PSC y comunes se movilizan para evitar que Borr¨¤s cobre la asignaci¨®n de al menos 496.000 euros como expresidenta del Parlament si es condenada

Pendiente de la sentencia de su juicio por fraccionar facturas, a la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borr¨¤s, se le abre otro frente pol¨ªtico. La ley catalana establece una serie de prerrogativas econ¨®micas para los exl¨ªderes de la C¨¢mara y del Govern y En Com¨² Podem y PSC piden que, si finalmente hay una condena, que la tambi¨¦n l¨ªder de Junts no pueda acceder a ellas. Para ello ser¨ªa necesario cambiar la normativa vigente, que fija una pensi¨®n de jubilaci¨®n vitalicia equivalente al 60% del sueldo (es necesario haber estado al menos dos a?os en el cargo) y una retribuci¨®n temporal del 80% del salario una vez se abandona el cargo. Ambos partidos se?alan a ERC, cuyos votos ser¨ªan necesarios para la reforma, pero los exsocios de Junts dicen que no se mover¨¢n hasta que no llegue la sentencia. Borr¨¤s, antes de ser suspendida en el cargo, cobraba unos 155.000 euros anuales.

El estatus de los expresidentes de la Generalitat lo regulan dos leyes, una de 1988 y una de 2003. A diferencia de los exjefes del Govern, los de la C¨¢mara no tienen derecho a una oficina y personal, pero s¨ª a un sueldo temporal y a una pensi¨®n vitalicia, que despu¨¦s del fallecimiento pasa a sus familiares. Sea cual sea el sentido de la sentencia, Borr¨¤s ya podr¨ªa solicitar el primero (equivalente al 80% del salario fijado para quien ocupa la presidencia del Parlament), pues se concede a cualquier persona que haya ocupado esa responsabilidad. La asignaci¨®n, que se paga de manera mensual, se entrega por el ¡°equivalente a la mitad del tiempo que se ha estado en el cargo y, como m¨ªnimo, por una legislatura¡±. Es decir, aunque haya desempe?ado el cargo a?o y medio, tiene derecho, seg¨²n la ley, a cobrar por todo el mandato y percibir 496.000 euros. El cobro de ambas asignaciones es incompatible con otros salarios.

Para la pensi¨®n vitalicia las condiciones son diferentes y ah¨ª tambi¨¦n habr¨ªa otra derivada jur¨ªdica. Esa ayuda equivale al 60% del sueldo (con el baremo actual ser¨ªan unos 90.000 euros anuales) pero seg¨²n la ley solo se puede acceder a ella si se ha estado m¨¢s de dos a?os en el cargo. Este domingo se cumplen dos a?os de la designaci¨®n de Borr¨¤s como presidenta pero la inc¨®gnita es si pueden contabilizar los nueve meses en que ha estado suspendida. No se le retir¨® el acta y solo se le suspendieron sus funciones, tal y como determina el reglamento de la C¨¢mara en los casos en que se ha abierto juicio oral a alg¨²n diputado por un caso de delitos relacionados por la corrupci¨®n. La l¨ªder de Junts est¨¢ a la espera de que la justicia determine si, cuando presidi¨® la Instituci¨®n de las Letras Catalanas, cometi¨® delitos de prevaricaci¨®n y falsedad por trocear contratos p¨²blicos para beneficiar a un amigo.

Aunque no hay un texto sobre la mesa, la discusi¨®n sobre la posible reforma ha vuelto a reabrir la herida entre los exsocios de Govern y a envenenar la relaci¨®n de los comunes y el PSC con Esquerra. Junts se aferra al sigilo en lo referente al proceso judicial que afronta su presidenta, pero este lunes Josep Rius, portavoz de la formaci¨®n, ha pedido ¡°respeto por la presunci¨®n de inocencia de Borr¨¤s¡±. En las filas de ERC tambi¨¦n esgrimen que sin sentencia no tiene sentido tocar la ley, pues creen que si no se estar¨ªa legislando por un caso espec¨ªfico. ¡°Si hay que tomar decisiones pol¨ªticas al respecto, se tomaran en ese momento [de la sentencia]¡±, ha dicho la portavoz republicana Marta Vilalta, que cree que cualquier previa al veredicto es ¡°pol¨ªtica ficci¨®n¡±. Vilalta s¨ª ha asegurado que quiere negociar con Junts para que la presidencia de la C¨¢mara, si se ha de sustituir finalmente a Borr¨¤s, recaiga en un diputado independentista y ha negado rotundamente que se vaya a apoyar a un candidato socialista. Con todo, Junts y ERC no suman suficiente mayor¨ªa para votar al nuevo presidente o presidenta (65 de 68).

En declaraciones recogidas por RNE, David Cid, portavoz de los comunes en el Parlament, ha puesto de relieve este lunes que las conversaciones que mantiene su partido con el PSC buscan ¡°c¨®mo introducir una excepci¨®n en la Ley de Presidentes para, en el caso de que haya un expresidente del Parlament condenado por un caso de corrupci¨®n, no sea legal que pueda recibir la indemnizaci¨®n¡±. El dinero con que se sufragan las prebendas econ¨®micas de los exl¨ªderes tanto de la C¨¢mara como del Govern salen del Presupuesto de la Generalitat. El PSC tambi¨¦n se muestra partidario de la prudencia a la espera de que se dicte la sentencia de Laura Borr¨¤s, pero s¨ª que ha recalcado que est¨¢ absolutamente en contra de que cualquier persona que haya trabajado en el Parlament tenga privilegios por encima de cualquier ciudadano. ¡°El caso Borras ha abierto el mel¨®n del debate. No se trata de una situaci¨®n o una persona en concreta. El PSC es contrario a los privilegios que generan incomprensi¨®n¡±, afirm¨® Elia Tortolero, portavoz del partido.

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