Ada Colau tendr¨¢ que declarar como investigada por presionar y multar a un fondo buitre

La Audiencia de Barcelona ha reabierto una causa contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, despu¨¦s de que el fondo buitre Vauras Investments le acusara de prevaricaci¨®n administrativa y coacciones. La empresa acusa al Ayuntamiento de haberle multado despu¨¦s de negarse a ofrecer un alquiler social a los okupas del bautizado como Bloc Llavors. Este edificio de la calle Lleida de Barcelona fue desalojado por los Mossos en mayo de 2021, en los primeros d¨ªas de Pere Aragon¨¨s al frente de la Generalitat.

La jueza instructora y la fiscal¨ªa no hab¨ªan apreciado indicios de responsabilidad penal en la alcaldesa y el resto de miembros del Consistorio. Pero la Secci¨®n Octava de la Audiencia de Barcelona cree que los hechos, ¡°en caso de ser ciertos¡±, s¨ª podr¨ªan constituir los delitos de coacciones y prevaricaci¨®n. Los magistrados concluyen que debe citarse a declarar, como investigados, tanto a Colau como a los concejales Marc Serra y Luc¨ªa Mart¨ªn, adem¨¢s de una funcionaria del ¨¢rea de vivienda.

En el edificio, propiedad de Vauras, se alojaron en 2020 seis familias. A lo largo de diversas jornadas, los Mossos desalojaron a la totalidad de los okupas tras varios intentos fallidos. El Consistorio, por su parte, opt¨® por multar al fondo buitre alegando, tal y como marcaba la ley catalana de Vivienda, que al tratarse de familias vulnerables el propietario ¨Cque tiene decenas de inmuebles- deb¨ªa ofrecer un alquiler social.

El concejal de Sants Montju?c, Marc Serra -tambi¨¦n imputado en la causa- se defendi¨® la ma?ana de este lunes: ¡°Se nos acusa de aplicar la legislaci¨®n de vivienda que estaba aprobada por el Parlament de Catalu?a y protege el derecho de los vecinos. No pod¨ªamos hacer otra cosa que aplicarla y lo hicimos tanto por convicci¨®n como por obligaci¨®n legal¡±. Serra mantuvo que quien debe dar explicaciones es el fondo de inversi¨®n. ¡°Tenemos diez denuncias como estas que provienen de multinacionales, lobby de ultraderecha y fondos buitres y confiamos que todas ser¨¢n archivadas¡±, advierte Serra.

Por su parte, la concejal de vivienda Lucia Mart¨ªn record¨® que la causa por la que ahora est¨¢ imputada es un ¡°caso clar¨ªsimo de especulaci¨®n inmobiliaria¡±. El fondo es propietario del edificio desde 2017. ¡°Desde el Ayuntamiento comprobamos la situaci¨®n de exclusi¨®n residencial a la que estaban sometidos los vecinos y en enero de 2020 enviamos un requerimiento a la propiedad para que les hicieran una oferta de alquiler social. Ante los incumplimientos continuos iniciamos los expedientes sancionadores que llegaron a ser una multa de 417.000 euros¡±, aleg¨® la concejal. ¡°Estamos convencidas de la actuaci¨®n municipal fue correcta y continuaremos defendiendo la vivienda y defensa contundente de las funcionarias municipales que hacen su trabajo escrupulosamente¡±, asegura Mart¨ªn.

Uno de los pisos del bloque Llavors fue desalojado a principios de mayo de 2021 y marc¨® el inicio de la legislatura de Pere Aragon¨¨s. La CUP hab¨ªa acordado con ERC que para dar su voto a la investidura, los Mossos no pod¨ªan participar en desahucios de personas vulnerables. Los ocupantes de la vivienda ten¨ªan el certificado de vulnerabilidad de los servicios sociales. Varios activistas intentaron evitar el desahucio, entre ellos cuatro diputados de la CUP que acusaron de deslealtad a ERC.

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