La rebeli¨®n de alcaldes pone en jaque la primera gran ley para cerrar miles de pisos tur¨ªsticos en Catalu?a

Poner orden al inmenso mercado de pisos tur¨ªsticos en Catalu?a no ser¨¢ tarea f¨¢cil tras m¨¢s de una d¨¦cada de barra libre en numerosos municipios. El Parlamento catal¨¢n votar¨¢ este mi¨¦rcoles el decreto aprobado por el Govern de Pere Aragon¨¨s sobre una nueva regulaci¨®n pionera en Espa?a que prev¨¦ el cierre de miles de pisos. La c¨¢mara afronta la convalidaci¨®n del texto dividida y con dudas de que pueda prosperar. Con una escu¨¢lida mayor¨ªa de 33 diputados sobre 135, el Ejecutivo catal¨¢n est¨¢ en manos del PSC y de Junts, que ven la regulaci¨®n como algo demasiado invasivo para los ayuntamientos. Alcaldes de los dos grupos rechazan la normativa y han presionado para que sea modificada, ya que consideran que no refleja las diferentes realidades que hay en Catalu?a. Pero la postura no es un¨¢nime ni siquiera dentro de los partidos: el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a diferencia de otros ediles socialistas de municipios m¨¢s peque?os y m¨¢s dependientes del turismo, apoya el decreto. La norma, en caso de aprobarse, supondr¨¢ el cierre de 28.000 apartamentos tur¨ªsticos en 47 municipios al fijar un tope de 10 pisos por cada 100 habitantes. ERC, que defiende la regulaci¨®n por el impacto que el alquiler tur¨ªstico tiene sobre el acceso a la vivienda, solo cuenta con el apoyo de los comunes y la CUP. El PP y Vox ya han dicho que votar¨¢n en contra.

Catalu?a se puede convertir en la primera comunidad que aplica una normativa a este tipo de pisos. Pese a que las competencias recaen en comunidades aut¨®nomas y ayuntamientos, el Gobierno central busca f¨®rmulas que ayuden a regularlo y ha creado un grupo de trabajo entre el Ministerio de Industria y Turismo y el de Vivienda y Agenda Urbana. El decreto catal¨¢n, de momento, est¨¢ en el aire y todo apunta a que ERC y el PSC negociar¨¢n hasta el final. Los socialistas son partidarios de que el texto conceda a los ayuntamientos la capacidad de ejecutar o no la norma. Ese complicado equilibrio responde a que no todos comparten criterio. Mientras unos lo rechazan, porque les tocar¨ªa cerrar miles de apartamentos tur¨ªsticos vitales para su econom¨ªa, otros, en cambio, como Collboni, ha anunciado su intenci¨®n de ¡°reducir muy significativamente¡± la oferta, sobre todo en las zonas m¨¢s presionadas, como Ciutat Vella, si se acaba aprobando la nueva regulaci¨®n.

En la capital catalana, adem¨¢s, una grieta legal ha supuesto un coladero de nuevas licencias y el Consistorio tendr¨¢ que autorizar casi 800 nuevos pisos, que se sumar¨¢n a los 9.600 existentes, una cifra que est¨¢ congelada desde 2014. Collboni ha evitado posicionarse p¨²blicamente sobre si apoya o no el decreto, si bien fuentes del Ayuntamiento aseguran que se muestra partidario de reducir considerablemente el n¨²mero de apartamentos en la ciudad, al tiempo que los consistorios deber¨ªan tener competencias en este tipo de normativas, informa Alfonso. L. Congostrina

Los socialistas reprochan que el decreto ¡°se ha hecho sin di¨¢logo ni consenso previo¡±, con una norma que no tiene en cuenta la realidad de cada municipio. Varios alcaldes de sus filas han puesto el grito en el cielo ante la posibilidad de ver menguar uno de sus motores econ¨®micos, que impacta en el ocio, el comercio o la restauraci¨®n. Fuentes del PSC aseguran que est¨¢n a favor de una regulaci¨®n, ¡°pero haci¨¦ndolo bien y escuchando a todos los actores implicados, especialmente los municipios y teniendo en cuenta su realidad, no con una norma gen¨¦rica que regula en base a imposiciones¡±. El PSC aspira a esa regulaci¨®n a la carta y est¨¢ a la expectativa de que ERC se comprometa por escrito. En ese caso, podr¨ªan votar a favor de la convalidaci¨®n y de que el decreto se tramite despu¨¦s como proyecto de ley. La oposici¨®n ha aprobado 33 de los 34 decretos leyes que ha impulsado el Govern. Dos de ellos, el de la sequ¨ªa y otro sobre la funci¨®n p¨²blica, que fue de entrada desestimado, se han tramitado como proyectos de ley.

En Palafrugell, el alcalde, Juli Fern¨¢ndez, reconoce que en su municipio hay un problema con los pisos tur¨ªsticos y que dos semanas antes dict¨® una moratoria de nuevas licencias, pero rechaza la f¨®rmula del decreto: ¡°No tienen consenso, es verdad que la oferta tur¨ªstica de vivienda afecta a los residentes, pero no es el ¨²nico problema, la licencia no debe ser solo para cinco a?os y tendr¨ªamos que hacer un plan de ordenaci¨®n urban¨ªstica municipal, como si no tuvi¨¦ramos otra cosa que hacer¡±.

