La lucha de Barcelona contra los pisos tur¨ªsticos ilegales: 30 rastreadores, 27 inspectores y seis letrados
El Ayuntamiento, que acaba de poner una multa r¨¦cord de 420.000 euros, inici¨® en 2016 un plan para cerrar la oferta sin licencia que la ha rebajado de 6.000 apartamentos a ¡°una cifra muy baja¡±
Atasco de turistas con maletas en la acera, ante el n¨²mero 24 de la calle Ample, en el barrio G¨°tic, meollo del turismo en Barcelona. Y vodevil muy parecido en el tercer piso de la finca, donde salen clientes por una puerta, y entran otros por la de al lado. No hay ascensor, y en la escalera otros arrastran el equipaje. Son las 11.00 del mi¨¦rcoles, un d¨ªa despu¨¦s de que el Ayuntamiento de Barcelona anunciara esta semana una multa r¨¦cord de 420.000 euros al due?o del edificio, donde la mayor¨ªa de viviendas son pisos o albergues tur¨ªsticos ilegales. Adem¨¢s de la sanci¨®n, el Ayuntamiento ha iniciado ¨®rdenes de cese de las actividades. Pero, por ahora, la oferta sigue activa y esta semana se anunciaba en portales tur¨ªsticos como Booking o Rumbo. ¡°?En serio que son ilegales? ?Pero podremos entrar? Tenemos la reserva pagada¡±, se alarma Fernando en la calle, reci¨¦n llegado de M¨¦xico con otras dos personas, todos de mediana edad. Una sorpresa que en pocos minutos se llevar¨¢n otros 21 clientes (de Francia, Italia, pa¨ªses del norte de Europa y Asia) cuando este diario les explica el anuncio del consistorio de multar y cerrar los pisos. El caso de la calle Ample, un edificio regio ¡ªescalinata y cuatro plantas de m¨¢s de 500 metros cuadrados¡ª, ilustra lo que cuesta investigar, multar y cerrar los pisos tur¨ªsticos ilegales en Espa?a: el Ayuntamiento ha tardado seis a?os.
Barcelona, con el exalcalde Xavier Trias, ya en 2014 congel¨® la concesi¨®n de nuevas licencias para nuevos pisos tur¨ªsticos legales. Y es tambi¨¦n pionera y lidera la batalla contra la oferta ilegal, que provoca problemas de convivencia, saca vivienda del mercado para los vecinos y dispara los precios. Una tensi¨®n que viven todas las ciudades tur¨ªsticas de Espa?a y contra la que tambi¨¦n luchan, con resultados m¨¢s modestos, otros Ayuntamientos o comunidades.
El plan de choque contra la oferta clandestina en Barcelona comenz¨® en 2016, con la exalcaldesa Ada Colau, y el gobierno de su sucesor (y exsocio), Jaume Collboni, mantiene que ser¨¢ ¡°inflexible y contundente ante propietarios y grupos organizados que hacen negocio con los pisos tur¨ªsticos ilegales¡±. Desde 2016 ¡°con el control proactivo y constante¡±, se?alan fuentes municipales, ¡°se ha pasado de unas 6.000 viviendas tur¨ªsticas a ¡®una cifra muy baja¡¯ gracias a la actividad inspectora y sancionadora¡±. En siete a?os se han analizado casi 70.00 anuncios, se han abierto 22.728 expedientes disciplinarios (puede haber varios por una misma ubicaci¨®n) que han derivado en 9.679 ¨®rdenes de cese y 10.500 expedientes de multas. Adem¨¢s, ¡°se han recuperado para uso de residencia habitual 3.473 pisos donde hab¨ªa actividad tur¨ªstica sin licencia¡±.
Detr¨¢s de estos n¨²meros hay un equipo centralizado de 30 rastreadores de p¨¢ginas web, 27 inspectores que investigan a partir de los portales y a pie de calle, y seis letrados, destacan las mismas fuentes. Detectan cada mes unos 500 anuncios de pisos enteros o habitaciones que se ofrecen a turistas sin licencia. Adem¨¢s de iniciar el procedimiento de sanci¨®n y cierre, requieren a los portales que retiren los anuncios de pisos sin licencia, una petici¨®n que en el caso de Airbnb se tension¨® y Colau lleg¨® multar al portal con 600.000 euros, un caso todav¨ªa judicializado. Antes del plan de choque, de los ilegales se encargaban los distritos, que hac¨ªan lo que pod¨ªan con muchos menos medios, recuerdan en el equipo de inspectores.
