La posverdad de amnistiar a 3.000 ¡°represaliados¡±

El independentismo ha crecido con multitud de esl¨®ganes que han calado en el imaginario colectivo en Catalu?a. Son conceptos como ¡°derecho a decidir¡±, un eufemismo de la autodeterminaci¨®n, o ¡°Estado autoritario¡±, una de las coletillas habituales del nacionalismo catal¨¢n para indicar que Espa?a, en su opini¨®n, no es una democracia. Los n¨²meros m¨¢gicos tambi¨¦n han sido recurrentes en su propaganda. La ¨²ltima cifra fetiche son los ¡°3.000 represaliados¡± que la Generalitat pide que el Gobierno amnist¨ªe.

Los n¨²meros del independentismo suelen ser redondos e impactantes: dos millones de personas se manifestaron en las diadas de Catalu?a de 2012 y 2015, seg¨²n los organizadores, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y ?mnium Cultural; la independencia se conseguir¨ªa en 18 meses, promet¨ªan Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la desaparecida Converg¨¨ncia en las elecciones auton¨®micas de 2015; 1.000 heridos, afirma la Generalitat, provocaron los polic¨ªas antidisturbios que el 1 de octubre de 2017 intentaron requisar urnas del refer¨¦ndum ilegal de autodeterminaci¨®n. El nuevo n¨²mero que aparece peri¨®dicamente en boca de los pol¨ªticos independentistas ser¨ªan los ¡°3.000 represaliados¡± por el Estado en m¨¢s de un centenar de causas judiciales. Pero esa cifra no se corresponde con la realidad.

ERC, Junts y la CUP presentaron el pasado marzo una propuesta de ley de amnist¨ªa. El texto, rechazado por la mesa del Congreso, aseguraba: ¡°En noviembre de 2020 hab¨ªa m¨¢s de 2.800 personas que han estado o contin¨²an encausadas por alg¨²n delito que se deriva de la participaci¨®n en actos relacionados con el 9-N [la primera consulta ilegal sobre la independencia, de 2014], el refer¨¦ndum de 2017 o las movilizaciones y protestas ciudadanas de respuesta a la represi¨®n¡±. En la presentaci¨®n de la propuesta de ley, la diputada de ERC Montse Bassa (hermana de la exconsejera condenada en el juicio del proc¨¦s Dolors Bassa) elev¨® a 3.000 los potenciales beneficiarios de la medida de gracia: ¡°La respuesta del Estado espa?ol a un ejercicio de desobediencia civil y pac¨ªfica de m¨¢s de dos millones de personas ha sido muy grave. Nueve personas en prisi¨®n, m¨¢s en el exilio y 3.000 personas perseguidas judicialmente¡±, dijo. El vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigner¨®, coment¨® el pasado junio en TV3 que ¡°la amnist¨ªa ser¨ªa la soluci¨®n negociada para el conjunto de los represaliados¡±. ¡°Quiero recordar que tenemos a m¨¢s de 3.000 personas perseguidas en Catalu?a¡±, afirm¨® Puigner¨®. Se trata adem¨¢s de la propuesta que la Generalitat llevar¨¢ a la mesa de di¨¢logo entre ambos Gobiernos, que se celebrar¨¢ en septiembre, seg¨²n ha dicho en numerosas ocasiones el presidente de la Generalitat, Pere Aragon¨¨s.

Sin causa judicial abierta

Pese a estas palabras, el perd¨®n general que reclaman los independentistas es imposible porque ¡ªseg¨²n el recuento que aporta ?mnium¡ª la mayor¨ªa ser¨ªan ciudadanos sobre los que no recae ninguna condena o causa judicial abierta. Entre los 3.300 ¡°represaliados¡± a amnistiar est¨¢n incluidos: 1.080 personas que seg¨²n la Generalitat sufrieron lesiones durante el 1-0 por la acci¨®n policial (una cifra que est¨¢ en s¨ª misma en discusi¨®n); unos 425 heridos en 2019, tambi¨¦n seg¨²n la Generalitat, por cargas policiales durante las semanas de altercados posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo que conden¨® en octubre de 2019 a los dirigentes del proc¨¦s; y la entidad suma igualmente a la lista a m¨¢s de 700 alcaldes denunciados por su colaboraci¨®n en los preparativos del refer¨¦ndum ilegal, denuncias que no prosperaron.

El n¨²mero de personas condenadas en procesos vinculados a la carrera independentista son 44, seg¨²n ?mnium. Adem¨¢s, indica la entidad, hay seis personas huidas al extranjero para evitar a la justicia espa?ola. La entidad secesionista ¡ªque preside uno de los condenados y posteriormente indultados, Jordi Cuixart¡ª contabiliza tambi¨¦n a m¨¢s de 56 investigados por el Tribunal de Cuentas, a 31 altos cargos del Ejecutivo catal¨¢n vinculados a la organizaci¨®n del 1-O y, sobre todo, sostiene que hay m¨¢s de mil denunciados a ra¨ªz de las manifestaciones de protesta posteriores a la sentencia del Supremo de 2019 que terminaron en actos de vandalismo en la capital catalana y otras poblaciones.

