El Govern intenta dar por cumplido el fallo del 25% sin fijar porcentajes

El Gobierno catal¨¢n ha decidido anticiparse y ha informado al Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) de los pasos que est¨¢ dando para responder a la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano. El Departamento de Educaci¨®n de la Generalitat remiti¨® ayer un documento al tribunal en el que sostiene que los cambios legislativos que tiene en marcha ¡ªen particular, la reforma de la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica anunciada esta semana¡ª garantizar¨¢n una presencia suficiente del castellano en la escuela. El Ejecutivo de Pere Aragon¨¨s ¡ªque dice apoyarse en estudios sobre los usos ling¨¹¨ªsticos en las aulas¡ª evita, no obstante, fijar porcentajes. La gran inc¨®gnita es si, pese a eludir la referencia al 25%, los argumentos ser¨¢n suficientes para convencer a los magistrados de que se cumple su resoluci¨®n.

La estrategia del Govern para convencer al TSJC de que no es necesario fijar porcentajes m¨ªnimos de castellano lleva semanas trabaj¨¢ndose. Ayer, coincidiendo con el fin del plazo fijado para ejecutar la sentencia de forma voluntaria, la Generalitat dio un paso adelante. Ante la perspectiva cierta de que las entidades por el biling¨¹ismo solicitar¨¢n al tribunal la ejecuci¨®n forzosa de la sentencia, el Govern de Aragon¨¨s ha preparado una bater¨ªa de argumentos para sortear el 25%.

El Ejecutivo catal¨¢n comunic¨® que la reforma en marcha de la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica, que data de 1998, da normalidad al uso del castellano. Y a?adi¨® que Educaci¨®n ha iniciado los tr¨¢mites para elaborar un decreto del r¨¦gimen ling¨¹¨ªstico del sistema educativo, para el que ha lanzado una consulta previa. Con esas actuaciones, ¡°catal¨¢n y castellano estar¨¢n contempladas en los proyectos ling¨¹¨ªsticos del centro para alcanzar su pleno dominio¡±, indic¨® ayer Educaci¨®n.

No se prev¨¦ en esas reformas legislativas iniciadas, sin embargo, reconocer oficialmente como vehicular (lengua docente) al castellano, a pesar de que sucesivas sentencias del TSJC, el Supremo y el Constitucional han dictaminado que debe serlo.

El Govern tambi¨¦n ha fortalecido el frente acad¨¦mico: ha encargado a la Universitat de Barcelona un estudio sobre usos ling¨¹¨ªsticos en las aulas y aportar¨¢ un reciente informe del s¨ªndic de greuges (Defensor del Pueblo catal¨¢n), Rafael Rib¨®, que subraya que el uso real del castellano en las escuelas (incluyendo el patio) supera ya ampliamente el 25%.

En diciembre de 2020, el TSJC dict¨® la sentencia sobre el castellano, que era especialmente relevante porque extend¨ªa a todo el sistema educativo la obligaci¨®n de impartir al menos un 25% en esa lengua oficial, y que ha hecho tambalearse el sistema de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica vigente en Catalu?a. La Generalitat hab¨ªa aportado al tribunal en aquel momento solo un muestreo sobre la media de horas de castellano en los centros: 18% en primaria, 19% en secundaria y 26% en bachillerato.

El tribunal consider¨® inaceptables los porcentajes, en una sentencia que es muy clara en sus t¨¦rminos: la Generalitat debe asegurarse de que al menos un 25% de las horas lectivas se imparten en castellano. Con un a?adido: adem¨¢s de la clase de lengua castellana, debe haber al menos otra asignatura ¡°troncal¡± que se imparta en ese idioma. Se trata de un porcentaje ¡°m¨ªnimo¡±, por debajo del cual solo cabe hablar de un uso ¡°simb¨®lico¡± o ¡°residual¡±. Menos del 25%, indica la sentencia, supone atentar contra el ordenamiento jur¨ªdico y la Constituci¨®n. A partir de esa cifra, el tribunal da margen de maniobra a la Administraci¨®n ¡°o a los centros docentes¡± para distribuir las horas en funci¨®n del ¡°estado de normalizaci¨®n¡± ling¨¹¨ªstica seg¨²n el lugar de residencia y, tambi¨¦n, de la ¡°incorporaci¨®n de terceras lenguas¡±.