Uno de los responsables del equipo explica que la dificultad de cerrar pisos tur¨ªsticos ilegales radica en que la actividad se realiza en una vivienda, un espacio protegido por la ley y en el que est¨¢ permitida la compatibilidad de usos. ¡°Si una discoteca incumple la norma y la cierras, no puede reabrir como otra cosa. En cambio, si precintas un piso tur¨ªstico, puede volver a ser vivienda, porque un domicilio es un derecho constitucionalmente reconocido¡±, ilustra el t¨¦cnico municipal. De hecho, en la oferta ilegal que se ha conseguido cerrar, el Ayuntamiento realiza inspecciones semestrales en los siguientes tres a?os.
El plan de choque, con una primera bater¨ªa de multas de 60.000 euros, espant¨® ¡°a la incre¨ªble cantidad de particulares de Barcelona que alquilaban sus pisos a turistas¡±. Ahora la guerra es otra. Otro nivel. ¡°Los ilegales que quedan son una minor¨ªa de profesionales que se dedican a esto: los gestionan a trav¨¦s de distintas empresas o marcas para despistar, cambian las fotos de los anuncios, los anfitriones¡¡±, explican las mismas fuentes. En el caso de la calle Ample, el propietario (con el que este diario ha intentado contactar sin ¨¦xito), mostraba al Ayuntamiento contratos legales de alquiler y aseguraba que eran los inquilinos quienes realquilaban a vecinos. En el edificio hay pisos tur¨ªsticos cada uno con su cocina, pero tambi¨¦n plantas que son albergues, como la tercera. ¡°Esper¨¢bamos un hotel, no un piso¡±, reconoc¨ªa el mi¨¦rcoles Nadia, una clienta de Sitges (Barcelona) que se aloj¨® con seis amigas de Montpelier.
Blue Hostel o Blue G¨®tico son algunos de los nombres que se pueden encontrar en internet del establecimiento. Y en un comercio pr¨®ximo, los due?os, acostumbrados a atender a clientes que no lo encuentran, porque en la calle no hay ning¨²n cartel, explican que ha tenido otros nombres, como 4 Fun o Serenity. Los turistas muestran un mensaje de su reserva: ¡°La entrada es por una gran puerta. Para entrar llame al interfono 3? 2? o 3? 3?. Una vez dentro del edificio, puede ir directamente a la tercera planta¡±.
¡°La actividad inspectora saca muchos datos y pruebas, pero la tramitaci¨®n es muy compleja. Hemos de hacer expedientes muy completos para demostrarlo todo y que el juez valide nuestra actuaci¨®n, a veces no han aceptado casos que llev¨¢bamos a?os trabajando¡±, indican en el equipo del plan de choque. En cada caso, se abren dos l¨ªneas. Una para detener la actividad, la restituci¨®n: aviso al propietario, ¨®rdenes de cese, hasta lograr precinto y cierre. Y otra, sanciones para que no reincida, que suelen acabar en los juzgados cuando los propietarios son profesionales y tienen abogados que buscan cualquier fallo en el expediente o cuestionan la cuant¨ªa de las multas.
Desde la asociaci¨®n de vecinos del G¨°tic, Mart¨ª Cus¨® subraya que el caso de la calle Ample es conocido de hace a?os y que actuaciones como la de su propietario no son aisladas. En 2016, un estudio mostr¨® que m¨¢s de la mitad de los edificios del barrio ten¨ªa oferta tur¨ªstica. Y destaca otra cuesti¨®n: ¡°Este caso muestra que no solo estamos ante fondos de inversi¨®n de capital internacional, sino de rentistas locales, propietarios de la ciudad que utilizan la vivienda para sacar beneficios y no para su uso social y tienen alfombra roja¡±. Cus¨® explica que a las asambleas de la entidad tras la pandemia ¡°llegaron personas a quienes cobraban 600 euros por una habitaci¨®n en la finca cuando no hab¨ªa turistas en la ciudad, pero que fueron expulsadas de mala manera al recuperarse la normalidad¡±. Aplaude el plan de choque municipal, pero alerta de que estos propietarios pueden pagar cualquier multa y de la ¡°falta de inspectores y la poca celeridad y flexibilidad de las leyes en materia de vivienda¡±. Ahora, recuerda, el gran problema en Barcelona son los alquileres de temporada.
