Regular el alquiler, una cuesti¨®n de voluntad pol¨ªtica

El precio medio de una vivienda de alquiler en Barcelona supera ya el salario m¨ªnimo interprofesional. El tercer trimestre ha subido un 12% respecto al a?o anterior y ha alcanzado un nuevo r¨¦cord: 1.123 euros, lo que representa 41,1% del salario medio de la ciudad. En diez a?os, el alquiler medio ha subido un 62,1%, muy por encima de los salarios. Si tenemos en cuenta que el 40% de la poblaci¨®n de Barcelona vive en r¨¦gimen de alquiler, la escalada de precios esa ahora mismo uno de los principales factores de desigualdad en la ciudad, pues impacta de forma desproporcionada sobre las rentas m¨¢s bajas, que han de destinar ya m¨¢s de 50% de sus ingresos a la vivienda. Si tenemos en cuenta que la mitad de los menores de 30 a?os que trabajan perciben salarios inferiores a mil euros, la conclusi¨®n es evidente: o se quedan en casa de los padres, o comparten piso o se marchan de la ciudad.

Las dificultades para acceder a una vivienda y mantenerla se han convertido en un factor de vulnerabilidad extrema para una parte importante de la poblaci¨®n, sin que los poderes p¨²blicos demuestren capacidad para revertir la situaci¨®n. Sorprende que siendo uno de los problemas sociales m¨¢s graves y enquistados, la respuesta de las administraciones sea tan pobre y lenta. Una de las legislaturas m¨¢s audaces a la hora de abordar cuestiones sociales de gran calado, con hitos tan importantes como la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la ley de eutanasia, la regulaci¨®n energ¨¦tica o la subida del salario m¨ªnimo interprofesional, ha arrastrado los pies a la hora de abordar el problema de la vivienda. Los sectores econ¨®micos involucrados han demostrado ser muy poderosos porque hasta el ¨²ltimo momento no se pudo sacar adelante la ley general del derecho a la vivienda que aborda, entre otros asuntos, la regulaci¨®n de los alquileres.

La ley se aprob¨® en abril; estamos en noviembre, y todav¨ªa no se aplica.

La nueva normativa establece que las zonas consideradas tensionadas por un aumento desproporcionado de los precios puedan establecer l¨ªmites al alquiler a partir de unos precios de referencia, a establecer por la propia administraci¨®n. La ciudad de Barcelona, obviamente, lo es, y tambi¨¦n otros 140 municipios de Catalu?a. Existe ya un ¨ªndice de precios de referencia elaborado por la Generalitat mientras estuvo vigente la normativa catalana que ha inspirado la actual ley estatal. ?Por qu¨¦ no se aplica de una vez la nueva regulaci¨®n? Barcelona lo ha pedido, la Generalitat lo ha pedido, pero el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no lo autoriza. El argumento es que espera a tener elaborado el ¨ªndice de referencia para toda Espa?a. Mientras tanto, los alquileres siguen escalando y propiciando un fenomenal trasvase de rentas de las clases medias y bajas hacia quienes detentan la propiedad de los inmuebles, fundamentalmente grandes tenedores y fondos de inversi¨®n.

Todos los expertos abogan por construir vivienda p¨²blica, pero aumentar el parque de vivienda social no es r¨¢pido ni barato. Se necesitan a?os y grandes inversiones para ver resultados. Mientras tanto, aquello que m¨¢s puede incidir en los precios, y por tanto, en la vida de millones de personas, es intervenir sobre los alquileres. La diligencia en aplicar la regulaci¨®n que permite la nueva es la prueba del algod¨®n de la voluntad pol¨ªtica real para afrontar uno de los problemas que m¨¢s malestar genera.

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