Los nebulosos l¨ªmites de la amnist¨ªa

Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han dejado meridianamente claro al PSOE que exigir¨¢n la amnist¨ªa para los encausados del proc¨¦s como requisito indispensable para investir a Pedro S¨¢nchez. Los republicanos subrayan que se trata de una ¡°l¨ªnea roja¡±, y el partido de Carles Puigdemont avisa de que nadie malinterprete su apoyo a la socialista Francina Armengol para presidir el Congreso porque la amnist¨ªa sigue siendo una condici¨®n ineludible. Al complejo y controvertido encaje constitucional de la medida se le a?ade otro problema: los partidos independentistas no aclaran a cu¨¢ntas personas podr¨ªa beneficiar y ofrecen lecturas muy dispares. Junts, de entrada, incluye en la relaci¨®n de potenciales beneficiados por la ley de olvido y extinci¨®n de los delitos a Laura Borr¨¤s, presidenta del partido y condenada por corrupci¨®n.

Las dos formaciones y la CUP ya impulsaron en 2021 una proposici¨®n de ley de amnist¨ªa, que no lleg¨® a pasar el corte en la Mesa al alegar los letrados de la C¨¢mara que infring¨ªa el art¨ªculo 62 de la Constituci¨®n que proh¨ªbe los indultos generales. El PSOE se aline¨® entonces con PP y Vox para frenar la tramitaci¨®n del texto, mientras Unidas Podemos la apoy¨®. Junto al refer¨¦ndum, el independentismo siempre ha reivindicado la amnist¨ªa para los cientos de encausados, al sostener que el llamado conflicto catal¨¢n es de naturaleza pol¨ªtica y que debe salir del ¨¢mbito de la justicia.

Al complejo encaje constitucional de la medida, los partidos independentistas discrepan y ofrecen datos vagos sobre el alcance de la misma

El acuerdo firmado entre el PSOE y ERC, que permiti¨® que los republicanos votaran el jueves a favor de la designaci¨®n de Armengol apela, en su tercer punto, a que el Estado se compromete con ¡°el fin de la represi¨®n¡± relacionada con el 1-O contra el independentismo por las ¡°v¨ªas legales necesarias¡±. Patxi L¨®pez, portavoz socialista, aclar¨® tras la sesi¨®n que el documento se refer¨ªa a que sea la pol¨ªtica la que debe resolver los problemas y que no se derive todo a los tribunales. Oriol Junqueras, presidente de ERC, puntualiz¨®, tras intervenir en una conferencia en la Universitat Catalana d¡¯Estiu, en Prada de Conflent, en Francia, que la menci¨®n de las v¨ªas legales necesarias se tiene que traducir por amnist¨ªa.

El debate jur¨ªdico est¨¢ servido porque desde los letrados del Congreso a expertos jur¨ªdicos discrepan sobre si la amnist¨ªa es o no viable. Xavier Arb¨®s, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la UB, la considera ¡°discutible¡± porque anula la atribuci¨®n del poder judicial de juzgar y ejecutar lo juzgado. No tiene dudas sobre ello el independentismo, que recuerda que la Constituci¨®n no la proh¨ªbe. La diferencia entre indulto y amnist¨ªa se basa en que el primero es una medida de gracia del Gobierno a personas condenadas, mientras la segunda es de car¨¢cter general y supone pasar p¨¢gina y olvidar adem¨¢s los antecedentes penales.

La futura negociaci¨®n entre el PSOE y Junts y ERC partir¨¢ de dos inc¨®gnitas: ese controvertido encaje legal y las dudas sobre a cu¨¢ntas personas beneficiar¨ªa la medida entre condenados y procesados. Y tambi¨¦n a quienes. ERC siempre ha negado que el caso de Laura Borr¨¤s tenga nada que ver con el proc¨¦s y lo tacha de corrupci¨®n. Pero Miriam Nogueras, portavoz de Junts, afirm¨® ayer, en una entrevista en la agencia ACN, recogida por Naci¨® Digital, que la ley debe amparar a ¡°todas las personas¡± que durante el proc¨¦s fueron afectadas ¡°por la injusticia espa?ola¡±, incluida Borr¨¤s. La expresidenta del Parlament fue condenada a cuatro a?os y medio de c¨¢rcel por fraccionar contratos, aunque la misma sentencia plante¨® un indulto parcial para evitar que entrara en prisi¨®n.

