Un centenar de empresas catalanas acude a los juzgados en busca de indemnizaciones por las medidas anticovid

Un hotel de la plaza Reial de Barcelona reclam¨® en octubre de 2021 a la Generalitat una indemnizaci¨®n de da?os y perjuicios por un importe de 511.551 euros. Se basaba en el agujero econ¨®mico que le dejaron las medidas tomadas por la administraci¨®n durante los dos estados de alarma decretados durante la pandemia del covid-19, algunas de ellas tomadas directamente por el Gobierno catal¨¢n. La compa?¨ªa obtuvo respuesta el 18 de julio. Denegada. Aquel mismo d¨ªa la comisi¨®n jur¨ªdica asesora de la Administraci¨®n catalana dio publicidad a los expedientes de otros dos demandantes por la misma cuesti¨®n. Ha sido la misma t¨®nica general en los ¨²ltimos meses. El Govern ha tenido que afrontar la gesti¨®n de 478 expedientes de responsabilidad patrimonial. Tras ver fracasada la v¨ªa administrativa, 105 empresas han optado por seguir el camino por la v¨ªa judicial, seg¨²n datos del Departamento de Presidencia.

Algunos despachos de abogados vieron un fil¨®n en los perjuicios causados por las medidas anticovid de las administraciones y llegaron a crear plataformas para impulsar las reclamaciones. Pero sus reclamaciones parecen haber ca¨ªdo en saco roto. No ha servido de momento su b¨²squeda de amparo en el art¨ªculo 3.2 de la Ley Org¨¢nica del Estado de Alarma, que se?ala: ¡°Quienes como consecuencia de la aplicaci¨®n de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, da?os o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendr¨¢n derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes¡±.

No solo la Generalitat se ha negado a pagar las indemnizaciones solicitadas por las empresas afectadas (en los casos en los que el da?o motivado por los estados de alarma superen los 50.000 euros), sino que una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de octubre daba la se?al de que la v¨ªa de los tribunales ser¨ªa otro golpe a las reivindicaciones empresariales.

¡°Aquella sentencia testigo va a desmontar el conjunto de las reclamaciones¡±, considera Joan Manuel Trayter, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universitat de Girona, que ayud¨® a la patronal Pimec a vestir el argumentario para lanzar una campa?a de petici¨®n de da?os para sus asociados. En su opini¨®n, Espa?a es una anomal¨ªa ante los casos vividos en otros pa¨ªses europeos, donde o bien se pusieron en marcha ambiciosos planes de subvenciones para superar los cierres temporales de negocios o se les dej¨® seguir el camino de la responsabilidad patrimonial para ver compensado el golpe sobre sus cuentas econ¨®micas.

El hotel del G¨°tic se benefici¨® de ayudas (45.268 euros, adem¨¢s de probablemente la ayuda a los expedientes de regulaci¨®n temporal de empleo) a trav¨¦s de tres partidas diferentes, pero la cuant¨ªa se aleja mucho del agujero que, seg¨²n sus peritos, las medidas anticovid dejaron en su recaudaci¨®n. Ya cuando los abogados se pusieron a trabajar en los diferentes casos, los afectados ve¨ªan incierto el ¨¦xito de su reclamaci¨®n, aunque ve¨ªan opci¨®n de ser indemnizados tanto por los costes fijos que tuvieron que seguir sufragando pese a la paralizaci¨®n de sus negocios como el lucro cesante, el dinero que habr¨ªan ingresado si hubieran mantenido la actividad (teniendo en cuenta los tres ¨²ltimos ejercicios de actividad previos al primer estado de alarma). Pero los abogados tem¨ªan que el uso del concepto de fuerza el mayor escudo de las administraciones.

La sentencia del Supremo bas¨® su negativa a la aceptaci¨®n de los recursos empresariales en el hecho de que las medidas gubernamentales no fueron consideradas en ning¨²n caso inconstitucionales y que, en todo caso, fueron necesarias, adecuadas y proporcionadas a la gravedad de la situaci¨®n. Asimismo, estaba avalada por la Ley General de Salud P¨²blica, que excluye indemnizaciones en el caso de medidas adoptadas para preservar la salud p¨²blica. La Generalitat utiliza tanto argumentos del Tribunal Constitucional como del Supremo para desmontar las demandas de responsabilidad patrimonial, que podr¨ªan ser derivadas a los juzgados.

La estad¨ªstica de Presidencia sobre casos de demandas de empresas muestra un total de 478 casos. La mayor parte se han dirigido al Departamento de Salud (319) y a Interior (150), y hay alguna m¨¢s que ha reca¨ªdo sobre Presidencia, Empresa, Territorio y Justicia. El alud de demandas previstas provoc¨® que en 2022 se creara un programa para la tramitaci¨®n y gesti¨®n de los expedientes, una vez se hab¨ªan recibido m¨¢s de dos centenares. Se consideraba que los gabinetes jur¨ªdicos de Interior y Salud ser¨ªan incapaces de digerirlos y se emplaz¨® a contratar 26 personas que se dedicaran en exclusiva a esa tarea. La cuesti¨®n es cu¨¢ndo ser¨¢ capaz la Generalitat de cerrar totalmente la carpeta de la covid. Hace dos a?os se acab¨® el plazo para presentar reclamaciones, pero ni mucho menos todos los expedientes todav¨ªa no est¨¢n cerrados.

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