El Govern intenta aprobar un decreto ¡®in extremis¡¯ para no aplicar el 25% de castellano en las aulas

El reloj corre demasiado r¨¢pido para los ritmos de la Administraci¨®n. El d¨ªa 31 finaliza el plazo de 15 d¨ªas que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) dio al Departamento de Educaci¨®n de la Generalitat para que env¨ªe las instrucciones a los centros educativos explicando c¨®mo se va a aplicar la sentencia que obliga a impartir al menos el 25% de las clases en castellano en todo el sistema. Y el Govern trabaja in extremis para tener listo, antes de que finalice el plazo, un cambio normativo que d¨¦ respuesta a la sentencia pero evitando aplicar ese porcentaje.

ERC y Junts, los dos socios de Gobierno, ultiman las negociaciones para que la nueva normativa, que tendr¨ªa formato de decreto ley, se pueda aprobar este mismo viernes en un Consejo Ejecutivo extraordinario. Eso permitir¨ªa que el texto entrara en el orden del d¨ªa del pleno del Parlament de la pr¨®xima semana para ser convalidado. Paralelamente, los dos socios negocian un nuevo marco normativo sobre una ley del catal¨¢n para blindar el sistema.

Aunque el decreto todav¨ªa no est¨¢ listo, ambos partidos trabajan sobre la idea de no hacer ning¨²n tipo de menci¨®n al 25%, ya que de forma reiterada el Govern se ha negado a fijar porcentajes en el uso de las lenguas en la escuela (en la actualidad, s¨®lo el catal¨¢n tiene condici¨®n de lengua vehicular o docente). Sostienen, adem¨¢s, que quien debe regular el nivel del uso de las lenguas oficiales en las aulas es la propia Generalitat, no los jueces.

El porcentaje del 25% fue establecido por el TSJC en 2014 (aunque fue en 2020 cuando lo hizo extensivo a todo el sistema) despu¨¦s de que tanto ese tribunal como el Supremo instaran en vano a la Generalitat durante a?os a que asegurara una presencia adecuada del castellano en las aulas.

Otro de los pilares del decreto ley es la protecci¨®n del profesorado. El texto, seg¨²n fuentes de las negociaciones, se?alar¨¢ que los proyectos ling¨¹¨ªsticos de los centros educativos ser¨¢n validados por el Departamento de Educaci¨®n. Con este gesto, sostienen estas fuentes, ser¨ªa la consejer¨ªa que dirige Josep Gonz¨¤lez-Cambray (ERC) la que asumiera la responsabilidad en caso de demandas judiciales, y se evitar¨ªa que los jueces se?alasen a los directores. Adem¨¢s, Educaci¨®n asesorar¨¢ a las direcciones en la elaboraci¨®n de los proyectos ling¨¹¨ªsticos. Actualmente, esos documentos son aprobados por el consejo escolar de cada centro (formado por los docentes y las familias) y se env¨ªan, a t¨ªtulo informativo, a los Servicios Territoriales, que no est¨¢n obligados a revisarlos. Ahora falta por ver si este cambio normativo, junto a la sentencia, implicar¨¢ que las direcciones deban rehacer todos los proyectos ling¨¹¨ªsticos.

El nuevo decreto ley podr¨ªa coincidir en el pleno del Parlament con otra de las normativas con las que los partidos intentan frenar la sentencia. Se trata de la reforma de la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica de 1998, que han pactado ERC, PSC y En Com¨² Podem esperando que Junts, que se hab¨ªa descolgado, vuelva a sumarse en el ¨²ltimo momento. Ese cambio normativo, que tambi¨¦n evita citar el porcentaje del 25%, establece que el castellano ¡°tendr¨¢ garantizada una presencia adecuada en los curr¨ªculums y en los proyectos educativos¡± con el objetivo que los alumnos consigan un pleno dominio de las dos lenguas oficiales.

ERC, PSC y En Com¨² Podem dieron este martes 24 horas a Junts para que se sumara al pacto. Su previsi¨®n era, pasado ese plazo, solicitar una junta de portavoces para incluir en el orden del d¨ªa del pleno de la pr¨®xima semana la reforma de la ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica. El PSC hizo un llamamiento a Junts para que regrese a ese pacto. Pese al ultim¨¢tum, verbalizado por los comunes, ninguno de esos grupos ha presentado en el Registro de la C¨¢mara petici¨®n alguna. Esquerra y Junts est¨¢n negociando una eventual nueva ¡°ley del catal¨¢n¡± como alternativa. Socialistas y comunes se mantienen a la expectativa en aras del consenso. Junts insiste en que no votar¨¢ la reforma de la ley de pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica y apuntan que el decreto-ley del Govern suplir¨¢ las lagunas que atribu¨ªan a esa norma.

A pesar de la inesperada entrada en escena del decreto ley del Govern, el Departamento de Educaci¨®n asegura que sigue adelante la elaboraci¨®n del otro decreto, anunciado hace unas semanas pero que no estar¨¢ listo en todo caso hasta el pr¨®ximo a?o. Cambray no ha dado nunca detalles de esta normativa, aunque s¨ª ha deslizado que deber¨ªa recoger el informe que est¨¢ ultimando el Consejo Asesor Ling¨¹¨ªstico con propuestas para aumentar el uso del catal¨¢n en las aulas.

Dudas por resolver

La inc¨®gnita principal, no obstante, es si todos estos cambios normativos ¨Del decreto ley y la reforma de la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica¨D ser¨¢n suficientes para el tribunal y los jueces dar¨¢n por cumplida la sentencia. Hasta ahora, aunque los cambios estaban ya anunciados, el TSJC ha dicho que eso no era suficiente, y su ¨²ltima decisi¨®n, el pasado 9 de mayo, fue el auto en el que daba hasta el 30 de mayo a la Generalitat para aplicar la sentencia sin m¨¢s dilaci¨®n.

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