La justicia ordena al Govern que ejecute en dos semanas la sentencia del 25% de castellano

La sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de clases en castellano en el sistema educativo en Catalu?a debe cumplirse ya. El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha ordenado al Gobierno catal¨¢n que ejecute la resoluci¨®n de forma ¡°inmediata¡± ¨Den un m¨¢ximo de dos semanas¨D para que sea una realidad en todos los centros educativos. El tribunal ha admitido la petici¨®n de la Asociaci¨®n por una Escuela Biling¨¹e (AEB), que hab¨ªa instado la ejecuci¨®n forzosa de la sentencia al juzgar insuficientes los anuncios de la Generalitat ¨Dcomo la reforma de la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica¨D para acatarla sin necesidad de fijar porcentajes. Los magistrados coinciden en que, por ahora, el Govern de Pere Aragon¨¨s no la ha cumplido.

La resoluci¨®n judicial ha desencadenado una catarata de reacciones. El consejero de Educaci¨®n, Josep Gonz¨¤lez-Cambray, ha avanzado que la Generalitat presentar¨¢ recurso de casaci¨®n ante lo que considera ¡°una aberraci¨®n de los tribunales¡±. Gonz¨¤lez-Cambray, muy cuestionado por la comunidad docente, ha replicado que, por lo pronto, las escuelas no deben introducir cambios en su modelo ling¨¹¨ªstico y afirma que se ¡°dar¨¢ cobertura jur¨ªdica¡± y ¡°asesoramiento¡± a los directores y maestros para que sigan aplicando un modelo ajeno a los ¡°porcentajes¡±. Cambray volvi¨® a cargar contra los tribunales, asegurando que ¡°se est¨¢n extralimitando en sus funciones¡±, especialmente en lo que se refiere a fijar ese pol¨¦mico porcentaje del 25%. ¡°El aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes, va de pedagog¨ªa¡±, resalt¨®. El president Pere Aragon¨¨s reaccion¨® afirmando que el Govern seguir¨¢ ¡°defensando y potenciando la escuela en catal¨¢n¡±. En la misma l¨ªnea que su consejero ratific¨® que se proteger¨¢ ¡°a los directores de los centros educativos del pa¨ªs para defender un modelo que ha demostrado ser pedag¨®gicamente eficaz y socialmente integrador¡±. Por su parte, la consejera de universidades, Gemma Geis, critic¨® el mandato del TSJC y apunt¨® que ¡°los jueces tienen que hacer justicia, no pol¨ªtica¡±. Geis afirm¨® que ¡°el catal¨¢n es objeto de agresi¨®n, no el castellano¡±.

La orden dada por el TSJC ha puesto el foco sobre Junts per Catalunya, que en marzo se descolg¨® s¨²bitamente de un pacto consensuado con Esquerra, PSC y En Com¨² Podem para reformar la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica, un acuerdo que pretend¨ªa dar mayor presencia al castellano en las escuelas de Catalu?a pero que evitaba fijar porcentajes. Este lunes, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, apremi¨® a Junts a aparcar sus ¡°disputas internas¡± y a volver al acuerdo, alegando que es una herramienta ¡°esencial¡± para proteger la inmersi¨®n en la escuela. J¨¦ssica Albiach, presidenta del grupo parlamentario de los Comunes, exigi¨® ¡°activar ya el acuerdo del Parlament para proteger a las escuelas de las injerencias judiciales¡±.

El tribunal da un m¨¢ximo de 15 d¨ªas al consejero de Educaci¨®n para que ¡°dicte las instrucciones y establezca las garant¨ªas de control¡± necesarias de forma que ¡°todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la ense?anza mediante la utilizaci¨®n vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podr¨¢n ser inferiores al 25% en un caso y el otro¡±. La Generalitat, por tanto, puede establecer los porcentajes que desee ¨Drespetando ese l¨ªmite m¨ªnimo¨D tal como marca la Constituci¨®n y como recuerda la resoluci¨®n dictada este mismo lunes. El escrito a?ade que el Govern debe incluir al menos una asignatura o materia troncal en castellano.

Para garantizar que se cumple lo ordenado, los magistrados han establecido medidas de control. El Departamento de Educaci¨®n deber¨¢ informarles sobre el grado de cumplimiento de las medidas que impulse. Pero, adem¨¢s, la Alta Inspecci¨®n Educativa, dependiente del Estado, ha sido comisionada para que ¡°verifique el cumplimiento¡± de la sentencia en las aulas catalanas.

