El largo brazo judicial de la derecha pol¨ªtica

En la guerra de relatos que ha caracterizado el conflicto catal¨¢n, los soberanistas han atribuido a las decisiones judiciales una intencionalidad pol¨ªtica que serv¨ªa para alimentar su victimismo y deslegitimar cualquier respuesta jur¨ªdica a las vulneraciones de la ley. El independentismo ha abusado de este recurso hasta el extremo de querer presentar como una persecuci¨®n pol¨ªtica el enjuiciamiento de un comportamiento corrupto como falsear contratos para favorecer a un amigo, por el que finalmente fue condenada a cuatro a?os de c¨¢rcel la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borr¨¤s. No todo vale ni todo cuela en la defensa de una causa. Pero cuando el Gobierno delega en los jueces la gesti¨®n de un conflicto pol¨ªtico, como hizo el PP, es muy f¨¢cil que la justicia acabe contaminada, y m¨¢s cuando buena parte de ella ha sido colonizada por el partido que pretende instrumentalizarla.

Todo ello ha conducido a un gran embrollo judicial por la proliferaci¨®n de causas y procedimientos de dudosa justificaci¨®n. Y justo ahora que el PSOE negocia con los partidos independentistas una ley de amnist¨ªa para los hechos relacionados con el proc¨¦s, varias de estas causas irrumpen de nuevo en el escenario pol¨ªtico. Son causas en las que desde el principio hubo sospechas de una interpretaci¨®n extensiva o forzada de la ley, incluso de una actuaci¨®n prospectiva, lo que encajar¨ªa en el patr¨®n de una persecuci¨®n judicial de motivaciones pol¨ªticas. La aparatosa detenci¨®n, con cientos de agentes movilizados, de nueve supuestos activistas de los Comit¨¦s de Defensa de la Rep¨²blica en septiembre de 2019 fue seguida de sospechosas filtraciones policiales en las que se divulgaron fotos de armas que resultaron ser de imitaci¨®n y supuestos materiales para fabricar explosivos que eran meros productos de limpieza. Tras cuatro a?os de instrucci¨®n en la que apenas ha habido nuevas aportaciones y en la que hasta la Guardia Civil ha admitido que no hab¨ªa explosivos, justo ahora que se negocia el per¨ªmetro de la amnist¨ªa, el juez abre juicio oral contra 12 imputados acusados de terrorismo.

Y tampoco parece casualidad que justo ahora, la Guardia Civil haya dado a conocer un informe que se?ala a Marta Rovira, dirigente de ERC que reside en Suiza desde 2018, como cabecilla de las movilizaciones de Tsunami Democr¨¤tic, entre ellas un intento de bloqueo del aeropuerto de El Prat, y que tambi¨¦n podr¨ªa derivar en una acusaci¨®n de terrorismo. Algunos de los imputados est¨¢n tambi¨¦n encausados en el caso Voloh, una amalgama de delitos y hechos en los que se da verosimilitud penal a una rocambolesca operaci¨®n para negociar con el Kremlin la llegada de 10.000 soldados rusos para la defensa de una Catalunya independiente.

Con la distancia que da el paso del tiempo, el seguimiento de estos sumarios adquiere una dimensi¨®n esperp¨¦ntica y los ¨²ltimos movimientos tienen una clara apariencia de oportunismo pol¨ªtico. Pero lo que con mayor claridad refuerza la idea de que la Justicia opera en este caso como el largo brazo de la derecha pol¨ªtica es el intento del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial de emitir un informe contrario a una ley de amnist¨ªa que ni siquiera se ha presentado a¨²n y cuya tramitaci¨®n no requiere que se pronuncie ese ¨®rgano. Tratan de forzar as¨ª un pronunciamiento sobre un asunto pol¨ªtico sobre el que el CGPJ no tiene competencia alguna, y lo hacen juristas nombrados por el PP que llevan cinco a?os caducados en el cargo por la negativa de este partido a facilitar la renovaci¨®n. Cada vez est¨¢ m¨¢s claro de qu¨¦ lado viene el peligro para la democracia.

Puedes seguir a EL PA?S Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aqu¨ª para recibir nuestra newsletter semanal