Catalu?a aprueba con limitaciones una ley para agilizar los desahucios de okupas conflictivos

El Parlament ha aprobado este mi¨¦rcoles una nueva ley que permitir¨¢ a los Ayuntamientos actuar ante ocupaciones de pisos de grandes propietarios que generan problemas de convivencia vecinal. La norma, propuesta inicialmente por Junts per Catalunya, retoca la ley de vivienda de 2007 y el libro quinto del C¨®digo Civil catal¨¢n para crear el instrumento mediante el cual la Administraci¨®n puede actuar ante la justicia si el due?o del inmueble afectado no lo hace. Se trata, sin embargo, de un texto descafeinado si se compara con el original, que buscaba que las comunidades de propietarios pudieran tambi¨¦n iniciar ese tipo de procedimientos. La normativa, que recibi¨® el s¨ª de 102 diputados (Junts, ERC, PSC, Ciudadanos y Vox), tambi¨¦n establece que, una vez la justicia avale el desalojo, el piso sea cedido por siete a?os para uso social. Los comunes y la CUP han votado en contra de una ley que consideran que genera ¡°estigma y conflictividad¡±.

La idea sobre esta ley la hab¨ªa lanzado la exconsejera de Justicia, Lourdes Cuir¨®, antes de que el a?o pasado se rompiera la coalici¨®n entre Junts y ERC. Su mero anuncio gener¨® gran pol¨¦mica, pues fue le¨ªdo por las fuerzas de izquierdas como un movimiento electoralista de cara a generar alarma social por las ocupaciones. El texto ha cambiado radicalmente en el tr¨¢mite, que ha ido por la v¨ªa r¨¢pida. La propuesta inicial pretend¨ªa modificar el C¨®digo Civil catal¨¢n para legitimar a las comunidades de propietarios para recurrir ante la justicia si un gran tenedor se inhib¨ªa ante el deber de poner fin a una ocupaci¨®n ¡°conflictiva¡±. ERC ha logrado transaccionar ese extremo para que sean exclusivamente las Administraciones -se entiende que de manera preferente los Ayuntamientos- los que han de comenzar ese procedimiento tras las acreditaciones pertinentes (informes policiales, por ejemplo). Aqu¨ª las comunidades de propietarios si pueden elevar su queja al Consistorio. Un gran tenedor es la persona f¨ªsica que tenga m¨¢s de 15 inmuebles o la jur¨ªdica que tenga m¨¢s de diez.

La posibilidad de que fueran las comunidades de propietarios las que pudieran actuar dejaba un gran margen de discrecionalidad. El texto inicial defend¨ªa buscar dotar a los vecinos de una herramienta para luchar contra la ¡°alteraci¨®n de la convivencia, del orden p¨²blico o pone en peligro la seguridad o la integridad del inmueble [por ejemplo, pinchar la luz]¡±. En las transacciones se ha incluido la expresi¨®n ¡°alteraci¨®n grave¡± y Junts ha recordado que hay jurisprudencia que permite encajar los supuestos, acotando as¨ª la interpretaci¨®n. ¡°No es una ley contra los ocupas, es una ley contra los grandes tenedores que no act¨²an ante ocupaciones que le est¨¢n haciendo la vida imposible a los vecinos¡±, ha justificado la diputada de Junts Marta Madrenas.

Ciudadanos, quue transaccion¨® parte del texto con Junts y el PSC, ha criticado que haga una ¡°expropiaci¨®n¡± a los grandes tenedores una vez se complete el proceso. La ley fija que, por un periodo de siete a?os, el Ayuntamiento o Administraci¨®n correspondiente podr¨¢ darle en ese tiempo un uso social a la vivienda permitiendo, por ejemplo, aumentar la bolsa de pisos de emergencia. ¡°Son m¨¢s duros con los propietarios negligentes que con los ocupas. Porque la ocupaci¨®n es un delito¡±, ha dicho la diputada de Ciudadanos Anna Grau.

Susana Segovia, que ha intervenido por los comunes, ha criticado el cariz ¡°electoralista¡± de la propuesta y ha dicho que en 2022 se han reducido un 22% de las ocupaciones en la capital catalana si se compara con el ejercicio anterior. ¡°Esa norma genera estigma y conflictividad¡±, ha agregado, afe¨¢ndole a Junts que no haya avanzado en la pol¨ªtica de vivienda cuando estaba en el Govern. Para la anticapitalista Montserrat Vinyets, el articulado criminaliza a las personas que ocupan al dar a entender que ¡°quien ocupa sin titulo ya es un problema de convivencia¡±.

El colectivo de agentes de la propiedad inmobiliaria de Catalu?a (API) ha celebrado la aprobaci¨®n aunque ha lamentado ¡°la falta de valent¨ªa¡± de no permitir que las comunidades de propietarios puedan actuar directamente ante los juzgados. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha advertido que vigilar¨¢ que ning¨²n Ayuntamiento haga un uso ¡°electoralista¡± del mecanismo y que se pondr¨¢ a cualquier ¡°desalojo injusto¡±.

Defensa del pacto parlamentario

En la sesi¨®n de control al president, el republicano Pere Aragon¨¨s, y el jefe de las filas del PSC, Salvador Illa, han salido a defender su pacto presupuestario ante los ataques de la oposici¨®n. El popular Alejando Ferm¨¢ndez ha acusado al jefe del Govern de ¡°mentir¡± a la ciudadan¨ªa al decir en campa?a que jam¨¢s pactar¨ªa con los socialistas. Desde las filas de Ciudadanos, Carlos Carrizosa ha asegurado: ¡°Qu¨¦ tranquilidad debe sentir, se?or Aragon¨¨s, sabiendo que los complejos del PSC frente al nacionalismo siempre le acaban sacando las casta?as del fuego¡±. Albert Batet (Junts) ha pedido, sin ¨¦xito, que el president compareciera ante la C¨¢mara para explicar los frutos de la mesa de di¨¢logo con el Gobierno central.

Aragon¨¨s ha restado importancia a su pacto con el PSC y con los comunes y ha puesto como ¨²nico objetivo de su mandato lograr la mejora de vida de los catalanes. ¡°Para eso, llevaremos a cabo todos los acuerdos a nuestro alcance¡±, ha dicho el president. El republicano tambi¨¦n ha asegurado a la l¨ªder de En Com¨² Podem, J¨¦ssica Albiach, que ya se tiene la maquinaria lista para poder a ejecutar las partidas una vez se aprueben los Presupuestos, previsiblemente a mitad de marzo. Aunque Aragon¨¨s e Illa han coincidido en defender su alianza, el president ha corregido al socialista al asegurar que las cuentas van en la l¨ªnea del plan de Gobierno republicano. Illa, en su comparecencia, hab¨ªa asegurado que gracias a su partido el Ejecutivo ¡°se pon¨ªa en marcha¡±.

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