Las ocupaciones y la izquierda

El CIS ha decidido categorizar las ocupaciones entre las preocupaciones de la ciudadan¨ªa. El problema es considerado uno de los tres m¨¢s importantes y citado de forma espont¨¢nea por 37 de los 3.713 encuestados, seg¨²n el sondeo. O sea, un 1%. Parad¨®jicamente, gracias a potentes altavoces medi¨¢ticos, publicidad de empresas de seguridad, las ocupaciones logran un lugar de honor en el debate pol¨ªtico-propagand¨ªstico al que no le faltan apologetas. As¨ª, el presidente del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, en su reciente visita a Barcelona ha presentado la capital catalana como centro universal del caos y para¨ªso ¡°okupa¡± al que su partido pondr¨¢ fin. Hace unos d¨ªas, Alfonso L. Congostrina contaba en estas p¨¢ginas c¨®mo los ind¨®mitos regidores independentistas de Junts per Catalunya, que gobiernan Premi¨¤ de Dalt (Maresme) en comandita con los socialistas ¡°represores¡±, contrataban a una empresa pr¨®xima a Vox para echar a ¡°las mafias¡± de los pisos de la localidad donde no hay ni una sola casa ocupada. Luego dieron marcha atr¨¢s.

A esta batalla de potentes argumentos, se sum¨® el alcalde socialista de Badalona, al anunciar a bombo y platillo la entrada en funcionamiento un cuerpo policial especial de una veintena de agentes para agilizar los desahucios. Casi simult¨¢neamente, el l¨ªder de la oposici¨®n en la localidad, el popular Xavier Garc¨ªa Albiol, afirmaba que, de ganar las elecciones, crear¨ªa una concejal¨ªa para echar a los ¡°okupas¡± a las tinieblas exteriores.

Con las municipales a la vista, el PSOE tambi¨¦n participa en ese concurso de m¨¦ritos populistas ultimando una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para forzar en 48 horas el desalojo de quienes protagonicen tanto un allanamiento de morada (primera y/o segunda residencia, lo que en la pr¨¢ctica ya sucede en la actualidad) como la usurpaci¨®n (vivienda desocupada, generalmente perteneciente a un gran tenedor), caso ¨¦ste de muchas familias a las que la crisis ha llevado a ocupar su propia casa.

As¨ª est¨¢n las cosas en un pa¨ªs en el que suceden y se multiplican casos como el de Leyla, su marido y su hijo de dos a?os. El pr¨®ximo 7 de noviembre ser¨¢n desalojados por un gran tenedor de la que ha sido su vivienda desde 2017 en la calle de Enric Granados de Badalona. La pandemia dej¨® sin trabajo a la pareja. En 2021 y al carecer de ingresos, dejaron de pagar el alquiler. En diciembre de aquel a?o, Leyla consigui¨® la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa. Intent¨® ponerse en contacto con la propiedad para saldar la deuda. Pero obtuvo la callada por respuesta. El gran tenedor ha forzado el lanzamiento.

A pesar de moratorias pand¨¦micas e intentos fallidos de limitar precios del alquiler ¨Ccomo la ley catalana 1/2022, anulada por el Constitucional¨C , en Espa?a alrededor de 400.000 familias han sido expulsadas de sus viviendas por bancos o fondos de inversi¨®n desde 2008. Durante el primer semestre de este a?o se ha superado el promedio de lanzamientos de los a?os 2017-2020. Catalu?a encabeza este ranking. En el segundo trimestre de este a?o, registr¨® el 22,3% del total de los desahucios de toda Espa?a. Muy pocos se refieren a ese drama existencial en un pa¨ªs que con la crisis financiera ¨Cculpable en buena medida de la escalada de desahucios¨C los ciudadanos han enterrado sin condiciones 73.000 millones de euros.

Urgen medidas y un discurso com¨²n, exigible sobre todo a la izquierda. Mientras en Santa Coloma de Gramenet ¨CPSC¨C o Barcelona ¨Ccomunes¨C los equipos de gobierno procuran hallar soluciones habitacionales al drama de los desahucios forzando alquileres sociales, en otros municipios, como Badalona ¨CPSC, ERC, comunes y JxCat¨C, el consistorio ni est¨¢ ni se le espera.

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