El recuento de ?mnium arroja que unas 600 personas podr¨ªan beneficiarse

La cifra de afectados, en cualquier caso, es variable. La propia Borr¨¤s avis¨® de que no habr¨¢ investidura si no hay amnist¨ªa para los ¡°4.200¡å encausados. Pero ese dato no cuadra con el que maneja ?mnium, la entidad independentista que hace un a?o comenz¨® a elaborar un detallado mapa digital que busca evaluar la situaci¨®n de las diferentes personas que han tenido problemas judiciales, policiales o administrativos a ra¨ªz del proc¨¦s. La entidad s¨ª alude a 4.230 personas ¡°represaliadas¡± desde 2017, repartidas as¨ª: 1.432 por causas judiciales; 1.689 v¨ªctimas de la ¡°violencia policial¡± y 1.200 del ¡°ahogo econ¨®mico¡± por el Tribunal de Cuentas o destituidos tras la intervenci¨®n de la autonom¨ªa catalana en aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n en 2017. El cap¨ªtulo de las causas judiciales incluye a los l¨ªderes del proc¨¦s indultados parcialmente, que contin¨²an inhabilitados y cuyo caso est¨¢ en los tribunales europeos.

Seg¨²n los datos de ?mnium, de los m¨¢s de 1.400 casos, 700 han sido archivados por falta de pruebas o indicios y 200 ya han sido juzgados con un balance parejo entre condenas y absoluciones. Quedar¨ªan ahora unas 500 personas m¨¢s con causas abiertas pendientes de juicio o de ser procesadas. Por lo tanto, seg¨²n este recuento de la entidad privada, los eventuales beneficiarios de una amnist¨ªa podr¨ªan llegar a ascender a unas 600 personas, la inmensa mayor¨ªa an¨®nimas. Otro detalle no menor a tener en cuenta es que los independentistas en ning¨²n momento aluden a personas encausadas de fuera de sus filas, como los polic¨ªas juzgados por las cargas policiales del 1-O. El debate sobre una amnist¨ªa tambi¨¦n situar¨ªa bajo los focos a estos funcionarios.

¡°Cuando hablamos de una ley de amnist¨ªa pensamos absolutamente en todos los represaliados en la causa general contra el independentismo¡±, dice Teresa Jord¨¤ (ERC)

Esquerra no da cifras, pero en apenas 24 horas ofreci¨® tres lecturas diferentes sobre a qui¨¦nes se deber¨ªa aplicar la amnist¨ªa. Gabriel Rufi¨¢n, portavoz de ERC en el Congreso, la ci?¨® a aquellos encausados que organizaron el 1-O. La Fiscal¨ªa reclama entre seis y siete a?os de c¨¢rcel, respectivamente, para Josep Maria Jov¨¦, presidente del grupo de ERC en el Parlament, y Llu¨ªs Salvad¨®, presidente del Puerto de Barcelona, ambos de la m¨¢xima confianza de Oriol Junqueras. En sus declaraciones en Francia, el l¨ªder de ERC abri¨® el foco y sostuvo que debe beneficiar a todos los casos que comporten prisi¨®n. Varios acusados han sido condenados con a?os de prisi¨®n por atentado a la autoridad, des¨®rdenes p¨²blicos y lesiones. La Fiscal¨ªa ha solicitado muchas veces penas de c¨¢rcel por los altercados en las movilizaciones para celebrar los sucesivos aniversarios del 1-O y contra la sentencia del proc¨¦s, de octubre de 2019.

Teresa Jord¨¤, diputada de ERC, asegura que ya ha hablado con el PSOE de la amnist¨ªa y que conf¨ªa en que salga adelante, al tiempo que alerta de que es una ¡°temeridad¡± dar por sentado que apoyar¨¢n la investidura de S¨¢nchez. Y sube m¨¢s el list¨®n. ¡°Cuando hablamos de una ley de amnist¨ªa¡±, subraya, ¡°pensamos absolutamente en todos los represaliados en la causa general contra el independentismo. Nunca tendr¨ªa que haber pasado. Lo ¨²nico que hicimos fue defender la democracia¡±.

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