Catalu?a apuesta por aplicar en septiembre el tope al alquiler de la ley de Vivienda

Es cuesti¨®n de d¨ªas que la Generalitat publique en su diario oficial (DOGC) la memoria definitiva de la aplicaci¨®n en Catalu?a de la Ley por el derecho a la vivienda, una vez atendido el tr¨¢mite de alegaciones. El env¨ªo del documento al Ministerio de Transportes y su posterior resoluci¨®n le permitir¨ªa erigirse en la primera comunidad aut¨®noma en aplicar los topes de precios de alquiler que contiene la norma. En funci¨®n de la diligencia ministerial (la norma ...

Es cuesti¨®n de d¨ªas que la Generalitat publique en su diario oficial (DOGC) la memoria definitiva de la aplicaci¨®n en Catalu?a de la Ley por el derecho a la vivienda, una vez atendido el tr¨¢mite de alegaciones. El env¨ªo del documento al Ministerio de Transportes y su posterior resoluci¨®n le permitir¨ªa erigirse en la primera comunidad aut¨®noma en aplicar los topes de precios de alquiler que contiene la norma. En funci¨®n de la diligencia ministerial (la norma prev¨¦ que para usar un ¨ªndice auton¨®mico, el Ministerio antes tiene que homologarlo), la Generalitat considera que a partir de septiembre 140 municipios que concentran el 80% de la poblaci¨®n catalana podr¨ªan ser considerados mercados residenciales tensionados. Esto tendr¨ªa como consecuencia que en esas zonas de gran presi¨®n empezar¨ªan a funcionar los controles de renta, bas¨¢ndose en el ¨ªndice de precios creado por la Administraci¨®n auton¨®mica. Pero antes es necesaria la convalidaci¨®n de ese sistema, un proceso que la ley estatal no regula y en que, para cumplirse los plazos que maneja la administraci¨®n auton¨®mica, tendr¨ªa que acometer el Gobierno en funciones.

La definici¨®n de las zonas tensionadas que prev¨¦ la norma estatal se basa en dos conceptos, b¨¢sicamente: si el precio de la vivienda supone para sus residentes un gasto superior a un 30% de su renta ¡ªen Barcelona supera el 50%, seg¨²n el Gobierno catal¨¢n¡ª o bien si sus precios del alquiler han subido m¨¢s de tres puntos por encima que el IPC en el ¨²ltimo quinquenio.

El Ejecutivo auton¨®mico se encuentra en la recta final de todo el procedimiento normativo despu¨¦s de cerrar el proceso de enmiendas. Empresas privadas, entidades sin ¨¢nimo de lucro y Administraciones p¨²blicas presentaron en torno a 50 enmiendas para intentar modificar los planes iniciales de la Generalitat. Al final, no obstante, esas alegaciones ¨²nicamente han supuesto dos cambios respecto a los planes iniciales: se rebaja de diez a cinco el n¨²mero inmuebles en una misma zona tensionada que se tiene en cuenta para considerar a un gran propietario (algo que permite hacer la ley de vivienda) y se excluye de esta categor¨ªa a los promotores cuyo objeto sea la promoci¨®n de inmuebles de protecci¨®n social destinados al alquiler.

Las dos modificaciones no son triviales, puesto que ser considerado gran propietario supone la p¨¦rdida de mayor libertad para fijar los precios. Los peque?os propietarios podr¨¢n estipularlos a partir de los anteriores contratos e incluso aumentarlos hasta un 10% en el caso de haber realizado obras de mejora de la vivienda. Esto permite librarse de los ¡°precios de referencia¡± fijados en un ¨ªndice estatal o auton¨®mico y que s¨ª funcionan como tope para los grandes propietarios.

La consellera de Territorio, Ester Capella, ha reconocido este mi¨¦rcoles la posibilidad de que actores relevantes del mercado inmobiliario inicien una batalla legal contra la memoria catalana de la ley. En ese sentido, ha defendido que la Generalitat ¡°defiende el derecho a la vivienda¡± y que espera que los jueces aboguen en sus resoluciones por ¡°esa funci¨®n social¡± cuando tengan que dirimir entre ¡°los intereses de los ciudadanos o los de los propietarios, que tambi¨¦n tienen una funci¨®n social¡±.

No es el ¨²nico obst¨¢culo al que se enfrenta el actual articulado de la ley de vivienda. El Parlamento catal¨¢n votar¨¢ el 1 de septiembre si la lleva al Constitucional con Junts y ERC, que la apoy¨® en el Congreso, decididos a hacerlo al considerar que vulnera las competencias de la Generalitat. As¨ª lo ha determinado el Consejo de Garant¨ªas Estatutarias en un dictamen solicitado por la formaci¨®n comandada por Carles Puigdemont. La cuesti¨®n es si PP, Ciudadanos y Vox, contrarios a la norma, podr¨ªan sumar sus votos a los del independentismo y poner en un brete a la norma.

El dictamen establece que los art¨ªculos 2, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, y las disposiciones transitorias primera y segunda y la s¨¦ptima del apartado final asumen competencias exclusivas de la Generalitat. El punto 18, referente a las zonas tensas de alquiler, eleva la complejidad de poner en vigor la norma. Capella ha restado importancia a ese recurso y ha negado que se trate de una ¡°contradicci¨®n¡±. ¡°Luchamos por todas las competencias de Catalu?a¡±, ha asegurado.

El Gobierno catal¨¢n reivindica todav¨ªa la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Contenci¨®n de Rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, que aprob¨® en 2020 el parlamento auton¨®mico y que ten¨ªa el mismo objetivo de limitaci¨®n de precios que la actual norma estatal. El texto fue anulado por el Tribunal Constitucional al considerar que algunos de sus preceptos supon¨ªan una invasi¨®n de competencias estatales. El ¨ªndice de referencia de precios del alquiler que se puso entonces en marcha es el que reivindica ahora el Ejecutivo como referente. Su funcionamiento durante algo m¨¢s de un a?o ha permitido elaborar diferentes informes sobre sus ventajas y desventajas y la consecuci¨®n de los objetivos. Son mayor¨ªa los que se?alan que no supuso una mejora para la contenci¨®n de los precios del alquiler, al menos en los pisos de peque?as dimensiones.

El Sindicato de Inquilinos de Catalu?a ha apremiado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a publicar ¡°de inmediato¡± el listado de ¨¢reas tensionadas para que la regulaci¨®n de alquileres entre en vigor en Catalu?a. ¡°El precio del alquiler quedar¨¢ regulado en 140 municipios de Catalu?a una vez entre en vigor la regulaci¨®n. Ahora la pelota est¨¢ en el tejado del ministerio y cada d¨ªa que pase sin aplicar la regulaci¨®n los alquileres seguir¨¢n subiendo¡±, ha enfatizado el Sindicato de Inquilinos, que ha subrayado las dificultades de encontrar un piso de alquiler por menos de 800 euros en Barcelona.

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