En Salou, el tambi¨¦n socialista Pere Granados habla de ¡°un ataque a la autonom¨ªa local, y no solo en la costa, tambi¨¦n en municipios de monta?a¡±. ¡°El partido har¨¢ lo que crea, pero se le ha trasladado que el decreto supondr¨ªa un problema¡±. En esta localidad de la Costa Dorada el decreto comportar¨ªa cerrar 6.600 pisos para turistas. Granados considera que el criterio deber¨ªa ser el n¨²mero de turistas, y no la poblaci¨®n, y augura un alud de impugnaciones de los propietarios afectados. Cuando el Govern present¨® su decreto, el alcalde socialista de Castell-Platja d¡¯Aro, Maurici Jim¨¦nez, pidi¨® tambi¨¦n que cada ayuntamiento pueda adaptar el reglamento a su realidad.

En Junts, fuentes del partido enumeran los argumentos de su negativa a apoyar el decreto: no resuelve el problema de la vivienda en Catalu?a, se pone en riesgo la actividad econ¨®mica sin un an¨¢lisis riguroso (no se ha tenido en cuenta al sector tur¨ªstico), se vulnera la autonom¨ªa local para decidir el modelo de cada municipio y crea inseguridad jur¨ªdica. En este ¨²ltimo punto, se cuestiona ¡°la temporalidad y provisionalidad¡± en el ejercicio de una actividad econ¨®mica, la libre competencia, se se?ala que se incluyan 260 municipios con realidades muy distintas en cuanto a los problemas de vivienda (de Begur a Barcelona). Junts defiende la regulaci¨®n del sector, pero considera que ¡°el decreto no es riguroso con los datos y no analiza la afectaci¨®n sobre el acceso a la vivienda ni sobre la repercusi¨®n en el sector tur¨ªstico y econ¨®mico de los municipios¡±. ¡°En definitiva, una nueva medida populista que no dar¨¢ respuesta al problema de la vivienda¡±, zanjan las mismas fuentes.

En las filas de Junts, alcaldes como el de Port de la Selva, Josep Maria Cervera, aseguraban gr¨¢ficamente tras la aprobaci¨®n del Govern y ante una eventual aprobaci¨®n del decreto: ¡°Ya podemos cerrar el pueblo¡±. Su municipio tiene 1.000 habitantes y 500 pisos tur¨ªsticos que deber¨ªan reducirse a 100. El de Pals, Carles Pi, consideraba que ¡°se ha hecho pensando en Barcelona y con una decisi¨®n dr¨¢stica que es una animalada hacerla extensiva, aqu¨ª recibimos todos¡±. En su caso, habr¨ªa que dejar en 110 los 270 pisos tur¨ªsticos.

Apartur augura ¡°miles de recursos contenciosos¡± de propietarios

Mientras, las patronales Federatur (en el conjunto de Catalu?a) y Apartur (en Barcelona) han tachado las palabras del alcalde Collboni de ¡°turismof¨®bicas¡± y presionan a los actores implicados para que el decreto no se apruebe. En Barcelona, han escrito cartas a los responsables de ferias como el Mobile World Congress o el ISE, alertando del d¨¦ficit de plazas para los congresistas que podr¨ªa suponer el decreto y cifran en 50.000 las plazas que se perder¨ªan. Enrique Alc¨¢ntara, presidente de Apartur, augura ¡°miles de recursos contenciosos¡±, solo en Barcelona, si se aprueba el decreto por parte de propietarios reclamando indemnizaciones.

Seg¨²n el texto, a los cinco a?os de su vigencia, todas las licencias de HUT (vivienda de uso tur¨ªstico en sus siglas en catal¨¢n) decaer¨ªan y los propietarios tendr¨ªan que solicitar una nueva, con un proceso de concurso municipal, despu¨¦s de que cada ayuntamiento redacte un plan urban¨ªstico detallando cu¨¢nta, c¨®mo y d¨®nde permite vivienda tur¨ªstica (con la ratio de 10 pisos por cada 100 habitantes). ¡°?Qu¨¦ propietario invertir¨¢ en mejoras de sus apartamentos si sabe que la licencia tiene fin?¡±, se pregunta el presidente de Apartur, que alerta de que la calidad de la oferta podr¨ªa verse afectada.

Alc¨¢ntara tambi¨¦n apunta que, al tratarse de un decreto de medidas urgentes, no se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, sino ante el Tribunal Constitucional. El presidente de Apartur se?ala, adem¨¢s, que la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha cuestionado la proporcionalidad del decreto y que las restricciones ¡°no son id¨®neas o apropiadas para garantizar la consecuci¨®n¡± del objetivo de mejorar el acceso a la vivienda. Otro debate jur¨ªdico es si las actuales licencias, son o no revocables sin indemnizaci¨®n, puesto que algunos expertos detallan que no son licencias (como podr¨ªa ser las de un bar) sino autorizaciones administrativas (como un vado), con unos derechos adquiridos distintos.

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