El PSOE propone un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para desalojar okupas en 48 horas
Unidas Podemos rechaza la medida y destaca que lo ¡°importante¡± es ¡°frenar el precio de la vivienda, no asumir la agenda de la derecha¡±
El PSOE registr¨® el 14 de septiembre una enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prev¨¦ el desalojo de okupas en un tiempo m¨¢ximo de dos d¨ªas. ¡°El juez podr¨¢ acordar motivadamente el desalojo en el plazo m¨¢ximo de 48 horas desde la petici¨®n a instancia de parte leg¨ªtima o desde la remisi¨®n del atestado policial, sin necesidad de la prestaci¨®n de cauci¨®n, si los ocupantes del inmueble no exhibieran en dicho plazo el t¨ªtulo jur¨ªdico que legitime la permanencia en el inmueble¡±, indica la enmienda socialista. El PSOE promueve esta modificaci¨®n sin el apoyo de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, y despu¨¦s de votar en contra de propuestas parecidas de otros grupos, como la del PP en febrero de 2021 ¡ªjunto a otras medidas dirigidas a castigar la okupaci¨®n¡ª.
La enmienda prev¨¦ que las administraciones p¨²blicas aseguren ¡°soluciones residenciales¡± a los okupas ¡°en situaci¨®n de claro desamparo, como menores o personas con discapacidad¡± antes del desalojo. Ante estos casos ¡°se deber¨¢ poner en conocimiento de los Servicios Sociales, a fin de que adopten las medidas oportunas para su protecci¨®n¡±, indica el texto socialista.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi L¨®pez, ha dicho este mi¨¦rcoles que esta medida ¡°agiliza mucho los tr¨¢mites de estas cuestiones¡±. ¡°Creo que da respuesta a una cuesti¨®n que nos estaba plantando mucha gente, ayuntamientos y alcaldes, sobre okupaciones de algunas viviendas, y por supuesto no tiene nada que ver con los desahucios. Esto es solo para los allanamientos y la okupaci¨®n ilegal de viviendas. Hemos hablado con expertos, con gente afectada, con instituciones que nos expresaban su preocupaci¨®n¡±, ha a?adido. Ante la pregunta sobre por qu¨¦ esta problem¨¢tica se articula en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en vez de en la Ley de Vivienda (en proceso de tramitaci¨®n), L¨®pez ha dicho: ¡±Hemos visto que en esta ley nos encajaba para poder hacerlo cuanto antes¡±.
Poco despu¨¦s, el diputado de Unidas Podemos Rafael Mayoral ha cargado contundentemente contra la propuesta: ¡°Esta enmienda est¨¢ fuera de lugar. No tiene sentido que en este momento, cuando estamos negociando la Ley de Vivienda, salgan con esto. Que entienda [el PSOE] la mayor¨ªa parlamentaria que sostiene este Gobierno, no est¨¢n gobernando con Mayor Oreja ¡ªexdiputado del PP¡ª¡±. Mayoral ha incidido en que lo ¡°importante¡± es ¡°frenar el precio de la vivienda y no asumir la agenda de la derecha¡±.
En el texto de la enmienda, el PSOE justifica este cambio legislativo aludiendo al derecho europeo: ¡°El Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerda que la demora prolongada de las autoridades p¨²blicas en la ejecuci¨®n del desalojo de los ocupantes ilegales de un inmueble, aun en aquellos casos en los que obedezca a la necesidad de planificar y garantizar la asistencia social a las personas en situaci¨®n de vulnerabilidad, vulnera el derecho del poseedor leg¨ªtimo a un proceso equitativo, as¨ª como, en su caso, el derecho de propiedad. Por ello, es necesario que se pueda solicitar y acordar la medida cautelar de desalojo y restituci¨®n del inmueble en aquellos supuestos en los que se aprecien s¨®lidos indicios de la ejecuci¨®n del delito de allanamiento o usurpaci¨®n¡±.
Allanamiento o usurpaci¨®n
La referencia a un plazo de 48 horas no es balad¨ª. Desde hace a?os se ha instalado la concepci¨®n err¨®nea de que si una okupaci¨®n no se resuelve en dos d¨ªas se imposibilita o dificulta el desalojo. Esto no es cierto: la polic¨ªa puede actuar inmediatamente o pasadas las 48 horas, no hay l¨ªmites temporales en el C¨®digo Penal. ¡°Siempre que lo denunciemos ante la polic¨ªa o un juzgado y acreditemos mediante cualquier documento, ya sea con el DNI, un registro de la propiedad, un contrato de alquiler en vigor, facturas o incluso testigos que esa es nuestra residencia. Da igual que sea la casa de veraneo y solo vayamos una vez al a?o¡±, indicaba en este reportaje el catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad de Pa¨ªs Vasco, Norberto Javier de la Mata Barranco.
Escenarios como el que describe De la Mata, que implican la entrada no autorizada en una primera o segunda residencia, corresponden a un delito de allanamiento de morada y son muy infrecuentes, en opini¨®n de los expertos en la materia. La okupaci¨®n se da habitualmente en pisos vac¨ªos de bancos o grandes tenedores, como fondos de inversi¨®n. Como estas viviendas no son la morada de nadie, el delito es m¨¢s leve, y pasa a ser de usurpaci¨®n. ¡°Aqu¨ª, como no est¨¢ en juego la morada, s¨ª se deben iniciar unos procedimientos judiciales para su desalojo, pero da igual si ha pasado una hora, dos, cuatro d¨ªas o un mes¡±, continuaba De la Mata. ¡°Cuando se trata de un delito de usurpaci¨®n pacifica de bienes e inmuebles ¡ªla traducci¨®n judicial del t¨¦rmino okupaci¨®n¡ª tambi¨¦n existen instrumentos de protecci¨®n en el derecho civil¡±, a?ad¨ªa. Uno de los principales instrumentos es la reforma del C¨®digo Civil que tuvo lugar en 2018 y que permite desalojar en cinco d¨ªas el inmueble si el okupa ¡°no justifica su situaci¨®n posesoria¡±. La enmienda del PSOE acorta esos plazos.
El grupo socialista tambi¨¦n propone que el delito de allanamiento de morada deje de enjuiciarse con jurado para agilizar el proceso. La duraci¨®n del procedimiento por tribunal de jurado, seg¨²n estimaciones medias del Consejo General del Poder Judicial a las que alude el PSOE, es de 21,5 meses (14,3 para la instrucci¨®n y 7,2 para el enjuiciamiento), m¨¢s 2,5 meses en caso de apelaci¨®n. ¡°No existen razones por la materia para mantener el enjuiciamiento de este delito en el jurado, siendo necesario primar la rapidez del enjuiciamiento y agilizar su resoluci¨®n, lo que hace obligado excluir de la competencia del Tribunal del Jurado este delito, que se conocer¨¢ por los Juzgados de lo Penal, con lo que el tiempo medio para su enjuiciamiento se reducir¨¢ a 13,3 meses y el de apelaci¨®n a 1,9 meses¡±, finaliza el Grupo Parlamentario Socialista.
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