El desacuerdo atrasa la respuesta frente a la sentencia del 25% de castellano
ERC y Junts no se ponen de acuerdo en el decreto con el que pretenden ignorar el fallo judicial, y en el Parlament no hay una nueva f¨®rmula que acerque al PSC
El reloj apremia para que se ejecute la sentencia que obliga a impartir en castellano al menos el 25% de las clases en las aulas de Catalu?a, pero la pol¨ªtica va a su ritmo. El desacuerdo tanto en el seno del Govern ¨DERC y Junts quieren aprobar un decreto ley que evite cumplir con la sentencia y d¨¦ amparo a los centros, pero no acaban de cerrarlo¨D como en el Parlament, donde se pretende lograr un pacto de largo espectro, m¨¢s all¨¢ del independentismo, impide vislumbrar el andamiaje legal que prepara la Generalitat. Con ¨¦l, el Govern espera blindar el modelo vigente (en el que la ¨²nica lengua docente es el catal¨¢n), reconociendo mayor presencia al castellano pero sin fijar un porcentaje. La soluci¨®n ha de llegar antes de final de mes y las posiciones siguen encalladas. Estos desacuerdos impidieron ayer aprobar el decreto que la Generalitat quer¨ªa impulsar esta misma semana.
La sentencia del TSJC obliga al Govern a enviar, antes del pr¨®ximo d¨ªa 31, a los centros educativos las instrucciones necesarias para empezar a impartir al menos un 25% de las clases en castellano; es decir, al menos una asignatura troncal en esa lengua, adem¨¢s de la de Lengua Castellana.
La presidenta del Parlament, Laura Borr¨¤s, representante del ala m¨¢s dura de Junts, aprovech¨® este viernes para responder a los llamamientos del presidente de la Generalitat, Pere Aragon¨¨s, de ERC, pidiendo cerrar ya un pacto. ¡°?Intentar buscar una forma de plantarle cara [a la sentencia]? S¨ª. ?Una manera de colaborar? No¡±, dijo Borr¨¤s, criticando que las reformas legales que se est¨¢n negociando no tengan como objetivo la protecci¨®n del catal¨¢n sino ¡°compartir el marco espa?ol¡± de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) que fija la proporci¨®n del 25%.
En las filas de Junts insisten en que es necesario el consenso no solo de los partidos pol¨ªticos sino tambi¨¦n de las entidades que buscan la promoci¨®n del catal¨¢n y el sector educativo. ¡°Queremos el m¨¢ximo consenso; estamos hablando como si Plataforma per la Llengua [entidad defensora de la escolarizaci¨®n exclusivamente en catal¨¢n] quisiera obstaculizar¡±, remach¨® Borr¨¤s, que cree que no puede haber ¡°rebajas¡± en este asunto.
La falta de participaci¨®n de esos actores fue el argumento que Junts utiliz¨® el pasado marzo para descolgarse del acuerdo que hab¨ªa firmado pocas horas antes junto a ERC, En Com¨² Podem y el PSC. La semana pasada, el partido Borr¨¤s y Carles Puigdemont finalmente descart¨® seguir adelante con el texto de reforma de la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica que, sin asumir el porcentaje fijado por la justicia, dejaba en manos de cada centro educativo determinar la proporci¨®n de cada lengua en funci¨®n de su realidad sociocultural (m¨¢s castellano en una zona con mayor arraigo del catal¨¢n, por ejemplo, y viceversa). El nuevo redactado propon¨ªa la ense?anza de las lenguas oficiales y en lenguas oficiales, dando ¡°una presencia adecuada en los curr¨ªculums y en los proyectos educativos de cada centro para garantizar el dominio oral y escrito del catal¨¢n y del castellano al final de la ense?anza obligatoria¡±.
Junts insiste en hacer una nueva propuesta, mientras el Govern trata de ganar tiempo presentando un recurso de reposici¨®n ante el TSJC, para congelar el fallo judicial y no aplicarlo cuando el curso escolar a punto de terminar. ERC intenta hacer de bisagra, consciente de que necesita que tanto el PSC como los comunes no se desmarquen, pues considera vital dar una imagen de gran consenso en su intento de no aplicar la sentencia del 25% de castellano.
Tanto el decreto ley que prepara el Govern como la ley en el Parlament (bien sea la reforma de la ley ling¨¹¨ªstica u otra norma ad hoc) avanzan en paralelo, con un esp¨ªritu que sus promotores califican de ¡°estrategias compartidas¡±. El problema es que para Junts cualquier referencia al castellano como lengua de ense?anza o vehicular es vista como caballo de Troya contra la inmersi¨®n, mientras que los socialistas, aunque creen que fijar porcentajes es poco pedag¨®gico, ven necesario que el texto enmarque la sentencia y le de un reconocimiento efectivo al castellano.
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