Este extremo se intuye de dif¨ªcil aplicaci¨®n, ya que seg¨²n el Ministerio de Educaci¨®n, ¡°la Alta Inspecci¨®n del Estado no puede entrar en los colegios porque no tiene competencia¡± y, adem¨¢s, en Catalu?a solo hay dos inspectores de este cuerpo. En este sentido, fuentes ministeriales aclaran que las funciones de la Alta Inspecci¨®n se limitan a ¡°comprobar que la normativa b¨¢sica estatal se aplica en las comunidades¡± y que ¡°la normativa que aprueben las autonom¨ªas est¨¦ acorde con la estatal¡±. Asimismo, estas mismas fuentes aseguran que todav¨ªa no han recibido la resoluci¨®n judicial y que pr¨®ximamente har¨¢n llegar al tribunal un escrito ¡°con lo que se puede hacer desde el ministerio¡±.

La resoluci¨®n da cierto margen de maniobra al Govern, siempre que respete esa barrera del 25%. Los jueces recuerdan que la sentencia dictada en diciembre de 2020 ¨Dque el Tribunal Supremo declar¨® firme en enero de este a?o¨D ¡°reconoce la libertad de la Generalitat para determinar, con libertad de apreciaci¨®n, los medios oportunos¡± para garantizar el uso vehicular del castellano y el catal¨¢n. ¡°Lo determinante en la sentencia¡±, especifican los magistrados, ¡°no es el medio, sino el resultado¡±. La condena de hace dos a?os, recuerdan, procede por la ¡°inactividad¡± a la hora de dictar instrucciones o normas para garantizar la ense?anza en ambos idiomas. Y ¡°se limita a determinar el m¨ªnimo constitucionalmente exigible en este ¨¢mbito¡±.

El 25 de marzo expir¨® el plazo de dos meses para que la Generalitat ejecutara la sentencia de forma voluntaria. El Govern present¨® ante el TSJC una bater¨ªa de medidas que, bajo su criterio, garantizaban que se dar¨ªa cumplimiento a la resoluci¨®n. La primera es la reforma de la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica, con consenso pol¨ªtico, para ¡°actualizar la garant¨ªa de consecuci¨®n de las competencias¡± en ambos idiomas por parte de los alumnos, aunque se encuentra encallada en el Parlament por el bloqueo de Junts. La segunda es un nuevo decreto para redise?ar el modelo de escuela catalana, aunque Cambray este lunes continu¨® sin dar m¨¢s detalles sobre el mismo ni poner fecha a su aprobaci¨®n. Y la tercera, la realizaci¨®n de un estudio para conocer el nivel de catal¨¢n de las aulas. ¡°No tenemos suficiente catal¨¢n en las aulas actualmente¡±, terci¨® Cambray, quien asegur¨®, que tras el despliegue de estas nuevas normativas ¡°en los pr¨®ximos a?os habr¨¢ m¨¢s catal¨¢n en las escuelas¡±.

Ninguna de esas medidas han supuesto el cumplimiento del mandato judicial, como dejan muy claro los magistrados en su resoluci¨®n. ¡°Se constata una situaci¨®n de inejecuci¨®n de la sentencia (...) Las iniciativas desplegadas por la Generalitat no tienen un resultado concreto que se proyecte, por ahora, en la actividad de los centros escolares¡±. Recuerdan que, al mencionar un m¨ªnimo del 25%, la sentencia establece una obligaci¨®n ¡°de resultado¡± que ha de ser ¡°efectiva a inmediata¡±. Como se trata de ¡°emitir unas instrucciones de servicio¡±, el tribunal considera que es un tr¨¢mite sin una ¡°particular complejidad¡±. De ah¨ª el escaso margen temporal que ofrece ahora al Govern: un m¨¢ximo de 15 d¨ªas.

La Abogac¨ªa del Estado, la ¨²nica parte presente en el procedimiento, hab¨ªa solicitado al TSJC que no ejecutara de forma forzosa la sentencia hasta que se analizara el ¡°grado de cumplimiento¡± que supon¨ªan las medidas anunciadas por la Generalitat. El ¨®rgano del Estado no se opuso, sin embargo, a la legitimidad de la Asociaci¨®n por una Escuela Biling¨¹e (AEB) para solicitar la ejecuci¨®n forzosa, como as¨ª ha ocurrido. El tribunal rechaza los planteamientos de la Abogac¨ªa y da la raz¨®n a la AEB, que record¨® en su escrito que el consejero Cambray hab¨ªa manifestado p¨²blicamente su intenci¨®n de no acatar la sentencia del 25% de castellano en defensa del modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica en Catalu?a.

El tribunal ha rechazado la legitimidad de unos diputados de Vox en el Parlament que tambi¨¦n instaron la ejecuci¨®n del fallo. La resoluci¨®n cuenta con el voto particular de dos de los cinco magistrados de la Secci¨®n Quinta de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJC. Los dos magistrados ¨DEduard Paricio y Mar¨ªa Fernanda Navarro¨D discrepan sobre asuntos formales (la legitimaci¨®n de padres de alumnos para personarse en el procedimiento) y no sobre el fondo de la cuesti¨®n.

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