Al margen de la veracidad de estas cifras, ?se puede hablar de ¡°represaliados¡±? Los partidos independentistas no tienen ninguna duda: los 3.300 han visto vulnerados sus derechos fundamentales, incluso aquellos que tienen denuncias por quemar mobiliario urbano, los que ocuparon el aeropuerto de El Prat, la autopista AP-7 o la frontera francesa en La Jonquera. Salvador Illa, presidente del grupo parlamentario del Partit dels Socialistes de Catalunya, manifest¨® el pasado junio que no est¨¢ de acuerdo: ¡°No me gusta que se hable de represaliados. Somos gente adulta, ya sab¨ªan qu¨¦ se hac¨ªan si se saltaban la ley¡±, afirm¨®. Amnist¨ªa Internacional (AI) no quiere valorar si el uso del t¨¦rmino ¡°represaliados¡± es correcto en este caso y si la cifra es precisa. Eduard Mart¨ªnez, responsable de relaciones institucionales de AI en Catalu?a, afirma que ellos se han centrado ¡°¨²nicamente en los casos vinculados al ejercicio pac¨ªfico de los derechos humanos¡±. ¡°Entre otros¡±, dice Mart¨ªnez, ¡°el procesamiento y condena de Jordi S¨¤nchez y Jordi Cuixart por delitos de sedici¨®n, y las v¨ªctimas de uso excesivo de la fuerza en el refer¨¦ndum 1-O y en las manifestaciones postsentencia de octubre de 2019¡±.

Miguel Capuz, antiguo vicepresidente de la Secci¨®n Penal del Colegio de Abogados de Barcelona, niega que se trate de v¨ªctimas de un sistema represivo: ¡°En Espa?a contamos con much¨ªsimos derechos, pero si cortas una carretera, si tiras piedras a la polic¨ªa o impides su acci¨®n, no puedes esperar que no tenga consecuencias¡±, dice. El abogado penalista Marc Molins tampoco est¨¢ de acuerdo con este uso: ¡°El concepto represaliado implica una carga de valor que no comparto. Como represalia se entiende un castigo sin fundamento. Aqu¨ª hay procedimientos judiciales con derechos y en el que impera la presunci¨®n de inocencia¡±.

La cifra de los heridos

Molins considera que la lista de los 3.300 ¡°es demasiado heterog¨¦nea como para que el derecho la pueda valorar de forma un¨ªvoca¡±. Capuz es esc¨¦ptico sobre la cifra, y sobre todo duda de la veracidad de que m¨¢s de mil personas resultaran heridas en la jornada del 1-O. ¡°Por ley, un parte m¨¦dico por agresi¨®n tiene que ser enviado a un juzgado de guardia. Y si aquel d¨ªa los juzgados de guardia hubieran recibido tantos partes, se sabr¨ªa¡±, se?ala. El departamento de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a precisa que solo los diagn¨®sticos con lesiones graves deben transmitirse al juzgado de guardia, y que no pueden realizarse recuentos precisos.

La campa?a de ?mnium a favor de la amnist¨ªa est¨¢ acompa?ada por un manifiesto firmado por 180 personalidades. Carles Campuzano, exl¨ªder en el Congreso de la desaparecida Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) y uno de los firmantes del texto, baraja la posibilidad de que los que plantean que la amnist¨ªa recaiga en personas sin condenas ni causas judiciales abiertas busquen en realidad alg¨²n tipo de reparaci¨®n, moral o material. ¡°Lo importante¡±, defiende Campuzano, ¡°es que es necesaria una ley de amnist¨ªa porque lo sucedido no es un problema de orden p¨²blico sino resultado de un conflicto pol¨ªtico que el Estado quiso judicializar¡±.

Otra de las firmantes, Gemma Ubasart, exl¨ªder de Podemos en Catalu?a y profesora de Ciencia Pol¨ªtica en la Universidad de Girona, opina que el perd¨®n general es necesario, aunque se trate de personas acusadas de vandalismo o de agredir a la polic¨ªa: ¡°Una amnist¨ªa es una decisi¨®n pol¨ªtica, no judicial, para solucionar un conflicto pol¨ªtico. En un contexto de desescalada del conflicto, tambi¨¦n hay que contemplar los delitos de orden p¨²blico que pueden ser inevitables como reacci¨®n a una extralimitaci¨®n judicial y policial¡±, sostiene.

La viabilidad de una ley de amnist¨ªa en el marco constitucional actual genera un intenso debate, incluso en el propio Gobierno: mientras que el PSOE est¨¢ en contra y considera que requerir¨ªa reformar la Ley Fundamental, Podemos defiende que s¨ª es posible. Ubasart cree que una ley de amnist¨ªa puede ser una opci¨®n, pero no la ¨²nica, porque el Gobierno, dice, podr¨ªa encontrar mecanismos de exculpaci¨®n para una lista pormenorizada de posibles beneficiados.