Desde que el pasado noviembre el Tribunal Supremo confirm¨® la sentencia del TSJC, y en enero este tribunal la declar¨® firme, el Gobierno catal¨¢n ha pretendido dar la batalla por la inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica, pero sin arriesgarse a incurrir en una posible desobediencia. La reforma de la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica de 1998 ¡ªun pacto cerrado este jueves entre Junts, ERC, PSC y los comunes aunque ahora se tambalea¡ª supone un paso m¨¢s en esa direcci¨®n. Ni ese texto ni el decreto de Educaci¨®n fijar¨¢n porcentajes para el castellano.

A diferencia del redactado de 1998, el nuevo texto se?ala que, pese a que el catal¨¢n es la lengua vehicular, ¡°tambi¨¦n es utilizado el castellano¡±. El uso lo fijar¨¢n los proyectos ling¨¹¨ªsticos de cada centro, con una premisa: ambas lenguas han de tener ¡°garantizada una presencia adecuada en los curr¨ªculums y en los proyectos educativos de cada centro¡±. Esos proyectos deber¨¢n adaptarse en funci¨®n de la ¡°situaci¨®n socioling¨¹¨ªstica¡± de cada centro.

La sentencia de 2020 instaba a la Generalitat a ¡°adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar en el sistema educativo de Catalu?a un uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales¡±. Esa idea est¨¢ en sinton¨ªa con el planteamiento de la Generalitat. Pero tambi¨¦n es cierto que la sentencia insist¨ªa en marcar, en l¨ªnea con la jurisprudencia, un umbral por debajo del cual la actuaci¨®n de la Generalitat estar¨ªa fuera de la ley: el 25%.

Hace unos d¨ªas, el s¨ªndic de greuges hizo p¨²blico un informe seg¨²n el cual ninguno de los idiomas es ¡°residual¡±: el catal¨¢n se usa durante el 66% de la jornada escolar, y el castellano, durante el 33% restante. Pero el informe ¡ªque est¨¢ basado en una encuesta a m¨¢s de 52.000 alumnos de primaria y ESO¡ª incluye tambi¨¦n el uso de las lenguas fuera del aula (por ejemplo, en el patio).

Ejecuci¨®n compleja

Una vez vencido el plazo para la ejecuci¨®n voluntaria de la sentencia, las partes presentes en el procedimiento judicial pueden solicitar su ejecuci¨®n forzosa. La Abogac¨ªa del Estado, que act¨²a en nombre del Ministerio de Educaci¨®n en el proceso judicial, podr¨ªa hacerlo. Pero el Gobierno de Pedro S¨¢nchez a¨²n no ha aclarado su decisi¨®n. La ley, en todo caso, prev¨¦ que cualquier ¡°persona afectada¡± (sea f¨ªsica o jur¨ªdica) pueda dar el paso de reclamar la ejecuci¨®n forzosa siempre que el tribunal considere que tiene legitimidad para ello. Las asociaciones que defienden el uso del castellano en la escuela, como la Asamblea por una Escuela Biling¨¹e (AEB), ya han anunciado que pedir¨¢n la ejecuci¨®n de la sentencia.

Si la Secci¨®n Quinta del TSJC ¡ªque dict¨® la resoluci¨®n¡ª considera que esa u otras entidades est¨¢n legitimadas, iniciar¨¢ el proceso de ejecuci¨®n. Preguntar¨ªa entonces al Departamento de Educaci¨®n para saber qu¨¦ acciones ha llevado a cabo para cumplir la sentencia. Esa respuesta ya ha sido dada de forma anticipada. Las entidades pueden de todos modos instar a la ejecuci¨®n y corresponder¨¢ al tribunal decidir si se da por satisfecho o no. Expertos en el ¨¢mbito contencioso-administrativo consultados por este diario se?alan que resultar¨¢ dif¨ªcil hacer cumplir una sentencia como la del 25% de castellano, puesto que implicar¨ªa un seguimiento minucioso de la situaci¨®n en las aulas. ¡°El tribunal puede incluso poner multas coercitivas llegado el caso, pero todo es muy complejo. Aunque te digan que aplican el 25%, ?c¨®mo puedes asegurarte de que lo hacen?¡±, se pregunta una magistrada de lo contencioso.