el lugar de residencia y, tambi¨¦n, de la ¡°incorporaci¨®n de terceras lenguas¡±.

Presencia ¡°adecuada¡± del castellano

El pasado enero, el Tribunal Supremo confirm¨® la sentencia y comenzaron las urgencias. El Gobierno catal¨¢n ha pretendido desde entonces dar la batalla por la inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica, pero sin arriesgarse a incurrir en una posible desobediencia. La reforma de la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica de 1998 -un pacto entre Junts, Esquerra, PSC y los comunes- anunciada este jueves supone un paso m¨¢s en esa direcci¨®n. El texto dado a conocer evita fijar porcentajes, pero ser¨¢ empleado ante el tribunal como argumento para tratar de justificar que est¨¢ cumpliendo con sus exigencias.

A diferencia del redactado de 1998, el nuevo texto se?ala que, pese a que el catal¨¢n es lengua vehicular, ¡°tambi¨¦n es utilizado el castellano¡±. El uso de la lengua castellana lo fijar¨¢n los proyectos ling¨¹¨ªsticos de cada centro, aunque con una premisa: ambas lenguas han de tener ¡°garantizada una presencia adecuada en los curr¨ªculums y en los proyectos educativos de cada centro¡±. El texto va en l¨ªnea con la sentencia cuando dice que esos proyectos tambi¨¦n deber¨¢n adaptarse en funci¨®n de la ¡°situaci¨®n socioling¨¹¨ªstica¡± de cada centro educativo.

La gran pregunta es si ese rearme jur¨ªdico -que no aborda la cuesti¨®n del porcentaje- ser¨¢ suficiente para convencer al TSJC. La sentencia de 2020 indicaba que la Generalitat estaba obligada, esencialmente, a ¡°adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar en el sistema educativo de Catalu?a un uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales¡±. Pero insist¨ªa en marcar, en l¨ªnea con la jurisprudencia, un umbral por debajo del cual la actuaci¨®n de la Generalitat estar¨ªa fuera de la ley: el 25%.

Un decreto y una encuesta

El rearme jur¨ªdico se completa con el anuncio, por el consejero de Educaci¨®n, Josep Gonz¨¤lez-Cambray, de que el Govern prepara un nuevo decreto para modificar la Ley de Educaci¨®n de Catalu?a (LEC). Hace unos d¨ªas, adem¨¢s, el s¨ªndic de greuges, Rafael Rib¨®, hizo p¨²blico un informe seg¨²n el cual ninguno de los idiomas es ¡°residual¡±: el catal¨¢n se usa durante el 66% de la jornada escolar y el castellano, durante el 33%. El informe est¨¢ basado en una encuesta a m¨¢s de 52.000 alumnos de primaria y ESO e incluye tambi¨¦n el uso de las lenguas fuera del aula (por ejemplo, en el patio).

Una vez vencido el plazo para la ejecuci¨®n voluntaria de la sentencia, las partes presentes en el procedimiento judicial pueden solicitar su ejecuci¨®n forzosa. La Abogac¨ªa del Estado, que act¨²a en nombre del Ministerio de Educaci¨®n en el proceso judicial, podr¨ªa hacerlo. Pero el Gobierno de Pedro S¨¢nchez ha soslayado ese punto y ha recordado que el cumplimiento corresponde ¡°en exclusiva¡± a la Generalitat. La ley, sin embargo, prev¨¦ que cualquier ¡°persona afectada¡± (sea f¨ªsica o jur¨ªdica) pueda dar el paso siempre que el tribunal considere que tiene legitimidad para ello. Las asociaciones que defienden el uso del castellano en la escuela, como la Asamblea por una Escuela Biling¨¹e (AEB) ya han anunciado que pedir¨¢n la ejecuci¨®n de la sentencia.

Si la Secci¨®n Quinta del TSJC -que dict¨® la resoluci¨®n- considera que esa u otras entidades est¨¢n legitimadas, iniciar¨¢ el proceso de ejecuci¨®n. Y una de las primeras cosas que tendr¨¢ que hacer ser¨¢ preguntar al Departamento de Educaci¨®n si ha cumplido con el contenido de la sentencia. Ser¨¢ entonces cuando el Gobierno catal¨¢n tendr¨¢ que poner en marcha su maquinaria jur¨ªdica. Aunque tambi¨¦n tiene la opci¨®n de anticiparse y presentar un escrito ante el tribunal explicando qu¨¦ est¨¢ haciendo para hacer cumplir la sentencia.