El mi¨¦rcoles, mientras segu¨ªan entrando y saliendo turistas de la puerta de madera del 42 de la calle Ample, Oriol y Lourdes, vecinos casi de la calle, varias generaciones en el barrio G¨°tic, relataban lo que cuesta resistir en el barrio. ¡°De la generaci¨®n de nuestros hijos no queda nadie, no pueden quedarse, y tambi¨¦n personas de nuestra edad se rinden. Son los pisos tur¨ªsticos y todo lo que arrastra: la subida de precios, el comercio de proximidad que desaparece, no se puede ni caminar por las calles m¨¢s conocidas. Es un c¨ªrculo perverso donde todo est¨¢ pensado para los guiris¡±.
Inteligencia artificial en Valencia y l¨ªo jur¨ªdico en Galicia
A otros ritmos e intensidades respecto a Barcelona, otros Ayuntamientos españoles se han arremangado también contra la oferta ilegal de vivienda turística. En Madrid, está vigente un plan aprobado cuando Manuela Carmena era alcaldesa, que dejaba fuera de la legalidad a la inmensa mayoría de los inmuebles porque en la almendra central (dentro de la M-30) es necesaria una entrada independiente desde la calle. Sin embargo, el cumplimiento de esta norma ha sido deficiente y el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha sido tachado de permisivo por las asociaciones de vecinos y la oposición. Su Gobierno se defiende diciendo que las inspecciones son poco efectivas porque el ejercicio de la actividad de viviendas turísticas se oculta. Almeida anunció en octubre una nueva regulación, durante una visita a Madrid del alcalde Collboni. Dijo entonces que la norma estaría lista en tres o cuatro meses, también aseguró que se realiza un “esfuerzo en inspección”, pero el consistorio no respondió esta semana si ha cerrado oferta ilegal. Igual ocurre en Valencia, donde el Ayuntamiento asegura que no podrán disponer de datos hasta pasadas las fiestas. Mientras, explican que tanto en la capital valenciana como en el resto de la comunidad la oferta de pisos turísticos ilegales se controlará con inteligencia artificial. La Conselleria de Innovación y Turismo trabaja en un plan para reforzar el trabajo de los inspectores (solo 11 en toda la región: 4 en Valencia, 4 en Alicante y 3 en Castellón) con la ayuda de algoritmos que rastrearán las webs de alojamientos turísticos. Contrastarán la oferta con el registro oficial y las que no tengan licencia serán sancionadas y cerradas.
En Andalucía, el Gobierno autonómico ha cerrado 384 pisos turísticos ilegales desde 2018, 64 al año, y alega que aprobará “de forma inminente” la nueva ley que regula las viviendas de uso turístico. La Junta avanza que con la nueva norma incrementará el número de inspectores y mejorará los medios tecnológicos para automatizar el cruce de datos con las plataformas y así “perseguir las viviendas clandestinas”. Mientras, Sevilla ha recuperado una mesa bimensual donde se aborda el fenómeno de la oferta clandestina; y Málaga responde que al no ser la inspección competencia de las administraciones municipales, si recoge denuncias las deriva a la Junta. En Santiago de Compostela, el Ayuntamiento estima la oferta ilegal en 900 pisos, pero no facilita la cifra de los que ha cerrado. Mientras, se arrastra una batalla judicial entre el Ayuntamiento y los propietarios de viviendas turísticas que tiene origen en la moratoria que en 2017 impuso el entonces alcalde Martiño Noriega: el consistorio les pedía permiso municipal y el sector respondió que estaban dados de alta en la Xunta. El actual ejecutivo municipal explica que los juzgados están resolviendo los contenciosos a favor del consistorio.
Con informaci¨®n de Fernando Peinado (Madrid), Marta Rojo (Valencia), Javier Mart¨ªn-Arroyo (Sevilla), Nacho S¨¢nchez (M¨¢laga) y Silvia Pontevedra (Santiago).
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